28-4-2014-KRADIARIO-N°895
EL DEBATE POR LAS REFORMAS OCULTÓ EL FRACASO DE LA POLÍTICA
ANTI DELINCUENCIA DEL GOBIERNO DE PIÑERA
Por
Hernán Ávalos Narváez (*)
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La discusión por las
reformas en el país dejó en segundo plano el crecimiento de la delincuencia con
que Sebastián Piñera entregó el Gobierno el 11 de marzo pasado. El silencio de la
derecha frente a esta realidad, confirma el fracaso de su política para prevenir
y controlar la criminalidad en el país.
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Este
análisis resulta necesario para la comprensión de la acción delictual en una
sociedad segmentada y desigual como la nuestra, habida cuenta que una de las
ofertas electorales más recurrentes de Piñera en la campaña que lo llevó al
sillón de La Moneda fue que cuando llegara al poder, pondría fin a la
delincuencia.
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Pero la
estadística oficial dijo otra cosa. En efecto, en el período enero, febrero y marzo
último el Ministerio Público recibió 10.425 denuncias por robo con sorpresa,
más conocido como “lanzazo”, lo que representa un aumento del 30,64% de este
delito, en comparación con igual período del año 2013.
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Ese mismo
organismo encargado de investigar y llevar adelante la acción penal recibió
11.192 denuncias por robo con intimidación o “asalto a mano armada” en el
primer trimestre de este año, con un incremento del 17,30% de este delito,
comparado con igual período del año pasado.
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El
delito de robo supone el ejercicio de la violencia por parte de sus ejecutores.
Y las cifras de denuncias, el comportamiento de las víctimas para recurrir al sistema
de persecución penal, sea a los cuarteles policiales o directamente a las
fiscalías, para recuperar sus bienes, ubicar y sancionar a los responsables
conforme a la ley.
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El
eslogan de “la puerta giratoria” para quienes delinquen no deja de ser una falacia.
Porque si el Ministerio Público, con auxilio de las policías y demás órganos
del Estado, realiza una investigación oportuna y comparece a los tribunales con
pruebas y evidencias, los jueces no pueden hacer otra cosa que imponer sentencias
condenatorias.
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El robo
en todas sus formas es por lejos el delito de mayor ocurrencia en el país.
Incluso el robo con intimidación agravado tiene una condena de hasta cinco años
de presidio, equivalente a la pena por homicidio simple. El catálogo de sanciones
para quienes delinquen no podría ser más drástico con el robo. Por eso la tasa
de población chilena encarcelada es la segunda más numerosa de América después
de la estadounidense.
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¿Entonces
por qué fracasó la política anti delincuencia de Piñera?
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Primero
porque su enfoque es errado. La delincuencia no se termina. Con una adecuada
política integral es posible controlarla, morigerarla o en el mejor de los
casos impedir que siga aumentando. Pero ponerle fin es una quimera.
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Segundo, la delincuencia es
un fenómeno estructural, con raíces profundas en la sociedad.
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Tiene que ver con
la educación deficiente de una mayoría de la población, con la cultura
callejera de la esquina, con la pobreza y la marginalidad social, con los débiles
valores ético-morales, con una economía centrada en el lucro y no en el hombre,
con los abusos del mercado, con la desigualdad irritante en los ingresos, con
la sombra del desempleo, con la falta de oportunidades para los jóvenes, con la
segregación laboral de la mujer, con la publicidad masiva para estimular el
consumo y el endeudamiento, con la pobre rehabilitación de convictos y
drogadictos, con la insuficiente reinserción social de quienes delinquen, con
la ineficiente prevención y control del delito, entre otros factores.
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Luego
los mayores esfuerzos del Gobierno de Piñera estuvieron en la prevención y el
control, descuidando la rehabilitación, la reinserción social de los condenados
y los demás factores mencionados. Incluso los ministros del Interior Hinzpeter,
primero, y Chadwick después, hicieron críticas públicas a la gestión de los
fiscales del Ministerio Público y luego a los jueces de garantía y a los
propios ministros de Cortes por sus fallos, en un intento por influir en las
sentencias condenatorias, o justificar el fracaso de la política gubernamental.
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Pero se
equivocaron, porque el sistema de persecución penal está diseñado para funcionar
con eficiencia cuando los intervinientes actúan de modo coordinado: los
fiscales del Ministerio Público, órgano autónomo del Estado, dirige la
investigación con auxilio de las policías y demás entidades estatales que
dependen, administrativamente, del Gobierno; los jueces que conforman uno de
los tres poderes del Estado con la responsabilidad de cautelar el debido
proceso e imponer sentencias conforme a las leyes y el Derecho.
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Es de
esperar que el Gobierno de Bachelet aprenda las lecciones de la historia,
cumpla el mandato que le dio el electorado y ejecute la política integral y
humanista para controlar la delincuencia mencionada en su programa.
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(*) Periodista U. de Chile
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la titular
del Sernam, Claudia Pascual, se reunieron hoy para discutir las iniciativas en
torno a la Ley sobre el Aborto para enviarlo al Congreso para su tramitación.
