La inestabilidad a la que están expuestos los funcionarios públicos a “contrata” tiene directo origen en los enclaves autoritarios dejados en nuestra normativa legal por la dictadura de Pinochet. Estos amarres heredados no son simplemente una lista de “nudos” individuales sino una trenza muy bien sistematizada, haciendo que todas las partes estén perfecta y directamente relacionadas entre sí.
Cuando asume el primer Gobierno democrático de Patricio Aylwin se encuentra con el amarre 1, el Estatuto Administrativo, una normativa surgida del “Parlamento” del régimen que moría, cuyos parlamentarios eran sólo 4, los tres Comandantes en Jefe más el Director General de Carabineros. Ninguno de los cuatro elegidos. Todos auto-designados.
Este Estatuto le ponía candado a las plantas de funcionarios de la administración pública, impidiendo en la práctica dos cosas: la primera, la remoción de los titulares de esas plantas, todos designados políticamente por el régimen militar, y la segunda, la incorporación de nuevos funcionarios que fueran afines a los nuevos tiempos democráticos.
Entonces se dijo, deroguemos en el nuevo Parlamento democrático el Estatuto Administrativo y modernicemos la estructura funcionaria del Estado.
Y ahí apareció el amarre 2: No bastaba con la simple mayoría para derogarlo, hacía falta un quórum especial.
Y fue el amarre 3, caracterizado por Ricardo Lagos como el “cáncer” a extirpar, el que dijo la última palabra.
El Sistema Binominal logró que los ganadores (Concertación) no llegaran a los quórum especiales para modificar la Constitución o para derogar las Leyes Orgánicas Constitucionales y que los segundos (derecha – Alianza) eligieran la misma cantidad de parlamentarios que los ganadores y, "por si las moscas" (por si acaso), no entraran al Congreso los representantes de los terceros (Juntos es Posible).
Ante esta situación excepcional hubo que recurrir a soluciones también excepcionales. La Concertación hizo uso extensivo de las “contratas”. Los nuevos gobernantes pudieron así asumir colaboradores más comprometidos con el proyecto democrático.
Más allá de casos aislados, el sistema de las contratas le dio un poco más de flexibilidad a la formación de equipos de trabajo en la administración pública durante los 20 años de gobierno de la Concertación.
Pero tienen una gran limitación. Las contratas no generan los derechos de estabilidad, vacaciones e indemnizaciones para las funcionarias y los funcionarios sometidos a ese sistema.
La misma Evelyn Matthei, hoy ministra del Trabajo, entonces senadora de la UDI y activa participante del Comando de Piñera, denunció a los cuatro vientos al Estado como “el peor empresario” porque no les daba estabilidad ni indemnizaciones a los funcionarios a “contrata”.
O sea, la Matthei ¿No conocía el Estatuto Administrativo dejado por Pinochet? ¿No sabía de los quórum especiales y las leyes orgánicas? ¿No fue elegida en el sistema Binominal?
Hoy la Derecha que gobierna gracias a promesas cumplidas a medias o sencillamente no las cumple, borró con el codo lo que estaba escrito en los volantes que distribuyeron a la salida de los edificios públicos, por piquetes dirigidos por Magdalena, la hermana de Sebastián Piñera. En ellos el entonces candidato y hoy Presidente de la República se comprometía a respetar los puestos de trabajo de los funcionarios públicos.
Por el contrario, en tres pasadas, abril y diciembre del 2010 y ahora, diciembre del 2011, han perdido sus puestos de trabajo en la administración pública una suma superior a los 14 mil chilenos.
En la última de estas “razzias”, con un nuevo agravante, se dejaron sin continuidad laboral a funcionarios calificados en lista 1, evaluados y calificados por las mismas autoridades que ahora los echan a la calle. Incongruencia total.
Para peor de males, los Concursos de Alta Gestión Pública han desaparecido en los Ministerios políticos y se están llenando los cargos de jefatura con un sistema que llaman Concursos Internos en los mismos puestos que antes se resolvían según los procedimientos del Servicio Civil.
Adiós, modernización del Estado.
(*) Es segundo vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile
