LOS
PROYECTOS PENDIENTES EN LA AGENDA DE PROBIDAD
De
21 iniciativas presentadas hace un año, solo nueve han sido aprobadas por
el Congreso
A pesar de la grave y criticada situación producida en Chile entre la política y el dinero no ha sido
posible aprobar en el Congreso todo el paquete de reformas de la Agenda de
Probidad y Transparencia anunciadas el 11 de mayo de 2015 por la Presidenta Michel
Bachelet en una ceremonia en la Moneda, como consecuencia de los casos Penta,
SQM y Caval.
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Entre los proyectos pendientes de la agenda está la de la
reforma constitucional que limita la reelección de los parlamentarios y que
fijaría un máximo de dos períodos para los senadores y tres para los diputados.
Hasta ahora no se ha podido aclarar el por qué esta diferencia de 2 a 3 entre unos y otros, ya que debería ser igual tanto
para senadores como diputados.
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El Gobierno le puso suma urgencia y en mayo de 2015 fue
revisado por la nueva comisión especial
de Probidad y Transparencia del Senado, encabezada por Ignacio Walker (DC).
Dicha instancia elaboró un informe, y el texto pasó a ser discutido en la sala
el 3 de junio, como informa hoy La Tercera.
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Sin embargo, allí fue frenado debido a los reparos de
diversos senadores -tanto de oficialismo como de oposición-, por lo que se
decidió solicitar un segundo informe a la comisión de Constitución, donde
permanece durmiendo desde ese entonces, agrega el diario. Esto, pese a diversas
ofensivas de diputados que han solicitado al Ejecutivo que ponga discusión
inmediata a la iniciativa.
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Otro de los proyectos que permanecen estancados es el que
crea una nueva institucionalidad: la Dirección General de Concesiones, que
obliga al Ministerio de Obras Públicas a tener una planificación permanente a
cinco años en esta materia, recogiendo las sugerencias de la comisión Engel.
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Dicho texto fue ingresado el 16 de junio de 2015 a la
Cámara, donde pasó a ser revisado por la Comisión de Obras Públicas. Pero, pese
a que el gobierno le puso suma urgencia dos veces, el 20 de agosto de ese año
ésta fue retirada. Desde entonces quedó paralizado.
Otro proyecto que se encuentra en su primer trámite -aunque
con movimiento- es el que tipifica el delito de corrupción entre particulares y
modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios.
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La iniciativa está siendo revisada por la Comisión de
Constitución de la Cámara, instancia que el 6 de abril remitió un oficio a La
Moneda solicitando refundir el proyecto con una moción similar -que había sido
ingresada en marzo de 2015 por diputados de la Nueva Mayoría- que apuntaba a
aumentar las penas para los delitos de cohecho, soborno y tráfico de
influencias. El 17 de mayo, la comisión acusó recibo de un oficio con el visto
bueno del Ejecutivo, por lo que ambas iniciativas se tramitan ahora como una
sola, que hoy cuenta con suma urgencia por parte del gobierno.
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Otra legislación pendiente es la que crea el cargo de fiscal
especial de alta complejidad en el Ministerio Público, que se encuentra
cumpliendo su primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado.
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En el eje relacionado con negocios y mercados, en tanto, aún
se encuentran en tramitación cuatro proyectos: el que crea la Comisión de
Valores y Seguros (en segundo trámite en el Senado), el proyecto destinado a
prevenir y sancionar los conflictos de intereses (en primer trámite en el
Senado), la iniciativa que busca impedir la especulación con los cambios en los
usos de suelo (en primer trámite en la Cámara), y la que establece nuevas
exigencias en materia de transparencia para los mercados (en primer trámite en
el Senado).
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Entre las normas que aún no han sido enviadas al Congreso se
cuentan la reforma constitucional que permitirá crear el defensor ciudadano y
la Ley Orgánica que regulará esta figura, además del proyecto que fortalece la
protección de datos personales, el que -según proyecciones del Ejecutivo- está
próximo a ingresar, agrega La Tercera.
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Entre ellas, la ley que fortalece el Servicio Electoral
(Servel) y la que modifica el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Ambas normas fueron incluidas en la llamada ley de fortalecimiento de la
democracia que, además, establece un nuevo sistema de financiamiento de
campañas, prohibiendo los aportes de las empresas.
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Iniciativas
aprobadas
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Hasta ahora han sido aprobadas la nueva ley de partidos
políticos, las reformas constitucionales que dan autonomía al Servel y la que
establece la pérdida del escaño, la ley que hace obligatoria la educación
cívica en los colegios, la ley de probidad en la función pública -que establece
mayores estándares de transparencia para funcionarios públicos- y la norma que
entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)
y modifica disposiciones para los funcionarios municipales. Igualmente fue despachada la ley que
fortalece el Servicio Electoral (Servel) y la que modifica el Tribunal
Calificador de Elecciones (Tricel). Ambas normas fueron incluidas en la llamada
ley de fortalecimiento de la democracia que, además, establece un nuevo sistema
de financiamiento de campañas, prohibiendo los aportes de las empresas.
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Los
datos del Gobierno
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Entretanto, la Presidenta Michelle Bachelet, resaltando que
su administración trabaja día a día para ponerle atajo a las malas prácticas y
la corrupción en los negocios, ámbito que, según ella, no siempre es bien
abordado bajo el precepto “errado” que la corrupción ocurre solo en el sector
público, la Presidenta Michelle Bachelet participó en la inauguración del
seminario “Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo”.
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En su intervención, la Mandataria repasó cada una de las
medidas adoptadas por su gestión para enfrentar la relación entre dinero y
política y el tráfico de influencias en funcionarios de Gobierno. “Hemos
concretado todas las medidas administrativas de la Agenda, todas las que nos
comprometimos, están ya funcionando”.
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Acotó que “en lo esencial, aprobamos la Ley de Probidad en
la Función Pública, que eleva las exigencias y los controles para los
funcionarios públicos. En ese ámbito, se considera la ampliación de los deberes
de declarar patrimonio e intereses y de abstenerse frente a potenciales
conflictos de interés. Asimismo, crea la figura del fideicomiso y la obligación
de enajenar ciertos bienes, en el caso de las altas autoridades, incluyendo
-ciertamente- al Presidente o a la Presidenta de la República”.
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Los datos entre la prensa, como La Tercera, varían en cuanto
a las iniciativas de ley sobre la materia,
ya que la Presidente habló que de 19 proyectos hemos enviado 16, siete
ya han sido aprobados y otros están en la Cámara de Diputados. Hay dos
proyectos de ley que no hemos ingresado, el de Protección de Datos Personales y
el del Defensor Ciudadano. Los dos se están trabajando para ingresarlos
prontamente”.
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En el área de la política contingente, la Jefa de Estado
también destacó que “hemos prohibido el aporte de las empresas a la política,
poniendo límites al gasto electoral y sancionando firmemente a quienes
infrinjan las normas sobre financiamiento, incluyendo la pérdida de cargo para
los infractores y penas de prisión para los casos más graves”.
