El Presidente Gabriel Boric presentó este lunes a los expertos que conformarán la nueva Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, impulsada por el Gobierno después de que salieran a la luz presuntas prácticas corruptas en la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), conocido como caso Convenios.
El equipo de especialistas, que tendrá un plazo de 45 días para poder entregar propuestas en torno a cinco objetivos específicos, estará dirigido por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente. Entrevistada por la Radio de la universidad de Chile, Jaraquemada declaró que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que tienen el poder para generar cambios».
En medio de la polémica que ha suscitado la Fundación Democracia Viva, producto de la firma de millonarios convenios con el Ministerio de Vivienda de Antofagasta, la directora de Chile Transparente dijo esperar que el caso marque un punto de inflexión respecto al tratamiento que tienen los hechos de corrupción en el país.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada vio con buenos ojos la opción de avanzar en mejores políticas de probidad y transparencia en el Parlamento para enfrentar el mal uso de recursos públicos y que, en esta ocasión, tiene bajo la lupa a militantes de Revolución Democrática, cercanos a la diputada Catalina Pérez.
“Creo que de las crisis siempre hay que tratar de tomar oportunidades y, en el fondo, no es sólo importante investigar posibles irregularidades y sancionarlas, sino que también hay que generar los cambios institucionales que se requieran para que estos casos no vuelvan a repetirse. Muchas veces estos casos nos demuestran dónde hay debilidades y, por lo tanto, creo que la solución correcta es una estrategia complementaria. Así que esperemos que de esta crisis se pueda fortalecer nuestra institucionalidad”, reforzó Jaraquemada.
Agregó que “Chile es un país que dentro de la región y para los estándares internacionales tiene una bastante buena evaluación en la lucha contra la corrupción, pero esa lucha tiene que ser permanente. La corrupción es dinámica, va cambiando y va aprovechando los espacios que tenga. Entonces, creo que tenemos que estar también constantemente actualizando nuestra normativa y perfeccionando nuestra institucionalidad porque, si nos dejamos estar, ocurren este tipo de situaciones”.
El órgano también estará formado por Ramiro Mendoza, excontralor de la República; Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT); la alemana Jeannette Schiess von Wolfersdorff, miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); Francisco Agüero, profesor de Derecho de la Universidad de Chile; e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Los primeros dos objetivos, dijo Boric desde La Moneda, serán «identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado» y «proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades».
Como tercera tarea, el comité deberá «proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos».
En cuarto lugar, el equipo tendrá que «revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses».
Finalmente, los expertos deberán «proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas».
No hay comentarios.:
Publicar un comentario