30-5-2014-KRADIARIO- Nº899
Reportaje de Chilevisión:
AL DESCUBIERTO LOS MÉDICOS
TORTURADORES DE PINOCHET
El ex comandante del
Ejército Juan Emilio Cheyre enfrenta una nueva imputación por su participación
en el centro de detención del regimiento “Arica” de La Serena, cuyas
actividades terminaron con el fusilamiento del Dr. Jorge Jordan y de otros 15
representante del gobierno de Allende y militantes de izquierda.
Por Hernán Ávalos Narváez
A más de 40 años del Golpe
de Estado de 1973 el reportaje de televisión “En la Mira” del canal Chilevisión
reveló la noche del miércoles 28 último una arista desconocida de la violación
a los Derechos Humanos en Chile: la colaboración de una treintena de médicos
con la dictadura de Augusto Pinochet, algunos de los cuales fueron procesados o
condenados por los tribunales de justicia, aunque la mayoría goza de impunidad
y en la actualidad aún ejercen la medicina.
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La investigación a cargo del
periodista Alejandro Vega tuvo repercusión inmediata en las agrupaciones de
familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y su representante,
el abogado Cristián Cruz, anunció la presentación de una querella por secuestro
y homicidio en contra del coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego (foto abajo derecha) comandante del
regimiento “Arica” de La Serena, del médico militar Guido Díaz Paci, inculpado
de torturas, como en contra del ex teniente Juan Emilio Cheyre, ayudante Lapostol
y encargado de inteligencia en ese cuartel, quien treinta años después llegaría
a comandar el Ejército, y ya en retiro, dirigir el Servicio Electoral, Servel.
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Lapostol, ex intendente
militar de la Región de Coquimbo, y la patrulla bajo su mando, están condenados
por los homicidios de los miristas Bernardo Ledjerman y María Ávalos, cuando
intentaban cruzar la cordillera por el valle del Elqui. Ernesto, el hijo de la
pareja, por ese entonces un bebé, sobrevivió a los disparos y fue entregado por
Cheyre, quien no tuvo participación en la muerte de sus padres, a las monjas del
Buen Pastor. El médico Díaz Paci (abajo derecha) no ha enfrentado proceso alguno y,
actualmente, trabaja en el departamento de tránsito de la Municipalidad de
Ovalle.
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Pero el testimonio del
médico Víctor Ilabaca, ex director de Salud en la Región de Coquimbo, entregado
a los reporteros en su exilio en Guadalajara, Méjico, fue determinante para
fundamentar la acción legal en contra de Lapostol y de quienes resulten
responsables de interrogatorios bajo tormentos
y de la ejecución sumaria de 15 disidentes políticos, entre ellos del
transportista Mario Fernández y del médico comunista del hospital de Ovalle
Jorge Jordan Domic. “Él (Díaz Paci) me mostró emocionado la bala deformada con
que remató a Jordan en la cabeza. Se jactaba de ese crimen”, declaró Ilabaca.
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El médico Julio Muñoz dio
testimonio que su colega Jordan concurrió voluntariamente ante la autoridad militar
que lo requería mediante un bando militar, tal como ocurrió en otras ciudades
del país una vez derrocado el Gobierno de Salvador Allende. “Era un gran
profesional, ingenuo, distinguido, educado. Creía en la buena fe de las
personas”, señaló.
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Hasta ahora las muertes de
estos 15 opositores habían sido atribuidas, exclusivamente, a la Caravana de la
Muerte dirigida por el general (r) Sergio Arellano Stark. Y según el abogado
Cruz, tanto por lo reducido de la comitiva que viajaba en helicópteros UH
(cinco pasajeros y dos pilotos), los testimonios de los sobrevivientes y como
las heridas por “remate de disparo” en el cráneo que presentan los cadáveres,
existen presunciones fundadas de participación como autores, cómplices o
encubridores de miembros de la propia dotación del regimiento “Arica”, donde tuvieron
lugar los fusilamientos.
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Lapostol ha declarado que
fue sobrepasado por la orden que traía
Arellano Stark por instrucciones de Pinochet. No obstante, no puede
negar que fue él quien dirigió los Consejos de Guerra que condenaron a muerte a
este grupo de 15 detenidos; quien dictó las órdenes contra las autoridades
locales para privarlos de libertad e interrogarlos en el regimiento bajo su
mando y quien dispuso enterrar los cuerpos en una fosa sin identificar en el
cementerio de La Serena. Hasta ahora Cheyre aparece actuando, sólo como su
ayudante, encargado de la estadística de detenidos en el cuartel y de entregar
información a sus familiares.
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Los testimonios que inculpan
al médico Díaz Paci entregado por el reportaje de la señal Chilevisión resultan
lapidarios. Algunas mujeres reconocen sus manos como las del hombre que les
inyectaba “pentotal” (droga de la verdad) para sedarlas y hacerlas confesar.
Otras como el facultativo que examinaba el estado de sus lesiones para
autorizar la continuación de las torturas, vejaciones y violaciones. “Al
principio no podía soportar que me hicieran desnudar y me tocaran mi cuerpo.
Después me entregué (por la sedación). Pero aún después de todos estos años no
puedo olvidar el dolor que siento”, dijo Lucía Chirino llorando en cámara.
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Por su parte Margarita
Vivallo recuerda que el obispo de la diócesis de La Serena Juan Francisco
Fresno, hizo una misa en el convento del Buen Pastor donde estaban recluidas y
desde donde eran llevadas al regimiento “Arica”, para los interrogatorios y
apremios físicos diarios. “En la prédica trató de darnos conformidad diciendo
que debíamos tener presente que nosotras no éramos santas palomas”. Pero ellas
tienen la convicción que estaban privada de libertad por sus ideas de
izquierda, por su adhesión al gobierno derrocado por los militares, no por
delitos de connotación terrorista.
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Las imágenes de televisión
mostraron la “funa” de que fue objeto el médico Díaz Paci cuando llegaba a su
trabajo en Ovalle. Entre el grupo de familiares de víctimas estaba Maya Jordan,
hermana del médico ejecutado, quien increpó de “asesino” al ya anciano
facultativo. Este caminó por la acera en dirección a su oficina. No se detuvo a
responder las imputaciones y en un momento reaccionó airado, pero logró
mantener el control y continuar su marcha, ignorando al reportero que intentó
dialogar con él en medio de la batahola.
El
caso de San Felipe
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La investigación dirigida
por el periodista Alejandro Vega presentó, también, imágenes inéditas de
diligencias en terreno y careos realizados por el ministro en visita Julio
Miranda, designado para esclarecer las torturas y posteriores fusilamientos del
médico Absalón Wegner, director del Área de Salud de San Felipe y profesional
del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, militante comunista, y de Rigoberto
Achú, director de Desarrollo Social de la misma comuna, militante socialista,
como las torturas de otros detenidos políticos practicadas en el regimiento
“Yungay” de San Felipe.
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En la misma causa judicial
el ministro Miranda acumuló la investigación por la ejecución por disparos en
la localidad de Las Coimas del alcalde de Cabildo Mario Alvarado Araya, y de otros
cinco trabajadores de la minería.
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Entre los numerosos testigos
y sobrevivientes de los interrogatorios, una mujer recordó cuando los militares
exhibieron a un maltrecho alcalde Alvarado en un vehículo por las calles del
pueblo, obligándolo a renegar de su militancia política hablando por medio de
un megáfono, antes de ser llevado al despoblado donde fue acribillado a tiros
junto al grupo de cinco trabajadores.
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“La tortura tiene por objeto
dejar secuelas físicas y mentales para intentar doblegar la voluntad de las
personas. También pretende arrasar con un ideario, con un conjunto de valores
ético-morales, en definitiva con una cultura”, dijo a Chilevisión el escritor
argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz por su contribución a
la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.
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El historiador chileno
Gabriel Salazar coincidió con Pérez Esquivel, en el sentido que la tortura
tiene por objeto aniquilar la cultura mediante una experiencia dolorosa límite.
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En la causa de San Felipe
están siendo procesados el comandante de esa unidad militar en 1973, coronel
(r) Héctor Orozco Sepúlveda (foto izquierda), ex director de Televisión Nacional de Chile TVN,
hoy general retirado; otros ex uniformados del regimiento y el médico cirujano
Raúl Navarro Quintana, ex director del Hospital Psiquiátrico de Putaendo y ex
integrante del Servicio de Urgencia del Hospital de San Felipe, quien en la
actualidad ejerce en la Clínica Moncada de Providencia.
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Cuando fue consultada por
los reporteros la neuropsiquiatra Paz Rojas, especialista en el tratamiento de
víctimas de torturas y abusos sexuales, estimó en 29 los médicos chilenos que
colaboraron con la DINA, la CNI y los servicios de seguridad de Pinochet. Algunos
delataron a sus propios colegas, 21 de los cuales fueron asesinados por sus
ideas políticas o víctimas de desapariciones forzadas.
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¿Qué explicación podría haber para entender a
médicos que juraron defender la vida e intervinieron en procedimientos
antiéticos a sabiendas que dejarían secuelas físicas y mentales, o conducirían
a la muerte?
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Este podría ser el caso del
médico Navarro Quintana, quien en 1973 fuera de sus actividades militares en el
regimiento “Yungay”, hoy en plena investigación, también vestía uniforme verde
oliva, botas de combate y pistola al cinto. Algunos testigos citados en el
reportaje, entre ellos paramédicos del Hospital de San Felipe, revelaron que
los pacientes quedaban atemorizados cuando, por rotativa de turno, eran
atendidos de urgencia por este facultativo uniformado que no ocultaba su
adhesión a la Junta Militar de Gobierno.
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Al igual que su colega Díaz
Paci, Navarro Quintana fue víctima de “funa” por los familiares de las
víctimas. Según las imágenes mostradas por el reportaje “En la Mira”, debió
soportar que le gritaran epítetos de “asesino” y “fascista” y necesitó la
protección de funcionarios de Carabineros a las órdenes del juez Miranda, para
evitar que fuera agredido por una decena de personas, en su mayoría mujeres.
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Tejas
Verdes, San Antonio
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Chilevisión mostró imágenes
antiguas cuando sus reporteros detectaron al oftalmólogo Vittorio Orvieto
atendiendo pacientes en la Clínica Plus Media de Santiago. Después de una verdadera
persecución y acoso periodístico, el médico accedió a dialogar con cierta
indiferencia. “!Si usted quiere que me arrepienta, bueno, me arrepiendo!”, dijo
después que le fue exhibida una felicitación escrita del coronel Manuel
Contreras, general retirado ex director de la DINA, por su contribución médica
a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes que él comandaba para el
Golpe de Estado.
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Con el avance de la
investigación judicial Orvieto fue condenado a 10 años de prisión por practicar
torturas a detenidos y su implicancia en las muertes del ex prefecto de
Investigaciones de San Antonio Raúl Bacciarini y de otros cinco trabajadores
marítimos y portuarios militantes de izquierda. Quedó establecido que
perteneció a la Brigada de Sanidad de la CNI y que entre sus actividades estaba
la de controlar el estado de los prisioneros en las clínicas Santa Lucia y
Londres de Santiago. Permanece en la cárcel de Punta Peuco junto a otros
condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.
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El mueblista de izquierda
Feliciano Cerda entregó un testimonio desgarrador sobre las atrocidades
cometidas en el campamento de detenidos de Tejas Verdes. Mostró en cámara las
cicatrices de sus piernas, causadas por heridas abiertas con corvos. “Me
destrozaron mi cuerpo. El día que me liberaron me amarraron, me penetraron por
el ano y después me introdujeron un palo”, declaró compungido.
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El reportaje de Chilevisión,
además, contactó al médico Alejandro Forero, implicado en las actividades de
represión política del Comando Conjunto, quien trabaja en la clínica Indisa. Fue
procesado y amnistiado por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Ustedes harían
bien en investigar antes de involucrar personas en delitos”, dijo altanero a
los periodistas cuando lo interceptaron en los estacionamientos subterráneos
del establecimiento. También fue ubicado en una bencinera el médico Manfred
Jurgensen. Se defendió señalando: “Hice sólo un turno de reemplazo en la CNI”.
Y al otorrino Eugenio Fantuzzi Allende, del equipo de la DINA que atendió en
las clínicas Santa Lucía y Londres. Admitió haber examinado detenidos en el
campamento “Cuatro Álamos”.
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Según los archivos de la
organización Memoria Viva, otros médicos que pertenecieron a la Brigada de
Sanidad de la DINA y colaboraron en la aplicación de tormentos a detenidos
políticos son Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio
Leyton, Eduardo Contreras Balcarce, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis
Hernán Santibañez, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa, el psiquiatra Roberto
Lailhacar, el dentista Sergio Muñoz Bontá, la enfermera María Eliana Bolumburú
Taboada y el psicólogo de apellido Bassaure. Sin formar parte de esta
estructura, el médico Gergorio Burgos del regimiento de Los Ángeles, colaboró
con la DINA, investigando técnicas de torturas sin que la víctima perdiera la
conciencia.
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El médico Álvaro Reyes víctima
de torturas de las cuales no dio detalles en
Chilevisión, considera que aún no se han conocido todos los facultativos
que participaron en tormentos para interrogar detenidos. Como miembro del
capítulo de Derechos Humanos del Colegio Médico, estima que la Orden tiene una
deuda pendiente con los chilenos y que debe hacer reconocimiento público de los
errores y los horrores cometidos por algunos de sus profesionales, para que
estas prácticas inhumanas sean erradicadas para siempre de nuestra convivencia.
“Algunos de mis colegas estaban infiltrados en el gremio y entre los pacientes antes
que fuera elegido Presidente Salvador Allende”, aseguró.
