Por Hugo Latorre Fuenzalida.
Chile está en crisis, eso es innegable. ¿Pero, qué tipo de crisis es la que sufrimos?
Pareciera ser importante dilucidar las características del problema, pues para resolverlo hay que conocer su dimensión, sus áreas duras y sus áreas abordables, como también es necesario saber en qué tiempo se puede actuar, para luego abordar de cómo se hará.
Partamos por el inicio: ¿Es esta una crisis global o sectorial?
Si miramos los acontecimientos últimos, veremos que parte como una crisis del sector estudiantil: los jóvenes desean una educación igualitaria, de calidad y gratuita.
Bueno, puede decir usted, entonces, que se trata de una crisis sectorial y habría que buscarle una solución también sectorial. ¿Pero, es tan sectorial?
Veamos.
Lo que acontece en el sector educación es que se ha producido desde los años 70 a esta parte una privatización acelerada de la educación que antes fue sustancialmente pública. Ello ha implicado que el financiamiento se va cargando fundamentalmente a las espaldas de las familias y no del Estado. Hoy por hoy, más del 50% del gasto en educación lo financian las familias y no el Estado.
Un segundo elemento es que la educación, pasa a ser subsidiada por el Estado, pero quienes son los agentes operativos de la educación pública ahora son empresas privadas de la educación, con derechos y autonomía para lucrar, como es propio de toda empresa privada, pero esta vez con el aporte de recursos públicos.
La educación, que antes estaba regulada desde un ministerio público especializado en educación, ahora ha pasado a ser conducido por municipios que nada o poca saben técnicamente del tema, y los resultados están a la vista: esto es que globalmente la educación ha derivado a una calidad cuestionable.
La formación de los docentes se realizaba, antaño, en institutos pedagógicos universitarios que pertenecían a las universidades públicas y la formación de tal personal docente era bastante formal y sobre estándares de exigencia estrictos. Hoy, la formación docente ha quedado desregulada e instalada en establecimientos privados, con desregulación académica y sin control sobre calidad o estándares de ninguna especie.
El Estado se ha desentendido, por muchas generaciones, del perfeccionamiento del personal docente, a los niveles que viene exigiendo la revolución científica y cultural de la sociedad contemporánea.
Por otra parte, la educación superior ha sufrido un gran cambio estructural, pues de ser anteriormente gratuita, ahora toda ella debe ser pagada. Además, las universidades privadas han incrementado su cobertura hasta llegar a ser responsables de más del 50% de todas las ofertas de carreras.
Estas universidades privadas (también los institutos superiores), si bien no tienen formalmente fines de lucro, se han convertido en instituciones tremendamente lucrativas y, además, atractivas para las inversiones de capital privado, pues se usan como fértiles instancias de anulación tributaria para sectores de altas ganancias, como el financiero y el de salud privada, ya sea a través de las sociedades inmobiliarias o el arrendamiento de las instalaciones hospitalarias como centros académicos.
Las universidades privadas, en vinculación con la banca, ha entrado a facilitar fondos crediticios para el financiamiento del arancel universitario, lo que les proporciona una clientela cautiva sobre rentabilidad superior a las de mercado.
Como podemos ver, la madeja sectorial se va complicando y extiende sus hilos hacia otros sectores de la sociedad: financiero, tributario (economía), salud, familiar, organización del Estado (sector político), etc.
Es una crisis estructural y nacional.
Hay, entonces, varios actores sectoriales que son relevantes en esta crisis nacional. Muchos intereses se cruzan y se enfrentan y debe existir un segmento arbitral en esto, cosa que hasta ahora no se vislumbra.
En el caso de la educación en Chile, el conflicto cuenta con dos actores tremendamente fuertes y con posiciones tremendamente agonales. En consecuencia, la solución no es sectorial, no es fácil y es definitivamente conflictiva, compleja y categórica.
Es muy difícil que un actor pueda doblar la mano al otro en un juego de ping pon, donde la pelota se traslada a distintos ángulos de la mesa, sin vislumbrarse fuerzas mediadoras.
Uno de los actores- el gobierno- ha puesto en su oferta (“toda la carne a la parrilla”), es decir algo así como un incremento del lubricante para el motor: más créditos públicos, rebaja de intereses, más becas y superintendencias de educación superior. Es decir, aumentan el lubricante para que el motor no acuse el ruido social que genera tanto desgaste, pero no ofrecen cambiar el motor, es decir, no aparece el cambio estructural.
Los otros actores- estudiantes- señalan que el motor es el que ya humea y no tiene capacidad para seguir avanzando; que si el vehículo debe continuar, debe ser con motor nuevo (es decir mediante un cambio estructural): educación gratuita, sin lucro y conducida por una nueva estructura responsable desde el Estado.
¿Existe una instancia mediadora legitimada?
No existe. El Congreso ha sido cuestionado, por las experiencias pasadas, que desbarataron con acuerdos cupulares todo el pliego petitorio de los estudiantes (caso Pingüinos); la Iglesia católica- frecuente mediador en otros conflictos- también fue descartada, por los mismos estudiantes, pues es parte interesada desde el ámbito de los privados.
¿Entonces quién queda?
Esa es la gran pregunta, pues los partidos son parte del problema y no de la solución; los rectores también son parte involucrada y con escaso poder arbitral.
Entonces no queda más alto referente que la sociedad misma, es decir el poder soberano: un plebiscito.
Pero resulta que el plebiscito no está contemplado; pero se puede legitimar rápidamente sobre la base de un acuerdo parlamentario o un llamado del Presidente que sea acogido por los partidos y establecer una enmienda constitucional.
Una opción demorada
Gran problema se presenta, pues el gobierno juega al desgaste social y publicitario del movimiento, incluso la pérdida del año escolar y la exaltación mediática de los desmanes, generando un ánimo de retractación de los sectores menos decididos y más timoratos de la comunidad de padres; la policía juega en su despliegue represivo un rol importante, pues magnifica los desmanes y el clima de caos de manera activa y casi cómplice. Para eso tienen a su servicio todo el poder de la prensa y la televisión, más el poder económico del Estado y de los privados que verían con buenos ojos el fracaso de estos “inconformismos subversivos”.
Por su parte, los estudiantes juegan a la estrategia de involucrar cada vez más actores: padres, CUT, ANEF, rectores, e infinidad de organizaciones sociales chilenas y extranjeras. El problema de los estudiantes ya comienza a llamar la atención en el mundo entero. Se extrañan, por allá, que Chile, país presentado como modelo y referencia de éxito y pujanza, de pronto despierte de su sueño exitista y emerja esta rebelión enorme y feroz, encabezada por jóvenes, profesores y padres, instalados en una barricada sólida en lo ideológico e indoblegable en las calles.
Esto plantea para los estrategas una problemática que se hace categórica:
¿Qué hacer entonces?
Los poderes públicos se pueden adelantar a la fórmula plebiscitaria conduciendo a una reforma constitucional acelerada, donde la educación deja de ser efectivamente privada y se transfiere lo público a lo público y lo privado a lo privado (con sus fines de lucro estipulados y pagando sus impuestos) y se instala todo un sistema social de desarrollo de la calidad educativa gratuita y dirigida desde un sistema participativo con suficiente conducción y descentralización (actuando de manera combinada), cosa que es posible y ha sido exitosa en muchas partes del mundo actual.
Eso lleva, indudablemente, a una reforma tributaria, pues “nada es gratuito en esta vida”, como bien ha dicho el presidente Piñera; pero lo que acontece es que el problema no está en la gratuidad o no de la educación sino en quién la financia. Hasta ahora el fuerte lo han llevado las familias y las ganancias se la llevan los empresarios de la educación. De lo que se trata ahora es que la financien los impuestos sacados a las utilidades empresariales y el beneficio lo reciban las familias. Pero, insistimos, nunca es gratis, sólo cambian los que aportan y quienes lo reciben.
¿Quienes obtienen beneficios extraordinarios entre los actores de la economía nacional y tributan por debajo de los estándares mínimos internacionales?
Pues las empresas mineras nacionales y transnacionales, y los del sector bancario. Una reforma tributaria puede partir, entonces por poner en orden (se denomina “normalizar”) una ecuación tributaria anormal, que se da sólo en Chile, y que el país tiene la autorización, incluso de los organismos de vigilancia internacional (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.) para actuar con plena soberanía en estos segmentos de la decisión económica. Otros países lo han hecho y ninguna pena ha recaído sobre ellos.
Chile puede salir de esta crisis. Pero no se resolverá mientras el gobierno no ceda. Sería de una ceguera suicida mantenerse en posturas inconmovibles por parte del segmento de la alta decisión política. Piñera puede dar el salto cualitativo, en la democracia chilena, salto que la Concertación no se molestó en impulsar. Si perseveran en el pensamiento rigidizado, el país permanecerá convulsionado, el gobierno se desgastará hasta la fractura y la política, en su totalidad, será desmantelada y barrida, en el rostro y la forma que hoy se la conoce.
El cambio vino para quedarse; postergarlo es aumentar la presión y acelerar la decadencia de la política y los políticos.
El único imputado, el sargento Miguel Millacura, será puesto a disposición de la Justicia Militar 
