El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó esta semana en las afueras del Senado que “enfrentará el juicio” en su contra por supuestamente liderar una trama para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones presidenciales de 2022.
“No tengo alternativa”, declaró ante un grupo de periodistas
reunidos alrededor de un atril improvisado. La Procuraduría General de la
República lo acusa de cinco delitos, entre ellos intento de
golpe de Estado, con penas que podrían superar los 40 años de prisión.
Bolsonaro , de 70 años,
negó cualquier vínculo con los hechos del 8 de enero de 2023 —cuando miles de
sus seguidores irrumpieron violentamente en la sede de los tres poderes del
Estado en Brasilia— y aseguró que su proceso judicial responde a un intento por
apartarlo de la vida política.
“No hay nada que me vincule a esos actos”, repitió. “Ellos quieren
eliminar a un líder de la derecha conservadora de América del Sur de las
elecciones del año que viene. Saben que, si me presento, gano”.
La investigación federal
apunta a que Bolsonaro no solo alimentó
durante meses el mito del fraude electoral, sino que encabezó una
estrategia para invalidar el resultado de los comicios de octubre de 2022, que
consagraron a Luiz Inácio Lula da
Silva como presidente. La Policía Federal y la Fiscalía sostienen
que el ex mandatario intentó ejecutar un plan de seis etapas para revertir su
derrota por medios ilegales. Entre esas etapas se incluye la elaboración de
un decreto que anulaba el
resultado electoral y convocaba nuevas elecciones bajo control militar.
El plan está en un
documento hallado en enero de 2023 en la residencia de Anderson Torres, entonces ex ministro
de Justicia de Bolsonaro. Según informó la Agência Brasil y confirmó luego la Fiscalía.
Uno de los testimonios
clave en la causa es el del teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien admitió ante la Policía
que el entonces presidente revisó y modificó personalmente el texto del
decreto. Cid también entregó a la justicia mensajes, documentos y audios que
vinculan al círculo íntimo del ex presidente con la organización logística y
financiera de las manifestaciones del 8 de enero. Aquel domingo, miles de simpatizantes bolsonaristas,
movilizados por redes sociales y grupos de Telegram, asaltaron el Congreso
Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
El ataque, que muchos
compararon con el asalto al Capitolio en Washington dos años antes, dejó un
saldo de más de 1.400 detenidos y daños millonarios al patrimonio público. Las
imágenes recorrieron el mundo: vidrios rotos, obras vandalizadas,
oficinas saqueadas y banderas brasileñas ondeando entre escombros. El Supremo
Tribunal Federal (STF), encabezado por el juez Alexandre de
Moraes, calificó los
hechos como una “tentativa de abolición violenta
del Estado democrático de derecho”.
Desde entonces, la
justicia ha condenado a 643 personas por diversos delitos, incluyendo
asociación criminal armada, daño calificado, deterioro de patrimonio protegido,
y tentativa de golpe de Estado.
Según documentos
presentados por la Fiscalía, la protesta no fue espontánea: hubo
financiamiento, organización y apoyo logístico desde dentro y fuera de
Brasilia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al actual mandatario brasileño, Lula da Silva, que en caso de no liberar a Bolsobnaro le aplicará altísimos aranceles a todos los productos brasileños de exportación.
