Un retiro sin honores
Por Jorge Navarrete
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El
miércoles Pablo Longueira renunció a la UDI. En un acto cargado de un
simbolismo dramático y teatral, uno de los íconos de la política de la
transición representaba su propia crucifixión, no sin antes fustigar duramente
a la prensa y arengar a los suyos por el difícil momento por el cual
atraviesan. Confieso que Longueira es de aquellos políticos por el cual siempre
tuve algo más que simpatía, al que varias veces alabé y sus fallas también
relativicé.
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Pese a
las abismantes diferencias ideológicas y a su estilo tan autoritario como
mesiánico, siempre me pareció loable esa dosis de indolencia frente al qué
dirán, el que a tropiezos y sin mucha elegancia intentaba rescatar esa cuota de
voluntad y visión que hace rato se extravió en una actividad que está más
convertida en un concurso de popularidad.
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Nada de
lo anterior puede oscurecer el reproche de comprobarse los hechos que se le imputan,
los que no solo con los ojos de hoy, sino también con los de ayer, merecen un
unánime repudio. El exsenador, ministro y precandidato a la presidencia, como
tantos otros en su transversal generación, terminaron por sucumbir a la droga
que para muchos representa la influencia; borrachos de poder, sellando el
destino de tantos y auto asignándose una posición y rol -nada menos que una
misión en este caso- que no solo los habilitaba para pontificar y decidir sobre
los demás, sino peor, los excusaba de reparar en los límites legales y éticos
para cumplir y prolongar dicha función. De esa manera, él, como varios, sin
quererlo incluso, terminaron por consumar la peor de la traiciones: aquella que
supone apropiarse del proceso de deliberación colectiva, privatizando el
espacio público, olvidando las razones que los llevaron a desarrollar esta
actividad y confundiendo los mandantes a los que se debía servir.
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De mala
forma y manera esta semana Longueira enfrentó a la opinión pública. Desconoció
sus faltas, culpó a otros por la situación que hoy padece, en una escena
destemplada, fuera de lugar y cuyas imágenes a ratos resultaban grotescas. Pero a
diferencia de muchos, el otrora todopoderoso Coronel sí dio la cara y anunció
que dejaba el partido político que contribuyó a fundar. Y aunque a muchos podrá
resultarle poco, insuficiente o incluso irrelevante, es palpable el
contraste con la indignidad de tantos, en todo el espectro político, de forma
individual como colectiva, que han relativizado las acusaciones que se les
hacen, modificado varias veces los criterios para evaluarlas o que incluso han
tenido la obscenidad para justificar las faltas y delitos propios o de sus
correligionarios.
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Mención
aparte el tema de la prensa. Responsabilizar a los medios de comunicación por
lo que está ocurriendo, es como culpar al niño de aquel cuento que gritó “el
rey está desnudo”. Lo que sí podría apuntarse sobre la indecencia y miserias
del gremio, es la vergüenza que deberían sentir los periodistas que, a estas
alturas, aceptan sentarse, cubrir, publicar o comentar el fondo de una
conferencia de prensa donde no se aceptan preguntas.
LA TERCERA
Un error del ex Presidente Piñera
Por Carlos Peña
Las
declaraciones del ex Presidente Piñera a propósito de la ley delroyalty revelan un
error serio: Tengo -declaró- la más plena convicción de que la ley de royaltyminero que
nuestro gobierno aprobó fue muy buena y necesaria. (Nos) permitió obtener los
recursos que la reconstrucción requería (...) y significó un esfuerzo de
solidaridad, porque las mineras contribuyeron al esfuerzo de reconstrucción.
Dijo
eso luego de enterarse de que Longueira simulaba ser senador y más tarde
ministro, cuando en realidad era amanuense de Patricio Contesse, quien le dictó
un artículo de la ley de royalty que luego
él promovió, como cosa propia, en el Senado.
El
ex Presidente, sin embargo, no formuló reproche alguno a Longueira. Fue como si
los dólares que esa regla proveyó al erario fiscal tuvieran la capacidad de
apagar el escándalo que significa que un empresario vigile y teledirija, a
través de un senador, el proceso legislativo.
Ese
es su error.
El
error del ex Presidente consiste en celebrar los resultados de una ley,
callando toda crítica acerca de las formas empleadas para obtenerlos.
No
es un error baladí.
Porque
ocurre que la vida democrática opera sobre el principio inverso: en ella lo más
importante son las formas. Y es que la democracia, cuando se la mira de cerca,
no consiste más que en formas. Su regla básica es un procedimiento meramente
formal (la regla de la mayoría); el diálogo que ella impulsa reposa sobre un
conjunto de normas también formales (igualdad de los partícipes, ausencia de
coacción, etcétera), y el resultado es una presunción de nuevo formal (creer
que lo que acuerden los representantes es como si lo hubiera acordado el
pueblo).
O
sea, la democracia es casi pura forma.
La
democracia supone que si se respeta la forma, entonces se producirá un
resultado que es sustantivamente mejor que cualquier otro. La razón no es muy
difícil de explicar. Como en democracia no se sabe qué resultado es ex ante justo,
entonces se acuerda que, fuere cual fuere el resultado, él será justo a
condición que se hubiera alcanzado respetando las reglas. Es lo que la
literatura (Rawls, entre otros) llama justicia meramente procedimental. Lo
justo del resultado en materia política no está dado por un criterio
independiente del debate (como la eficiencia o la mayor riqueza, o cualquier
otro equivalente), sino por el simple procedimiento que se sigue al realizarlo.
Lo
anterior -la primacía de la forma en la democracia- es lo que permite
comprender que una democracia siempre es política y moralmente mejor que una
dictadura benevolente y eficiente.
Es
la diferencia que media entre el punto de vista político y el económico.
La
vida política aspira a un mínimo de virtud. Y como ese mínimo en una sociedad
plural no puede ser sustantivo (puesto que los ciudadanos discrepan acerca del
sentido de la vida), entonces se esgrime una virtud formal que todos deben
esmerarse por alcanzar: el respeto de las reglas procedimentales como el
fundamento de legitimidad de las decisiones. Económicamente hablando, en
cambio, una decisión que afecta a muchas personas se estima mejor o legítima no
por la forma en que se haya adoptado, sino por su eficiencia. Si incrementó la
riqueza (por ejemplo, mejoró a uno y no perjudicó a ninguno), entonces es
correcta y es mejor.
Pero
no es el económico el criterio final de la vida democrática.
Si
ese fuera -cabría insistir-, entonces las decisiones de un dictador ilustrado y
benevolente, lector de economía del bienestar, fiel seguidor de Pareto o
crédulo de Kaldor-Hicks, sería mejor que una decisión democrática; y un senador
que por malos motivos (por ejemplo, el enriquecimiento personal) hiciera de
escribano de un empresario ilustrado (que extrañamente considerara el interés
de todos) sería mejor que un senador que se esforzara en oír y dialogar con
honestidad.
Por
supuesto, el criterio económico tiene importancia, pero solo una vez que las
formas, la virtud mínima de la democracia, se salvan.
Al
final de su declaración, y cuando se le consultó si acaso tenía una opinión
crítica sobre Longueira, el ex Presidente dijo no ser juez.
Y
tiene razón. No es juez, y por eso no se espera que juzgue.
Pero
es un ex Presidente, y de un ex Presidente se espera que sea capaz de evaluar
críticamente la forma en que obró uno de sus ex ministros que, se sabe ahora,
pareció ser
EL MERCURIO
Longueira y SQM: ¿Hasta cuándo?
Por Eduardo Engel
Era agosto de 2010 y el
Ministerio de Minería preparaba una modificación a la Ley de Royalty Minero
para allegar fondos para financiar la reconstrucción posterremoto. El 5 de
agosto un funcionario del ministerio envió un correo electrónico al entonces
senador Longueira con un borrador de un artículo clave de la ley, borrador que
Longueira forwardeó casi de inmediato al gerente de SQM, Patricio Contesse. En
cuestión de horas, Contesse respondió con una propuesta alternativa, porque “la
que te enviaron es una burla”. Comparado con la redacción original, la
propuesta de Contesse claramente beneficiaba a SQM. Según informó Ciper el
lunes de esta semana, el proyecto que el gobierno de Piñera finalmente envió al
Congreso contenía, casi textual, la redacción sugerida por el gerente de SQM.
Lo anterior, unido a 730 millones de pesos en pagos irregulares de SQM a
sociedades y personas cercanas a Longueira entre 2009 y 2014, según un informe
reciente contratado por la propia empresa, podría configurar el delito de
cohecho y llevó a la renuncia de Longueira a la UDI el miércoles.
Argumentos y
contraargumentos
Los argumentos para defender a Longueira han sido varios, ninguno de ellos
convincente. Que es habitual y legal que las empresas busquen influir sobre los
proyectos de ley que las afectan. Es legítimo que las empresas expresen su
opinión respecto de proyectos de ley que las afectan, pero no es habitual ni
legal, aun con la débil legislación de aquel entonces, que una empresa financie
a un senador a cambio de que éste modifique los borradores de proyectos de ley
que prepara el gobierno con artículos a la medida del financista.
También se argumenta que la
prensa sentenció a Longueira sin que tuviera la oportunidad de defenderse.
Tampoco es cierto. En la conferencia de
prensa que dio el miércoles, el histórico líder gremialista pudo negar la
existencia de los correos electrónicos que vienen publicando varios medios
desde enero, incluyendo el de esta semana, que lo forzó a renunciar a la UDI, y
no lo hizo. O si estimaba que estos correos fueron citados fuera de contexto o
con el afán de perjudicarlo, podría haber hecho pública la correspondencia
completa para que la opinión pública lo evaluara de manera justa. Tampoco lo
hizo, enfocándose exclusivamente en denunciar la forma en que los correos se
hicieron públicos, sin nunca referirse al fondo del asunto.
La ciudadanía tiene derecho a
formarse una opinión sobre el actuar de sus autoridades basada en la
información disponible sin esperar los fallos judiciales, especialmente cuando
dicha información apunta a una eventual captura por parte de intereses
particulares. Longueira optó por no desmentir la información disponible,
tampoco por agregar nueva información, lo cual no contribuye a mejorar el
juicio que se ha formado la ciudadanía respecto de su actuación.
El ex Presidente Piñera defendió
la ley que envió al Congreso en su momento, argumentando que ésta recaudó los
recursos que se necesitaban para la reconstrucción. Esta defensa evade el tema
de fondo. Lo relevante es que se pudo recaudar los mismos fondos para la
reconstrucción sin entregar los beneficios que contempla el artículo
Contesse-Longueira para SQM.
El Congreso también
debe una explicación, ya que, al menos en el Senado, una mayoría transversal
aprobó la mencionada modificación al royalty minero. Quienes no fueron parte de
la Comisión de Minería culpan a sus integrantes (al momento de redactar esta
columna no hay comentarios de quienes participaron en dicha comisión).
¿Qué hacer?
La posibilidad de que se configure el delito de cohecho de parlamentarios que
aprobaron la modificación del royalty motiva preguntarse si se puede derogar o
anular el artículo que contribuyó el gerente de SQM a dicha ley. La misma
pregunta se plantea respecto de la Ley de Pesca, donde Longueira también tuvo
una participación destacada, esta vez como ministro de Economía, y donde
también podría configurarse el delito de cohecho para dos parlamentarios.
Nuestro
ordenamiento jurídico, y el de prácticamente todos los países democráticos, no
contempla la posibilidad de anular leyes, y esto es razonable. Lo que se puede
hacer es aprobar nuevas leyes que mitiguen los efectos negativos de leyes
promulgadas en el pasado, incluyendo aquellas donde hubo cohecho. Se compensará
en parte la pérdida social de legislaciones ilegítimas, pero hay que sincerar
el hecho de que lo más probable es que dicha compensación no será completa.
¿Hasta cuándo?
Llevamos un año y medio desde que venimos conociendo una seguidilla de
escándalos relacionados con el financiamiento irregular -y varias veces,
derechamente ilegal- de la política. Lo más probable es que sigamos conociendo
nuevos casos y nuevos detalles de casos que ya se investigan durante largo
tiempo. Los intentos por poner punto final a las investigaciones judiciales han
fracasado y en buena hora. Cualquier intento de este tipo profundizaría aun más
la desconfianza que la ciudadanía tiene respecto de sus líderes políticos y
empresariales. Por otra parte, las iniciativas para que todos los involucrados
en hechos éticamente reprobables, pero no ilegales, transparenten lo que
hicieron, no motivan a los involucrados, probablemente porque son muchos y
tienen la esperanza de que no serán investigados.
Una cosa es el pasado, otra muy
distinta el futuro. Durante los últimos meses se tramitaron una serie de leyes
que llevarán a un financiamiento más sano y transparente de la política. Cabe
preguntarse si estas leyes evitarán situaciones como las que parecen
configurarse a partir del intercambio Contesse-Longueira que conocimos esta
semana.
En primer lugar, será más fácil
detectar el financiamiento ilegal de los partidos y campañas. Si volviera a
suceder, los 730 millones de pesos que recibió Longueira se gastarían en algo y
el Servel, a futuro, debiera poder detectar platas negras en política. En
segundo lugar, la nueva legislación contempla la sanción de cárcel y la pérdida
del cargo si se comprueba que hubo financiamiento ilegal sustantivo en la
elección de un parlamentario. Además, la Comisión de Constitución del Senado
manifestó su intención de revisar que en estos casos dichas sanciones de cárcel
sean efectivas y no apliquen medidas alternativas, como sucedió recientemente
con el ex directivo de la UDI Jovino Novoa.
Donde el caso Contesse-Longueira
pone de manifiesto una debilidad que sigue presente en nuestra legislación es
respecto de la ley de lobby. Dicha legislación no estaba vigente cuando
sucedieron los hechos que aborda esta columna, pero si lo hubiese estado la
comunicación entre el gerente de SQM y el senador no habría tenido que
registrarse, por tratarse de una comunicación personal y no una reunión cara a
cara, ya sea en la oficina del senador u otro lugar privado. Es importante
revisar la ley de lobby, partiendo por dar una interpretación más amplia a las
actividades que deben registrarse. Precisamente, una de las propuestas de la
Comisión Asesora Presidencial que presidí es que a dos años de la vigencia de
esta ley, que se cumplen a fines de este año, se revise su efectividad y
posibles mejoras, como podría ser incluir el intercambio de correspondencia o
llamados cuando se intente influir legítimamente en una toma de decisión.
El bosque y los
árboles
En medio de los detalles, a veces inverosímiles, que hemos conocido respecto de
cómo se financiaba nuestra política en un pasado nada de lejano, es importante
no perder el norte respecto de por qué el tema es tan importante. El párrafo
inicial de un importante documento de la Ocde sobre el financiamiento de la
política lo resume muy bien: “Si el financiamiento de los partidos políticos y
de las campañas electorales no se regula adecuadamente, el dinero puede ser un
medio para influencia indebida y captura de la política por parte de intereses
creados, exacerbando la erosión de la confianza en los gobiernos”.
Los nuevos detalles
que conocimos esta semana sobre la red de influencias que construyó SQM para
financiar e influir sobre el mundo político debieran motivarnos a seguir
avanzando en la agenda anticorrupción para fortalecer nuestras instituciones y
así mejorar nuestra democracia. No podemos dejar pasar esta oportunidad, no es
nada de obvio que vayamos a tener una segunda oportunidad si dejamos pasar la
coyuntura actual.
LA TERCERA
Acerca de la delación compensada
Por Camilo Escalona
El ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, ha provocado cierto revuelo mediático al proponer una figura jurídica, que caracterizó como una delación compensada, que otorgué impunidad a los imputados en casos de financiamiento irregular de la política.
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Para concretarla, como es lógico y así lo señala su autor, debiese tramitarse una nueva ley en el Congreso Nacional; es decir, los propios parlamentarios tendrían que exculparse entre sí,debiendo aprobar una amnistía en beneficio de una parte de ellos, con lo que todos sin excepción, favorecidos y no favorecidos, o serían cubiertos por la suspicacia o la sospecha de haber votado en su propio interés. Ese es el talón de Aquiles de dicha propuesta.
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Esta idea pide dar curso a una ley de auto perdón que, de inmediato recuerda al país, la decisión tomada por el régimen de Pinochet de promulgar e imponer una amnistía en Abril de 1978, con la que pretendió exculpar los crímenes de lesa humanidad, ejecutados por su propio mandato y/o bajo su responsabilidad política, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.
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Por tanto, la nueva ley tendría un vicio de origen que anularía su legitimidad irremediablemente. En consecuencia, en vez de dar una salida o una solución a la crisis de legitimidad que afecta al sistema político terminaría agravándola y alentando toda suerte de conductas contestatarias. En suma, la idea del ex Contralor, señor Mendoza, sería un estéril e inconducente intento de apagar un incendio con bencina, como indica un refrán popular.
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Esta iniciativa pasaría a ser un intento de defensa corporativa hacia los actores políticos involucrados en irregularidades o, directamente en ilegalidades, que no tendría ninguna base de legitimidad ante la sociedad chilena.Con la reciente revelación del mail, a través del cual el ex senador Longueira, recibió una indicación redactada en las propias oficinas de la Gerencia General de una de las principales empresas involucradas (SQM) en los casos que se investigan, ello se hace definitivamente impresentable.
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De modo que una propuesta de "delación compensada" con su sola presentación generaría una batahola descomunal. Al punto que el debate suscitado en torno a esta idea de impunidad, cada vez que se tratara, recrearía un áspero ambiente de recriminaciones que ahondaría el crítico juicio ciudadano hacia quienes realizan y participan en política.
El autor de esta iniciativa parece que no ha tomado nota de la irritación social que causa la conducta que induce o empuja a una defensa corporativa de la elite política que, se transforma frente al público, en una especie de codeudor solidario de las culpas y responsabilidades individuales de los personeros involucrados, provocando que todos los actores políticos sean considerados como una misma cosa, una casta o asociación con el mismo grado de culpabilidad.
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Mantener propuestas que hacen pensar de esa manera a la opinión pública daña la política y la democracia. Resulta que hubo Partidos políticos que fueron el objetivo a destruir por las malas prácticas. Ello se demuestra en la formalización en los Tribunales de Justicia, del ex senador Carlos Ominami, caso que confirma cómo los dineros de SQM en el 2009, eran la base del financiamiento de un incesante activismo político dirigido al quiebre del Partido Socialista, para lograr la derrota de la entonces Concertación, en las elecciones presidenciales de ese año.
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Ha quedado claro que, para parte de sus financistas, la candidatura de MEO era un medio que abría la puerta a Piñera. Por lo demás, si se lee el libro "El desalojo" de Andrés Allamand, en sus páginas se confiesa abiertamente que ello fue parte de la estrategia piñerista. Ojalá que aquellos socialistas y alguna gente de izquierda que pisaron el palito, no vuelvan a tropezar de nuevo, con la misma piedra.
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En resumen, la teoría de la delación compensada es un despropósito, se trata de un salvavidas de plomo.
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La sugerencia del señor Mendoza es una señal de angustia, que busca un blanqueo imposible de conseguir, que hundiría definitivamente lo que queda de legitimidad al sistema político en Chile.
COOPERATIVA
