NUEVA CRISIS DE CORRUPCIÓN
EL NUEVO ESCÁNDALO DE COMISIONES ILEGALES EN ESPAÑA DEJA YA A 51 DETENIDOS Y AFECTA A LOS DOS PARTIDOS MÁS GRANDES: PP Y PSOE
Implicados personajes históricos de la política y la economía como Rodrigo Rato y Miguel Blesa
Implicados personajes históricos de la política y la economía como Rodrigo Rato y Miguel Blesa
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco destapó ayer
la que, según fuentes jurídicas, es “la trama del 3% madrileño”, una gran red
de cobro de comisiones ilegales que afecta al PP en esta comunidad y en otras
zonas de España, pero que también salpica de manera notable a políticos del
PSOE. Desde primera hora de la mañana de ayer, agentes de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil (UCO), a las órdenes de Velasco y de la fiscal
anticorrupción Carmen García pusieron en marcha la Operación Púnica, en la que
se investiga el supuesto cobro de coimas por la concesión de contratos públicos por
valor de al menos 250 millones de euros desde el año 2012 hasta la actualidad.
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El origen de las pesquisas —y uno de los detenidos— es el ex
secretario general del PP madrileño Francisco Granados (foto arriba), hasta 2011 número dos
de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Granados dimitió el pasado febrero como senador y
parlamentario autonómico tras descubrirse que atesoraba 1,5 millones en un
banco suizo. Esta fortuna, procedente supuestamente de cohechos de empresarios,
fue el primer paso de la operación policial, que ayer sumaba 51 detenidos.
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La Operación Púnica se saldó con el arresto de al menos seis
alcaldes de localidades madrileñas, entre ellas Valdemoro y Collado-Villalba
(ambas de 70.000 habitantes, y gobernadas por el PP) y Parla (124.000
habitantes, con regidor del PSOE). También fueron detenidos, entre otros, el
presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón (PP), y el
exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, así como
empresarios de la construcción y de grandes empresas de servicios, entre ellas
Cofely España, filial del gigante energético francés GDF Suez.
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De momento, la Guardia Civil ha detenido a 51 personas
dentro de un sumario que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes
jurídicas, los políticos detenidos cobraban “entre un 2% y un 3% de comisión
por cada contrato que adjudicaban” a las empresas implicadas en la trama.
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En
total, según las mismas fuentes, las “mordidas” conocidas hasta ahora
ascendieron a entre cinco y siete millones de euros. En la operación
participaron 150 agentes de la UCO y cinco secretarios judiciales. Velasco
realizó 400 mandamientos de bloqueo de cuentas a bancos y aseguradoras y 259
peticiones a registros de la propiedad de toda España para ordenar el embargo
de bienes inmuebles. En la operación se intervinieron 30 vehículos de alta
gama.
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| Esperanza Aguirre |
Los imputados, según fuentes de la investigación, no
trabajaban para la financiación ilegal de sus partidos, sino que buscaban única
y exclusivamente su lucro personal. Se trataba en muchos casos de políticos en
el fin de su carrera que deseaban aprovechar su paso por la gestión pública
para labrar una fortuna.
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Las pesquisas se iniciaron en diciembre de 2013, cuando las
autoridades suizas tuvieron conocimiento de que Francisco Granados estaba
implicado en el presunto caso de espionaje sufrido en 2008 por políticos del PP
enfrentados a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Al cruzar su nombre
con sus bases de datos, la justicia helvética descubrió que Granados disponía
de una cuenta corriente con 1,5 millones de euros. Suiza avisó a la Fiscalía
Anticorrupción, y los depósitos bancarios quedaron bloqueados. A partir de ahí
arrancó la Operación Púnica, denominación que deriva de Punica Granatum, nombre
científico del árbol de la granada.
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Los investigadores comenzaron a tirar del hilo del dinero. Y
el primer nombre que obtuvieron fue el de David Marjaliza (foto izquierda). Este constructor,
expresidente de Nuevas Generaciones en Valdemoro, municipio del que Granados
fue alcalde entre 1999 y 2003, actuaba como conseguidor. Es decir, hacía de
intermediario entre los empresarios con intereses en obtener contratos públicos
y recalificaciones de terrenos y los políticos y los técnicos municipales
encargados de las adjudicaciones.
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Marjaliza, que hasta 1995 fue concejal de Valdemoro, recibió
contratos en esta localidad y también en Parla. Sus sociedades tenían, según
fuentes de la investigación, una doble finalidad. Por un lado servían para
presentarse a los concursos públicos y por otro para blanquear el dinero negro
que generaba su actividad.
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Algunas de las adjudicaciones más sustanciosas en la
Comunidad de Madrid, y en las que supuestamente medió Marjaliza, tuvieron como
protagonista a la empresa Cofely, filial de Suez. Esta empresa, dedicada a la
eficiencia energética, suscribió en julio de 2013 un contrato de 57,4 millones
de euros con el Ayuntamiento de Parla mientras que en Collado-Villalba firmó un
acuerdo por 15 años para gestionar el suministro de energía por valor de 47
millones. Cuatro ejecutivos de esta entidad, con el director general, Maurice
Didier a la cabeza, fueron detenidos en la redada de ayer.
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La relación de negocios comunes de Granados y Marjaliza,
amigos desde los 20 años, es nutrida. En 2006, el político, entonces consejero
de Presidencia de Madrid, vendió su chalé de Marbella (Málaga) a una sociedad
del constructor. El 22 de octubre de ese año, un Mini Cooper ardió en el garaje
de la vivienda de Granados. El vehículo figuraba a nombre de una empresa de
Marjaliza.
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Una segunda línea de investigación llevó al otro conseguidor
de la trama, Alejandro de Pedro Llorca. Este ingeniero informático de 42 años,
con contactos en la Comunidad Valencia y en Murcia, ha trabajado para
diferentes compañías tecnológicas. Por la tarde, la policía registraba la sede
de su consultora EICO en Valencia.
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La trama usaba influencias políticas para introducirse en la
Administración pública con el fin de conseguir adjudicaciones de contratos y de
servicios a cambio, supuestamente, de comisiones. Además, según la
investigación, blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado
societario con ayuda de empresas que, a su vez, también les servían para
conseguir los servicios y los contratos contraviniendo el principio de libre
concurrencia. Según las mismas fuentes, se constata que modificaban pliegos de
contrato con los políticos y los técnicos municipales.
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Aunque la operación afecta a políticos de los dos grandes
partidos, y también a alguno de formaciones independientes, la noticia supuso
un nuevo mazazo para el PP. En apenas dos semanas, el partido del Gobierno ha
visto, en un estado de shock, cómo estallaba el caso de las tarjetas opacas de
Caja Madrid, con la imputación del exministro de Economía Rodrigo Rato y del
expresidente de la caja Miguel Blesa. También ha asistido a la imputación en el
caso Gürtel del exministro Ángel Acebes, y al descubrimiento por parte del juez
Pablo Ruz de que el partido pagó 1,7 millones en dinero negro por las obras de
reforma de su sede nacional de la calle Génova 13.
Expulsión de Rato y otros 12 militantes del PP
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| Rodrigo Rato, ex ministro de economía |
El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha resuelto dar de baja del partido al exvicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, así como de otros 12 afiliados por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, según ha informado el partido en un comunicado. Rato había pedido la "suspensión temporal de su militancia hasta que los hechos queden esclarecidos", pero el partido explica que no existe la suspensión temporal y que simplemente le da de baja.
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El PP informa en su nota de la decisión después de escuchar a "todos los militantes implicados", que además habían solicitado la baja, y da por cerrado el proceso. "En consecuencia, al perder la condición de militantes, concluye la tramitación del expediente informativo puesta en marcha desde el Partido Popular", dice el texto.
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| Miguel Blesa |
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Rato solicitó por carta el pasado 20 de octubre a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, su suspensión temporal de militancia "en interés del PP”.
Rodrigo Rato depositó la semana pasada en la Audiencia Nacional los tres millones de euros de fianza civil que le impuso el pasado jueves el juez Fernando Andreu.
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Igualmente al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa –en este caso se le impuso una fianza por 16 millones de euros- al observar indicios “racionales y bastantes” de que ambos, supuestamente hubieron “consentido, propiciado y aceptado” el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y el uso de las tarjetas opacas, en las que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron a las cajas 15,5 millones de euros en gastos personales.
