Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala quedaron para la segunda la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla
Arévalo se ha convertido en la sorpresa de los comicios, ya que los sondeos colocaban en segundo y tercer lugar al diplomático Edmond Mulet y a la exdiputada Zury Ríos, que fueron desplazados hasta el quinto y sexto lugares, respectivamente.
Otro de los indicadores que destacó en primera vuelta el 25 de junio fue el porcentaje de votos nulos, con 17,39% y 6,9% de votos en blanco. El proceso electoral estuvo marcado por las denuncias de fraude luego de la exclusión de tres candidatos populares en las encuestas. Para algunos sectores, el autoritarismo está ahuyentando las inversiones y el empleo digno, mientras la cúpula empresarial confía en que las elecciones son una garantía democrática
¿Quiénes se quedan en un país donde la gente que quiere trabajar y quienes aspiran a mejorar las condiciones se ven forzados al exilio y a migrar? Esa pregunta intriga a la economista Sonia Escobedo en un país donde el 60% de la población vive en condiciones de pobreza y cuya economía se sostiene por las remesas de los migrantes que cada año se van del país en busca de mejores oportunidades, como destacó el diario El País de España.
La Organización Internacional para las Migraciones calcula que 1,4 millones de guatemaltecos han migrado hacia otros países de una población total de más de 17,5 millones. Según encuesta del Centro Duke para el Desarrollo Internacional entre las personas deportadas, en su inmensa mayoría salieron de Guatemala en busca de un empleo que les permita mejorar su situación económica.
Políticos a la justicia
A la falta de trabajo, se suman ahora las amenazas autoritarias que han forzado al exilio a jueces y fiscales que llevaron ante la justicia a políticos, funcionarios y empresarios acusados por corrupción. En los últimos meses, columnistas y periodistas también han tenido que irse. Estos ramalazos autoritarios, que se aceleraron durante el Gobierno actual de Alejandro Giammattei, preocupan a parte del sector empresarial. Temen que, además de seguir forzando a los guatemaltecos al exterior, ahuyente las inversiones.
Rodrigo Salguero, el presidente del Consejo Nacional Empresarial (CNE), un grupo que surgió hace dos años con la visión de generar desarrollo en condiciones de igualdad, considera que no es posible atraer inversiones a un país sin institucionalidad democrática o como sucede ahora, bajo “una confederación de actores e instituciones, muy bien manejadas por el presidente, para anular candidaturas o perseguir a ciudadanos”. Para él, en el país existe una erosión de la libertad de expresión. “Expresarnos es un peligro, porque nos pueden armar un caso y meternos a la cárcel”, agrega.
“La gente ya no solo está migrando por la precarización de la vida, sino quienes trabajan y tienen ingresos ven las desventajas de vivir en un país donde la corrupción se come mis tributos y no me los devuelve con servicios, con obras… y para colmo, pareciera que ya no se puede quejar”, relata la economista Escobedo.
La ausencia de trabajadores calificados también se resiente en el sector agrícola, la principal actividad productiva en Guatemala. “En el campo nos estamos quedando sin personas capacitadas para trabajar en la producción agrícola, porque la mayoría prefiere migrar. La gente está huyendo porque no se garantizan los derechos mínimos para vivir en un país dominado por el autoritarismo”, agrega Salguero.
Gobierno actual
Para cubrir las necesidades básicas de un hogar en Guatemala se necesita de 1.100 dólares al mes, según el costo de la canasta básica estipulado por el Instituto Nacional de Estadística. Pero el salario mínimo mensual ronda los US$425 en la ciudad y diez dólares menos para las actividades agrícolas. Después de un año de aumento generalizado de precios, en 2022 la inflación cerró en 10 por ciento, la más alta en los últimos 14 años.
Una visión distinta tiene la cúpula empresarial, que considera que las elecciones son una prueba de que no existe autoritarismo, un peligro que el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Ignacio Lejárraga, sí que ve en otros países de la región. “El seguro que uno puede tener para que ese tipo de autoritarismos no llegue al país es que exista libertad de que haya un proceso electoral y que se pueda elegir a las personas idóneas”, asegura el líder gremial.
El actual presidente Alejandro Giammattei es un político y médico que ocupa el poder desde el 14 de enero de 2020.
Antes se desempeñócomo director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre 2005 y 2007, además de haber participado de las elecciones generales de 1999 y 2003 como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala y en las elecciones generales de 2007, 2011 y 2015 como candidato presidencial.
Giammattei ha mantenido una posición en favor de la pena de muerte y el uso militar en la seguridad ciudadana, pero durante su gobierno no lo ha implementado; y es contrario al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es considerado conservador y de derecha.
En las elecciones de agosto de 2019, triunfó frente a la candidata Sandra Torres
La represión
Además, en los últimos diez años, las instituciones en Guatemala enjuiciaron a decenas de criminales de cuello blanco, esto provocó que ellos organizaran una contraofensiva brutal cuyo resultado ha supuesto una condena contra José Rubén Zamora, uno de los principales periodistas del país, y prisión contra la fiscal Virginia Laparra, presa de conciencia por Amnistía Internacional, y el exilio de más de un centenar de personas, entre los que se cuentan decenas de operadores de justicia, periodistas y activistas perseguidos por ser considerados incómodos.
El clima represivo que se ha implantado es tal que ha implicado que Guatemala integre, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua –por segundo año consecutivo–, la lista de países del hemisferio que viola los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta criminalización ha sido impulsada por quienes se autodenominan como “derecha”, implantando en el país las mismas tácticas represivas que le achacan a los totalitarismos de izquierda.
Los guatemaltecos regresarán a las urnas el próximo 20 de agosto para votar en segunda vuelta quién será su próximo presidente. La contienda es entre la ex primera dama Sandra Torres y el diputado Bernardo Arévalo. En Panorama Mundial, el experto político Alberto de Aragón analizó la contienda electoral de Guatemala y vaticinó sobre qué puede pasar en el país centroamericano.
En el camino hacia la segunda vuelta se espera que se mueva mucho dinero, redes clientelares, narcotráfico, desinformación y el empuje de todo el crimen organizado contra Bernardo Arévalo. Sin embargo, este imprevisto desenlace electoral le ha dado al país un nuevo aire de esperanza, pues el arrastre de Semilla, que se potenció tras las protestas de 2015, incluyó a jóvenes que impulsaron marchas desde las universidades y que ahora integrarán el Congreso. Una fuerza política que se ha venido organizando y activando, en protestas, colectivos sociales y en liderazgos, y que ha mantenido oposición crítica todos estos años ha encontrado finalmente un lugar donde pueda ser representada. Uno de los ofrecimientos de Arévalo el día de las votaciones fue trabajar con los jueces y fiscales en el exilio para revitalizar la lucha anticorrupción.
La candiata de la derecha y el emprsariado es Sandra Torres, esposa de quien fuera presidente de Guatemala entre 2008 y 2012 Álvaro Colom Caballeros en representación del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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