PROCESO CONSTITUYENTE:
REFLEXIONES Y PROPUESTAS
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A pocas semanas de convocado el proceso constituyente lo cierto es que los chilenos han asumido un rol protagónico en el escenario político y social, y mal que les pese a algunos opositores, el país está desarrollando un histórico debate ciudadano en torno a su futuro.
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Convocados a un proceso constitucional, en busca de una Carta Magna que de cuenta de la realidad, de las demandas democráticas y del progreso social, los ciudadanos, han asumido con entusiasmo el desafío, superando su desconfianza legitima en la clase política y dejando de lado las reticencias con que la Derecha y El Mercurio, los Piñera, los Edwards o los Larraínes y otros han intentado sabotear la iniciativa.
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En esta etapa inicial lo que interesa es que se escuche la voz colectiva, mayoritaria, y sobre todo organizada, de los ciudadanos, que constituye el poder y la legitimidad de la democracia.
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Esta es la única fórmula para, no solo expresar las demandas nacionales, ciudadanas, sino para corregir las insuficiencias o dificultades que puedan darse en un proceso inédito, de aprendizaje en el escucharse, en una discusión hecha con respeto.
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Extrema derecha
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La extrema derecha insiste hasta ahora en negarse a la evidencia de la voluntad nacional de cambios, de la necesidad de las reformas, y rechazan con altanería y dogmatismo a figuras de su propio entorno que con pragmatismo instan a mostrar una dosis de realismo.
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La contradicción clave sigue siendo entre la democracia y sus enemigos, entre los partidarios de la participación ciudadana y los que siguen temiendo al pueblo soberano, y siguen intentando deslegitimar, caricaturizar y sabotear la demanda de una nueva Carta Magna.
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El gran objetivo nacional es el logro de un acuerdo constitucional que dé cuenta de lo que la sociedad nacional precisa, en calidad de normas jurídicas de convivencia, de derechos sociales e individuales, de marco institucional para una ciudadanía empoderada, participativa y protagónica, para un Chile democrático, justo y soberano.
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La responsabilidad, derecho y deber, que no podemos eludir, en nuestra calidad de ciudadanos, es participar, opinar, tomar la palabra, tomar partido, ya sea individual como colectivamente en la instancia social que nos corresponda, en el cabildo y en todas las tribunas a nuestro alcance, para que con el aporte de todos lleguemos a la formulación de acuerdos y propuestas comunes.
La Constitución debe ser el marco jurídico fundamental para regir la vida política y social de la nación, representando los intereses, necesidades, demandas, derechos y deberes, proyectos y perspectivas de la sociedad en su conjunto.
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La nueva Constitución debe partir por reconocer como piedra angular de su legitimidad y valor fundacional, ejercicio de la sobernía popular y los derechos
ciudadanos, junto con el inalienable carácter democratico del sistema politico
estatal y social.
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Se trata de un principio que debe cruzar y dar el sustento a todo el sistema institucional del país, y definir el rol central del Estado en lo que respecta a los derechos ciudadanos, su rol participativo y protagónico y sus deberes.
En este concepto, el Estado tiene un rol inalienable en la educación pública, el derecho a la salud, a una vivienda digna, a una educación gratuita y de calidad, a la seguridad ciudadana y nacional, así como en la definición de las tareas económicas estratégicas (agua, energía, combustible, medio ambiente, bosque, glaciares, minerales),riqueza pesquera, derecho a la comunicación y la información y otras materias.
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El Estado debe abrirse a reconocer por ejemplo los diversos tipos de familia existentes en la realidad actual del país, junto a la familia tradicional monoparental, patriarcal, definida meramente como “núcleo fundamental de la sociedad”.
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En Chile, una de cada cinco familias es encabezada solo por una mujer “jefa de hogar”, pero está abierta la alternativa – y de hecho crece su número de familias de parejas homosexuales y con hijos, o de núcleo familiar encabezado por abuelos o tías.
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Por otro lado la defensa y seguridad nacional- en sus ámbitos militar y de situaciones de emergencia- son un bien de responsabilidad estatal, colectiva, social, política y militar, además de los aspectos profesionales derivados de su institucionalidad.
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La planificación estratégica y su financiamiento (Presupuesto, Doctrina, su relación con la diplomacia, tareas económicas, relación cívico-militar, dependencia, subordinación y grados de autonomía con la autoridad política), son materias especificas pero no ocultas al escrutinio público.
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La nueva Constitución debe establecer como una norma constitucional la defensa y respeto de los Derechos Humanos, en toda su dimensión: derecho a la vida, a la integridad, al pensamiento político o creencia religiosa, a la dignidad, al trabajo, a la diversidad sexual, a la raza, a la cultura,
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Toda violación de los Derechos Humanos debe ser condenada como un delito de lesa humanidad, sin prescripción alguna.
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Ese es el fundamento que define los principios, los mecanismos, las estructuras, el espíritu, los alcances y los limites, las exigencias, la institucionalidad, las conductas que rigen la vida de este cuerpo social llamado país, este proyecto nacional llamado Chile.
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Esto significa que debe contemplar, no solo el derecho a elegir y ser elegidos, y la correspondiente pedagogía de la educación cívica que resalte la participación política tanto como un deber y como un derecho fundamental, que en conjunto de otros derechos políticos permita y fundamente el pleno ejercicio de la democracia por parte del conjunto de los ciudadanos del país.
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Así la nueva Constitución debe establecer que Chile es un país
democratico, laico, descentralizado, pluriétnico, cuyos ciudadanos, a través
del ejercicio y pleno derecho a la participación son depositarios y ejercen la
soberanía, a través de los mecanismos e instituciones que esta misma Constitucion establece.
La soberanía ciudadana es el valor fundacional de la democracia chilena. La Constitución debe reconocer como derechos fundamentales de los ciudadanos – y establecer la forma de su ejercicio- de la iniciativa de ley, la
rendicion de cuentas públicas de las autoridades, la revocacion por parte de la
ciudadanía y en las condiciones establecidas por la ley, de las autoridades
polìticas del estado (presidentes (a),legisladores, intendentes, gobernadores,
ediles, concejales).
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La expresión máxima de la democracia representativa y de la autoridad estatal es el plebiscito, que podrá ser convocado por los ciudadanos, el Presidente o Presidenta de la República o el Poder Legislativo, de acuerdo a las condiciones que establezca la legislación correspondiente.
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El Estado- Gobierno, el Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, la estructura de Tribunales, Fiscalía, Defensoría, Fuerzas Policiales- deben garantizar los Derechos Humanos, el ejercicio ecuánime de la Justicia, el combate a la delincuencia y la defensa de la seguridad pública, y políticas estatales de rehabilitación y de reinserción de la población penal.
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La Carta Magna debe establecer el respeto irrestricto, la defensa y la promoción de los Derechos Humanos, el rechazo al uso de las instituciones armadas y la fuerza militar como elemento en la lucha política, lo que debe ser considerado un crimen de lesa humanidad y perseguido y castigado como delito de traición a la Patria.
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Carácter pluriétnico
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La Constitución al reconocer el carácter pluriétnico del Estado, reconoce a los pueblos originarios de Chile (Mapuches, Aimaras, Quechua, Rapa Nui, Alacalufe, Atacameños, Colla, Yagán), sus derechos históricos, territoriales, culturales, religión. Al mismo tiempo genera las instancias de participación en la institucionalidad del Estado, sus instancias de participación política y administrativas (parlamentos, órganos territoriales, reconocimiento del idioma, sistema educacional pluriétnico integrador, tribunales de justicias, medios de comunicación, etc.). Se eliminan los instrumentos de subordinación, discriminación y “asimilación” contenidos en diversos artículos, capítulos de la Constitución en proceso de reforma y la legislación vigente, reglamentos y disposiciones y prácticas culturales
La nueva Constitución debe contemplar- y por ende es tema de controversia en el proceso constituyente en desarrollo- las definiciones en cuanto a la propiedad. – privada, social, cooperativa, estatal-.
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Rol estratégico del Estado
Asimismo debe restablecer el rol estratégico del Estado en la vida económica y social del país, que fue jibarizado al establecerse el concepto del rol subsidiario del Estado, .
subterfugio jurídico implantado por los ideólogos constitucionalistas de la dictadura, para “expropiar” al Estado de sus bienes o actividades económica (en particular de las riquezas nacionalizadas por otros gobiernos y por consideraciones estratégicas, y de las reservas monetarias acumuladas por el sistema previsional vigente hasta 1973) y dejarle el rol de otorgar “seguridad jurídica” para legalizar el robo de los recursos de los chilenos.
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El Estado debe recuperar su rol estratégico en la economía nacional, que por lo demás creó en los años 40 las bases de la industrialización del país, desarrolló su economía, elevó el nivel educacional de Chile y en los 60 y principios de los 70, desarrolló la agricultura sobre la base de la Reforma Agraria, y convirtió al cobre en la “viga maestra” del país con la nacionalización del Cobre.
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El proceso constituyente en desarrollo, es necesario asumirlo, es sin duda un campo de confrontación ideológica, política y social crucial.
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Es fundacional- en tanto aspira a desarrollar un proyecto de país del siglo 21- y responder a demandas largo tiempo aplastadas por la dictadura militar derechista de Pinochet (1973-1990), como por un modelo económico social, claramente decimonónico en lo valórico, oligárquico en la estructura de poder.
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Participar, asumir el desafío, es una responsabilidad histórica y debemos responder a ello como corresponde.
