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Siete años han pasado desde que miles de personas tomaran las calles de Santiago de Chile y las imágenes de las multitudinarias protestas dieran la vuelta al mundo. Lo que comenzó con las evasiones del pago del metro protagonizadas por estudiantes contra el alza del pasaje pronto se convirtió en una expresión masiva del hartazgo por la desigualdad, el encarecimiento de la vida y las deficiencias de los servicios públicos. Entre las demandas también figuraba una nueva Constitución que sustituyera la de 1981, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Las movilizaciones de octubre de 2019 estuvieron marcadas, además, por episodios de violencia y una dura respuesta policial: durante la crisis murieron alrededor de 30 personas y miles resultaron heridas.
Organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, documentaron graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Siete años después, ¿qué ha cambiado en Chile y qué demandas siguen pendientes?
falta de avances y soluciones
"Las causas de base, que son cuestiones más bien socioeconómicas, por así decirlo, siguen estando presente de alguna manera”, dice a DW el politólogo chileno Luis Ruz. El estallido, agrega, "no fue un despertar refundacional por querer cambiar el modelo económico, como tampoco fue solo una expresión de violencia”.
Para Arlette Gay, directora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile, vinculada a la socialdemocracia alemana, el balance también es limitado. La respuesta institucional se concentró en el proceso constituyente: ”Todas las esperanzas de solución del estallido se pusieron en ese proceso constituyente, que lamentablemente fracasó”, afirma.
Gay reconoce algunos avances sociales posteriores al estallido, como la reforma de pensiones, los aumentos del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, considera que estos cambios no fueron el resultado directo de las protestas. ”El debate público se ha centrado además en los episodios de violencia, dejando en segundo plano las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”, critica la experta.
La falta de avances se refleja asimismo en la Justicia. De las más de 3.200 denuncias presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por violaciones de estos derechos durante la crisis social, solo 68 habían terminado en sentencia hasta octubre de 2025. D
os propuestas constitucionales rechazadas
En el plebiscito de 2020, el 78,27 % de los votantes apoyó redactar una nueva Constitución. Sin embargo, las dos propuestas de texto sometidas a votación después fueron rechazadas: en 2022, el 61,86 % votó en contra del texto elaborado por una convención de mayoría progresista; en 2023, el 55,76 % rechazó una segunda propuesta, redactada por un órgano con mayoría conservadora.
Para la analista Gay, los resultados reflejan que quienes salieron a las calles no constituían un bloque político homogéneo. ”Ese pueblo que se movilizó no era un pueblo que buscaba la izquierda, sino que era un pueblo mucho más diverso, mucho más complejo”, sostiene.
Una parte de la ciudadanía buscaba mejoras concretas sin respaldar necesariamente una transformación radical de la sociedad. "Al momento de hacer los cambios reales, la gente busca cosas concretas, y yo diría que, hasta cierto punto, moderadas”, afirma la experta de la FES.
Los dos rechazos dejaron sin resolver el debate constitucional abierto tras las protestas. De ese modo, según Gay, también persiste una "fractura histórica” que se remonta a la dictadura: "No se resolvió con el estallido, no se resolvió con el proceso constituyente, y no ha hecho más que expresarse de manera más rotunda en estos tiempos más polarizados”, lamenta.
Del desencanto con Boric a la decepción con Kast
Las expectativas de transformación de 2019 contrastan con la llegada al poder, este año, del presidente de ultraderecha José Antonio Kast, tras el gobierno de Gabriel Boric, de izquierda. Para Gay, entre los factores que contribuyeron al cambio están la pandemia, el repliegue de la movilización social y el desplazamiento de las prioridades hacia la seguridad y la situación económica. También apunta a la tendencia de propuestas similares en la región.
Por su parte, el experto Ruz cree que el cambio del voto refleja el pragmatismo de una parte importante del electorado, que puede retirar su apoyo cuando un gobierno no cumple con sus expectativas. "Estamos en presencia de electores pragmáticos. Es decir, un elector vota por Boric y, si Boric no fue capaz de cumplir con lo que prometió, o no cumplió con la expectativa que tenía ese votante, ese mismo votante no tiene problema en votar luego por Kast”,
"Hoy en día el problema está concentrado esencialmente en la cuestión económica, en el acceso a empleo, en poder llegar a fin de mes”, afirma Ruz. Y la situación del mercado laboral refleja esa preocupación: en el trimestre de junio a agosto de 2026, la tasa de desocupación alcanzó el 9,6 por ciento, su nivel más alto en más de cinco años, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Las dificultades económicas y las demandas sociales pendientes también influyen en cómo se interpreta el estallido social de 2019. Para Gay, la polarización en torno a las protestas dificulta procesar colectivamente lo ocurrido. "El estallido también se está convirtiendo en un trauma colectivo que no está siendo procesado adecuadamente y que en cualquier momento puede resurgir”, advierte.
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