CHILE: PARA AYUDAR A ENTENDER LA PROFUNDA CRISIS DEL GOBIERNO DE KAST

 

Rebaja de condenas: el cambio de criterio que abrió una crisis en el gobierno y le costó el cargo a Luis Silva Lo que comenzó como una decisión jurídica del ministro de Justicia, Fernando Rabat, terminó convertido en una crisis política que le costó el cargo al exsubsecretario Luis Silva y que sigue golpeando a La Moneda. Todo se originó luego de que Rabat modificara el criterio con que venían resolviéndose solicitudes de rebaja de condena y otorgara el beneficio a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La revelación abrió cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo, derivó en la salida de Silva y llevó a la oposición a anunciar una acusación constitucional contra el ministro Rabat. El Presidente José Antonio Kast, sin embargo, mantiene firme su respaldo al secretario de Estado. Mientras la presión continúa, el gobierno intenta mover la discusión hacia las soluciones: aceleró cambios legislativos, nombró una nueva subsecretaria y anunció una mesa de defensa para las víctimas.  Pese a esos esfuerzos, aún permanecen abiertas las preguntas sobre las responsabilidades políticas, la viabilidad de revertir beneficios ya concedidos y el impacto que tendrá la crisis dentro de la derecha política. 1. LO QUE PASÓ 56 condenados: Justicia concedió rebajas de pena a personas sentenciadas por delitos sexuales contramenores. De los primeros 33 casos conocidos en detalle, la reducción fue, en promedio, de 14,7 meses. Un cambio de criterio: desde 2022 la ley excluye de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pese a la existencia de esa nueva  la ley, la administración anterior -liderada por el exministro dee Justicia Jaime Gajardo- rechazaba las solicitudes para acceder a este beneficio por parte de condenados por delitos sexuales antes de 2022 y defendía su decisión ante las cortes. Cuando llegó Rabat, optó por aplicar un criterio distinto para los condenados antes del cambio legal de 2022. La crisis escaló: el ministerio suspendió temporalmente la tramitación de nuevos decretos, el gobierno presentó cambios legislativos y, tras varios días de controversia, Silva fue removido de la Subsecretaría de Justicia. 2. POR QUÉ IMPORTA Algunos ya están libres: Rabat ha señalado que la gran mayoría de los beneficiados habría recuperado su libertad tras acceder a la reducción de sus condenas. Eso hace especialmente complejo intentar revertir las rebajas cuyos efectos ya se produjeron, pues se trata de derechos adquiridos. Las víctimas: el procedimiento vigente no exige que las víctimas sean notificadas cuando se concede una reducción de condena. La ausencia de información y medidas de acompañamiento pasó a ser uno de los principales cuestionamientos al gobierno. Una crisis de gobierno: el episodio dejó de circunscribirse solo al Ministerio de Justicia. El blindaje de Kast a Rabat abrió diferencias dentro del oficialismo, una ofensiva opositora contra el titular de la cartera y una discusión sobre cuánto respaldo político conserva el ministro. 3. EL NUDO JURÍDICO La ley de 2022: durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se modificó la legislación para excluir de las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores. La discusión posterior se concentró en si esa exclusión podía aplicarse también a quienes habían sido condenados antes de que entrara en vigencia. La Suprema: pese a que el espíritu de la ley era que la modificación rige in actum al tratarse de un asunto administrativo, durante los últimos años las cortes han sostenido criterios distintos. Durante varios años, y en casi 300 fallos, la Segunda Sala de la Corte Suprema falló que era ilegal excluir a los condenados por delitos sexuales contra menores, ya que en estos casos se aplica la irretroactividad de la ley penal. Es decir, a ese grupo no se le puede aplicar una ley que entró en vigencia después de que fueran condenados. Esta postura recién cambió en febrero de 2026, cuando algunos supremos se dieron vuelta y comenzaron a plantear que este beneficio, al no ser parte de la pena, se rige por las reglas del Derecho Público, por lo que no se aplica la irretroactividad de la ley penal. Pronunciamiento de las cortes: luego de que explotara la crisis, Rabat informó que, de 54 casos que Justicia había considerado procedentes para entregar el beneficio, en casi 40 ya había pronunciamientos de las cortes a favor del reo luego de que fueran excluidos por la Comisión de Reducción de Condenas. El punto sigue siendo parte central de la disputa sobre cuánto margen tenía realmente el ministerio para mantener el criterio anterior. 4. QUIÉN TOMÓ LAS DECISIONES Rabat asumió la responsabilidad: el ministro ha señalado que el cambio fue una decisión jurídica adoptada por él y que el Presidente no fue informado previamente, al tratarse de un procedimiento administrativo interno. Silva también firmó: los primeros 33 decretos conocidos, 22 fueron suscritos por Rabat y diez por Luis Silva cuando subrogó al ministro. Silva sostuvo posteriormente que solo actuó aplicando el criterio fijado por Rabat. La salida de Silva: el subsecretario fue removido después de publicar, sin informar previamente al ministro ni a La Moneda, un video explicando su actuación. Fue reemplazado por la abogada Josefina Soto. La Moneda ha insistido en que Rabat permanece porque tiene la misión de ser “parte de la solución”. 5. LOS BENEFICIADOS Delitos graves: entre los casos conocidos hay condenas por abuso sexual, violación y otros delitos sexuales contra menores, algunas superiores a 15 o 20 años. Las rebajas: entre los primeros 33 casos conocidos, las reducciones fluctuaron entre tres y 36 meses, con un promedio de 14,7 meses. Más antecedentes: con el paso de los días se conocieron cuestionamientos por riesgo de reincidencia de algunos beneficiados y también otros decretos asociados a condenados por delitos distintos, como los de lesa humanidad. Rabat ha defendido que la evaluación del mérito corresponde a las comisiones especializadas y no al ministro. 6. ¿SE PUEDEN REVERTIR? Un camino difícil: el gobierno ha estudiado revocar los actos administrativos, pero la ley limita esa facultad cuando existen derechos adquiridos legítimamente. Quienes ya salieron: exautoridades como Luis Cordero sostienen que revertir beneficios ya ejecutados sería prácticamente imposible. Una eventual decisión en ese sentido probablemente terminaría nuevamente en tribunales. Otra alternativa: también se ha analizado invalidar los decretos, pero ese camino supondría sostener que los actos fueron contrarios a derecho y exige un procedimiento previo con los afectados. 7. EL COSTO POLÍTICO Una acusación anunciada: después de la sesión especial de la Cámara, la oposición confirmó que avanzará con una acusación constitucional contra Rabat. Algunas figuras oficialistas también han manifestado disposición a respaldarla. La primera salida: hasta ahora, la principal consecuencia política concreta ha sido la remoción de Silva. Su salida, sin embargo, no cerró la controversia y distintos sectores continúan exigiendo la renuncia de Rabat. La coalición tensionada: el respaldo del Presidente al ministro abrió diferencias entre los partidos oficialistas, sobre todo entre el Partido Republicano y Chile Vamos. La Moneda ha debido intervenir para contener críticas y mantener alineada a la coalición. 8. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Cerrar la puerta: el Ejecutivo impulsa con discusión inmediata modificaciones para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a estas rebajas y aclarar la aplicación de las exclusiones. El objetivo es acotar el margen de las cortes para interpretar lo contrario. Más allá de la corrección: senadores de distintas bancadas presentaron además una iniciativa para derogar completamente la Ley 19.856, argumentando que el sistema de rebaja por buena conducta se superpone con otros mecanismos de salida anticipada. Foco en las víctimas: Rabat anunció una mesa de defensa de las víctimas, luego de reuniones con organizaciones especializadas. La nueva subsecretaria Josefina Soto asumió con ese tema y la tramitación legislativa entre sus prioridades. 9. EN PERSPECTIVA Una crisis de interpretación: el origen está en una legislación cuya aplicación a condenas anteriores produjo criterios distintos entre el Ejecutivo y las cortes durante varios años. Pero también política: el cambio administrativo se adoptó sin anticipar el impacto que tendría beneficiar a condenados por delitos particularmente sensibles y terminó poniendo bajo presión al equipo de Justicia y a la propia coalición. Información incompleta: parte de la controversia se ha prolongado porque los antecedentes sobre los decretos y beneficiados han aparecido a cuentagotas, solo gracias a publicaciones de prensa. La oposición volvió a exigir este lunes la entrega de los 56 decretos y sus fundamentos. 10. QUÉ VIENE AHORA La acusación constitucional: la oposición prepara el libelo acusatorio contra Rabat y busca reunir antecedentes para fundamentarlo. El resultado dependerá también de cuántos votos pueda sumar entre parlamentarios oficialistas. La batalla legislativa: el Congreso deberá resolver entre distintas fórmulas, desde restringir más claramente el beneficio hasta derogar completamente el sistema de rebaja de condenas. Nuevos frentes: además de la discusión política y legislativava, la Fiscalía Centro Norte investiga, luego de una denuncia ingresada por diputados del PC y del PS, a Rabat y al exsubsecretario Silva por una eventual prevaricación administrativa.