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DOCUMENTACIÓN: TEXTO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE INDULTO DE LA IGLESIA
Este es el texto completo de la propuesta de Indulto Bicentenario que la
Iglesia Católica le hizo entrega hoy al Presidente de la República de Chile,
Sebastián Piñera:
Chile, una mesa para todos en el Bicentenario
Autor: El Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal de Chile
I.- UN SIGNO DE CLEMENCIA
Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de
nuestro país por la paz: tanto por la paz que se abre espacio en nuestros
corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y todos los
habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero
estamos convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.
Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la
justicia social, aquella que se construye sobre los derechos humanos y cuya
alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y de los niños, de
los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista
de la seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los
tres Poderes del Estado en su lucha contra la delincuencia.
Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al
perdón. Por eso, en el contexto del Bicentenario, apreciando la libertad que
otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica queremos
ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de
los derechos humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han
sido condenados, y a un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión
de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la
reconciliación.
Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora
Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y en el mes de abril del
presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una
reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición
de la Iglesia Católica de Chile». En ese documento expusimos los fundamentos
para un posible indulto, precedidos de una introducción acerca del sentido del
Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo
memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el
futuro.
Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del
Bicentenario quiere tener un significado positivo. «Al igual que la
misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de
crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en
crear nuevas ocasiones de recuperación para cada situación personal y social,
aunque aparentemente parezca irremediablemente comprometida» («Mensaje Jubileo
en las cárceles», nº 4).
En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes
que acompañan a quienes han delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía
que abstenerse de acciones promocionales en favor del recluso significaría
reducir la prisión a una suerte de venganza social.
II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO
Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia
basada no sobre la indiferencia, ni sobre la venganza, ni menos sobre la
guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos que esta
historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que
están encarceladas.
Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a
las autoridades del país, con ocasión del Bicentenario, un indulto a personas
privadas de libertad. Los recordamos brevemente:
1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo
mismo, reflexionemos acerca de un sistema penal y carcelario más humano. Como
la delincuencia es una preocupación constante de la ciudadanía, queremos
promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre
ellos, debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han
causado quiebres y daños en la sociedad por sus crímenes y delitos. En
contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no procuran
oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos,
incluso las nuevas cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los
recintos penales son un hábitat más violento y deshumanizante que aquéllos que
favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco
propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La
cárcel -decía Juan Pablo II- no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y
tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 7).
2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están
gravemente enfermos o son adultos mayores. Para ello valoremos en su integridad
los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, cuya conciencia es
progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender
la vida, sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear
condiciones favorables para que se viva y se trabaje conforme a la dignidad
humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven
vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una
muerte digna. Decíamos entonces que «la celebración del Bicentenario de la
Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer nuestra misericordia
subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto,
comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes,
dentro del cumplimiento de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa
de su edad, salud y soledad».
3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto,
recordábamos que «si un sistema penitenciario busca sancionar un mal cometido
con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor para que se
transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar
acciones promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un
fin reivindicativo. En la legislación se contemplan rebajas de pena y estímulos
para quienes, dentro de la normativa, demuestran un comportamiento apropiado y,
pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por
el sistema penal».
Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:
a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades
pertinentes, a promover integralmente la rehabilitación y reinserción de
aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas,
quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son
parte.
b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el
estado estructural de un gran número de recintos penitenciarios, la
superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la
agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las
dificultades y los conflictos que deben enfrentar quienes custodian a los
internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas desconocen.
c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión
y que muchas veces no descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la
falta de oportunidades y al estigma que tienen que cargar.
4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del
Bicentenario se convierta, de verdad, en una «Mesa para todos»: mesa del pan,
del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del respeto por
la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no
están gozando de la mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por
carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o bien, por ser jóvenes en
situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor
en la mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están
aquellos que llaman nuestra atención por estar privados de libertad.
Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos
al compromiso de las autoridades del país, que quieran velar por nuestra
seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su alta
cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una
justicia pronta y eficiente para quienes atenten contra la integridad de otros
chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y el espíritu fraterno
que debe caracterizar a la mesa para todos.
Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales,
tenemos una deuda que compromete el respeto por sus derechos humanos. No
podemos tener cárceles inhumanas ni seguir permitiendo el hacinamiento, con
toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos nosotros. Es
cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos
negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El
sólo recurso al encarcelamiento sin otras medidas, como por ejemplo el trabajo
remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para que rediman
sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos
una conversación pendiente como país.
III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO
Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno
de Chile, ni al actual ni al anterior, en una situación de incomodidad ante la
realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de una sana
laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las
confesiones religiosas. Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que
pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra convivencia y hacemos
una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a
la autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los
ciudadanos y por nuestras instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad
que le corresponde.
En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del
respeto a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por Chile,
solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor Presidente de
la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del
Parlamento, considerar y estudiar las siguientes proposiciones:
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones
que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo,
delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los
recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas
de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a
quienes tengan más de 70 años de edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de
18 años se les conceda también una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan
alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena
por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la
instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por
cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes
cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de
convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso
a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los
esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado
satisfacer estas necesidades, requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes
que la autoridad competente debiera ir adoptando por el bien común de la
sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del
ambiente laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los
funcionarios públicos, que se mejoren las condiciones de vida, de convivencia y
de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema penitenciario; éstas
irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de
libertad.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que
atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente
aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o
que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones
asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre,
salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado
por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta
petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos
cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la
“mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente
en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron
igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no
cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex
uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de
responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los
gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus
delitos.
IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA
No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que
podemos interceder para dar paso a la “justicia con clemencia” como connotados
juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el imperio de la
justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio
de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que
se pueden dar pasos de clemencia.
Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las
respetamos, especialmente cuando vienen de personas que sufrieron en carne
propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados. Sólo
solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que
nunca puede reparar totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando
al corazón de cada uno, que consideremos de qué manera quisiéramos ser tratados
si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu fraterno
podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos
decisivos de reencuentro y reconciliación.
Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el
mismo Jesús nos enseñó con su testimonio y su palabra, que la lógica del perdón
es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza e inaugura tiempos
nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve
el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de
morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado.
Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros
y la gracia que pedimos por intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos
los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero especialmente de aquellos
que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
† Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente
† Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente
† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago
† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción
† Santiago Silva Retamales
Obispo Auxiliar de Valparaíso
Secretario General
Santiago, 21 de Julio de 2010
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (izquierda), aseguró que
“no le temblará la mano” al Gobierno para sancionar a los posibles responsables
de los últimos atentados registrados en la región Metropolitana y Viña del Mar.
