EL TEMA DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA SE VE "COLOR DE HORMIGA"

Complicado se ve para el Gobierno el cumplimiento de la promesa de la gratuidad universitaria que está contenida en la glosa presupuestaria que fue declarada discriminatoria y arbitraria la última semana por el Tribunal Constitucional (TC) y que en el mensaje presidencial del 21 de mayo fue presentada como la mayor oferta que podía hacer el gobierno para el 2016.

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Después que el TC de a conocer el texto del fallo, el gobierno tendrá seis días para idear una fórmula que logre beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes vulnerables. Esto, ya que el 27 de diciembre comienzan las postulaciones a la Educación Superior.

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La resolución del TC acogió la solicitud de la oposición sobre la inconstitucionalidad de los requisitos que planteaba el Ejecutivo para que las universidades privadas,  que no pertenecen al Consejo de Rectores,  accedieran a la gratuidad.

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De esta manera, ahora el gobierno no podrá exigir como requisito tener al menos cuatro años de acreditación, ni tener mecanismos de participación estudiantil en sus estatutos. Tampoco podrá exigir no contar con sociedades relacionadas que puedan lucrar.

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En este contexto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que "vamos a buscar la manera más apropiada para poder llegar al mayor número posible de estudiantes, pero no podemos con los recursos públicos financiar cualquier tipo de institución o carrera", según La Tercera.

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En este contexto, el gobierno expresó que lo único seguro hasta ahora es que 140 mil estudiantes matriculados en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) sí ingresarán al beneficio.

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“Nosotros siempre hemos dicho que contamos con herramientas que nos permiten dar comienzo a la gratuidad en las universidades del Cruch, diría que ese es el piso con el que partimos", dijo el portavoz de La Moneda, Marcelo Díaz.

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Según consignó La Tercera, dichas herramientas tienen que ver con que por ley las instituciones del Cruch pueden recibir recursos mediante convenio marco, en el caso de las Universidades estatales; y aportes basales por desempeño, para las privadas tradicionales.

Considerando que el beneficio apuntaba a 220 mil estudiantes, en el gobierno deben decidir cómo distribuyen los recursos de los 60 mil alumnos que ya no podrán ser beneficiados. En esa fórmula es la que trabajan los equipos técnicos y las opciones dejarían fuera a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch.

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"Si se redistribuye en función de la realidad del fallo, los estudiantes del Cruch están asegurados. Se ha definido que los estudiantes de CFT e IP van a recibir un aumento de las becas, pero aquellos de universidades privadas que inicialmente estaban contempladas hoy están en duda, lamentablemente por una consecuencia de este reclamo al TC", dijo el presidente de la Cámara Baja, Marco Antonio Nuñez.

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Las alternativas que se barajan

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El gobierno baraja dos alternativas para sacar adelante la gratuidad para el próximo año.

La primera de ellas es a través de una vía administrativa, mediante la reasignación en becas y fondos basales a las Universidades del Cruch.

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La segunda, es la elaboración de una ley corta para entregar aportes basales a otras instituciones como IP y CFT. Según Núñez, dicha alternativa "cada días se hace más viable". "Una ley corta, tramitada durante estas semanas antes del 26 de diciembre, para que el 27 cuando los estudiantes comiencen a postular haya claridad sobre la gratuidad universitaria", explicó el diputado a 24 Horas.

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Propuesta de la oposición

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Por su parte, hoy la oposición presentó a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, una propuesta que contempla reasignar los recursos que, en el marco de la ley de fin del copago, el lucro y la selección, destinó el Ejecutivo para la compra de infraestructura de los colegios particulares subvencionados, por un monto que alcanza los US$ 400 millones.

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Según los diputados de Chile Vamos, con esta reasignación se lograría beneficiar a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable en instituciones acreditadas por 4 años, de manera que “en vez de gastar fierros y ladrillos de colegios que ya existen, esos dineros vayan a los estudiantes más vulnerables del país, sin discriminación arbitraria”.

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Desde el PPD, el timonel Jaime Quintana rechazó la propuesta de la oposición y aseveró que "la UDI sólo está pensando en el lucro".

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"Aquí quien es responsable de que tengamos hoy en vilo a cientos y miles de estudiantes, con incertidumbre de cómo van a financiar sus carreras, el responsable no es otro que la UDI", dijo Quintana.

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"La UDI tiene que asumir su responsabilidad en esta materia. No se puede con una mano echar abajo la gratuidad y con la otra venir acá a levantar propuestas populistas. Eso es poco serio (...) el argumento de la discriminación eso ya no tiene ningún sentido y no se lo cree nadie. La UDI no está pensando en los estudiantes vulnerables, esta solo pensando en el lucro", añadió el presidente del PPD, como publicó La Tercera.

PERSEGUIDO DEL ESTADO CHILENO RECIBE PENSIÓN COMO ASILADO POLÍTICO

¡VAYA LA CONTRADICCIÓN!

El procesado Galvarino Apablaza,  por el asesinto del senador Jaime Guzmán Errázuriz, recibe una pensión mensual del Estado de Chile junto al ingreso que percibe en Argentina como asilado político. La UDI, partido político creado por Guzmán,  pidió al Gobierno chileno intervenir e impedir el beneficio.

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A pesar de que el ministro investigador de este homicidio, Mario Carroza, pidió su extradición a Argentina, la Comisión Valech II lo reconoció como víctima, por lo que debiera recibir una pensión mensual del Estado de cerca de 175 mil pesos.

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Según consigna El Mercurio, la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, confirmó que Galvarino Apablaza fue calificado para recibir los beneficios que entrega el Estado a las víctimas de prisión política y/o tortura durante el régimen de Augusto Pinochet.

Además, el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre 1988 y 2001 está tramitando la recepción de un bono por un millón de pesos. Al respecto, Silva dijo que toda persona reconocida por la Comisión Valech I o la Comisión Valech II puede acceder a los beneficios concedidos, salvo que ocupe un cargo de elección popular o sea autoridad pública, y precisó que “la ley no establece ninguna otra exclusión”.

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Patricia Silva, explicó a El Mercurio, que el bono “es un beneficio adicional a lo que ya debe haber estado recibiendo” como una pensión mensual, becas y beneficios en materia de vivienda. “Este bono no es más que una reparación parcial que está haciendo el Estado de Chile”.

Silva precisó que Apablaza fue reconocido como sujeto de tortura y/o de prisión política por la segunda comisión, “¿Las razones? Está todo esto bajo reserva. Ni usted ni yo podríamos saber“.

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UDI pide intervención del Gobierno

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La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, afirmó que “es una burla que un terrorista procesado por la justicia esté tramitando pensiones como si fuera una víctima”.

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La diputada agregó que ya están trabajando para presentar un proyecto para que se limite la posibilidad de recibir beneficios del Estado a personas que están siendo investigadas por “hechos de sangre”.

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Mientras que el diputado Felipe Ward, diputado UDI, sostuvo que Apablaza además de ser un “delincuente” es “un sinvergüenza”, por lo que el Gobierno debería impedir que se le entregue el beneficio.

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“El señor Apablaza no es solo un delincuente, es un sinvergüenza, y obviamente que este gobierno debiera impedir la tramitación del bono que está pidiendo”, dijo Ward.

EL POLÍTICO DC QUE FUE DESPLAZADO POR OTRO DC: LIBRO DE FRANCISCO HUENCHUMILLA  

El periodista de origen mapuche Pedro Cayuqueo escribió un libro sobre un valioso personaje de la política chilena que fue finalmente anulado y separado por el gobierno de Michelle Bachelet, dejándolo en una situación personal muy difícil. Se trata del ex intendente de la Araucanía y ex Parlamentario Francisco Huenchumilla. La Presidenta tomó la decisión de pedirle la renuncia  tras ser aconsejado por el ministro del Interior, Jorge Burgos, de quien se dice que fue uno de sus principales errores como secretario de Estado.

La obra de investigación y relato se titula "Huenchumilla, la  historia del hombre de oro”, publicado por la editorial Catalonia. En 294 páginas, el periodista y escritor cuenta los años de niñez de la ex autoridad en los cuales tuvo que lidiar con la disciplina de su padre y varias pérdidas familiares.

“Francisco Huenchumilla Jaramillo nació en Temuco el 15 de junio de 1945. Fue el menor y único varón en una familia golpeada por las enfermedades. Y la muerte. De los cinco hijos de Francisco Huenchumilla Pichihueche y Blanca Jaramillo Ribera, tres murieron de enfermedades hoy curables. Graciela, de meningitis a los 11 años. Irene, de tuberculosis a los 21. Y una tercera antes de nacer”, dice el libro de Cayuqueo (foto abajo).
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En un año marcado por los atentados incendiarios en el sur del país, la protesta de camioneros y el permanente conflicto en La Araucanía, Francisco Huenchumilla se alzó como una de las figuras claves del Gobierno acercándose al mundo mapuche más que cualquier otra autoridad. Eso hasta agosto cuando la Presidenta decidió removerlo de la Intendencia de manera sorpresiva, lo que generó un amplio rechazo mapuche.

"De carácter fuerte y estampa seria, Huenchumilla siempre destacó por su poco filtro a la hora de responder a críticas incluso a su mismo sector. Sin embargo, detrás de esa presencia de político duro, el ahora ex intendente arrastra una cruda historia familiar que incluye muertes y discriminación.

Pero eso no fue todo. Y es que “cuando Huenchumilla, igual que el autor del libro también de origen mapuche,  tenía 11 años, murió su madre, también de tuberculosis. Fue un golpe devastador para la familia, cuenta Yolanda”, hermana del ex intendente.  “Fue lo más terrible que nos pasó. Francisco tenía 11 años y yo 17 y juntos vimos morir a nuestra madre. Ella se despidió de nosotros, lloraba, sabía que le quedaban pocas horas, minutos de vida, estaba ya desahuciada, muy mal por su enfermedad, sufrió mucho. A Francisco no le gusta recordar ese momento, lo evita. Él lloraba desconsoladamente al pie de la cama, era un mar de lágrimas ese día”, cuenta su hermana.

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Como si todas las muertes anteriores no fueran suficientes, cuando Francisco Huenchumilla cursaba sexto año de preparatoria en Padre Las Casas, también murió su abuela Juana en Licanco, a quien la ex autoridad apreciaba mucho.

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El siguiente en la lista de la muerte que rondaba a la familia parecía ser el propio Francisco Huenchumilla Jaramillo. El hecho ocurrió en 1960, cuando el ex intendente se fue internado de Padre Las Casas al seminario de San José de la Mariquina para ser sacerdote. Cayuqueo cuenta que “a poco de llegar, Huenchumilla enfermó gravemente de tuberculosis y comenzó a pasar más tiempo en el hospital que en el internado”.

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“Estuve cerca de cuatro años enfermo, de los 13 a los 17, en ciertos periodos muy grave”, recuerda el ex jefe regional.

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En 1961, el médico que lo atendía le señaló a los curas que la enfermedad avanzaba sin control, que no había nada que hacer ahí y que debían enviarlo a Santiago cuanto antes, al Sanatorio el Peral.
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Con ese complicado panorama en la espalda, Huenchumilla prefirió callar y no contar nada a su padre.
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“Fui un adolescente triste, melancólico, increíblemente solitario. Viví una soledad tremenda, con momentos, de mucha pena. Mi estado normal era de decaimiento”, recuerda en el libro.

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En medio de esa desesperación, Huenchumilla decidió escribirle al padre Pío. Lo hizo en latín contándole su historia de vida. En febrero del 62, el joven recibió la respuesta de Roma: “Con todo gusto el padre Pío orará por tu salud. Y las hermanas también. Ten fe”.

“Creo que Dios me salvó para algo (…) Mi apellido significa 'hombre de oro'. Y así me siento, soy ante todo un optimista. Yo tengo energías positivas. Todo lo que toco le va bien y se lo digo a la gente, a las personas, a las señoras, a las viejitas en los campos. ¡Tengamos energías positivas!, les digo. La gente sufre mucho por la pobreza, por las enfermedades, por las injusticias. Yo viví todo eso con mi familia de origen y lo logramos superar”, cuenta.

Como tantos niños mapuches, Huenchumilla también vivió en primera persona la discriminación y fue un episodio que se le quedó grabado hasta ahora. 

YA ERA HORA: HACE 249 DÍAS QUE CHILE ESTÁ SIN CONTRALOR

Fue propuesto Jorge Bermúdez, ex asesor del Ministerio de Defensa en la era Piñera

La presidenta Michelle Bachelet propuso al abogado Jorge Bermúdez Soto para el cargo de contralor general de la República para reemplazar definitivamente al ex contralor Ramiro Mendoza, quien terminó su período de ocho años hace más de 249 días.

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El Ministerio del Interior confirmó que la mandataria propuso el nombre mediante la firma de un oficio este lunes.

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El nombre deberá ser ratificado por 3/5 de los senadores en ejercicio para que finalmente se rompa con la prolongada vacante del cargo.

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Bermúdez es abogado titulado de la Universidad Católica de Valparaíso y especialista en derecho ambiental. En sus antecedentes figuran asesorías a diversos organismos del Estado y a empresas como Enap, Codelco y EPV.

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En el gobierno de Sebastián Piñera asesoró al Ministerio de Defensa cuando era liderado por el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand.

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En su calidad de experto expuso en la Cámara de Diputados, presentó argumentos de rechazo a las acusaciones constitucionales contra los ex ministros de Educación, Yasna Provoste y Harald Beyer, los que finalmente fueron destituidos de sus cargos.

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Con esta propuesta, el Gobierno pretende dejar atrás el bullado rechazo al nombramiento de Enrique Rajevic, quien no logró consenso en octubre para asumir en el puesto ocupado como titular por Ramiro Mendoza hasta el 10 de abril de este año.

CONTROLADORES AÉREOS INTENTAN PARALIZAR OTRA VEZ TODO EL "CIELO" DE CHILE A SOLO DÍAS DE NAVIDAD 

Gobierno: "Jamás deben poner a los ciudadanos en el medio de las disputas"

Lan cierra venta de pasajes para no perjudicar a más personas interesadas en viajar esta semana

Frente al anunciado nuevo paro de los controladores aéreos, el portavoz del Palacio de La Moneda, Marcelo Díaz, hizo un llamado al diálogo a los funcionarios para que la paralización anunciada para este jueves y viernes, finalmente no se concrete.

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El ministro trasmitió el mensaje oficial a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a retomar el diálogo luego del fracaso de las negociaciones entre ambas partes, que derivó en la convocatoria al nuevo paro nacional de 48 horas, que  para el próximo 17 y 18 de diciembre. Acerca de si planean movilizarse para Navidad y Año Nuevo, dirigentes del gremio dijeron que evalúan dicha posibilidad, reconociendo que se trata de fechas importantes

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Tras conocer la decisión de los trabajadores, el vocero de La Moneda indicó que "nos preocupa enormemente que haya una paralización de la DGAC en fechas tan sensibles como fiestas de fin de año, que mucha gente utiliza para reunirse con sus familias y poder pasar las festividades con ellos".

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"Vamos a seguir, lo hemos dicho permanentemente, en la conversación y el diálogo con los distintos actores y esperamos que ese diálogo nos permita, ojalá en lo posible, que este paro no se materialice", enfatizó.

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En ese contexto, el secretario de Estado subrayó que "siempre hemos dicho que entendemos que las reivindicaciones de distintos actores del sector público son y pueden ser muy legítimas, pero jamás deben poner a los ciudadanos en el medio de esa disputas o diferencias". "Así que esperamos que el diálogo impida que dicha paralización tenga lugar", concluyó.

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Ayer, los funcionarios informaron de la decisión a través de un comunicado de prensa, en el cual acusaron que tras dos meses de negociaciones con el Ejecutivo, no se llegó a resultados favorables para los trabajadores. Las negociaciones fueron llevadas a cabo con el Ministerio de Defensa, de Hacienda y de Interior para resolver la situación previsional de los funcionarios de la DGAC. 

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Solicitamos a la opinión pública aceptar nuestras excusas por el eventual daño que pudiésemos provocar a sus intereses", sostuvieron los trabajadores en el comunicado.

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La paralización anunciada se llevará a cabo a partir de las 00:00 horas del día 17 de diciembre y se extendería hasta el día 18 del mismo mes. No obstante, según se dijo, la acción de protesta puede tener carácter de "prorrogable".

El presidente de los trabajadores de la DGAC, José Pérez, indicó que el paro tiene su razón en lo que llamaron una mala propuesta del gobierno para mejorar su condición provisional. Detalló que los funcionarios deben imponer por la mitad de su sueldo y recordó que esta situación se vive desde hace 30 años, pese a que hace ocho negocian con la autoridad.

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El directorio nacional de la Anfdgac sostiene que la movilización es motivada por la incapacidad del Ejecutivo para “resolver la incertidumbre de la situación previsional de los funcionarios de la DGAC”, y luego añade que “somos los únicos trabajadores y trabajadoras del país que se encuentran en esta situación por una decisión arbitraria ejercida en dictadura durante noviembre de 1985”.

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El 11 de noviembre de 1985, los funcionarios de la DGAC fueron trasladados desde el sistema previsional de reparto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capradena) de las Fuerzas Armadas, al sistema de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP). 

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Por esa razón, los funcionarios demandan el regreso al antiguo sistema, exigiendo un traspaso masivo nuevamente a Capredena. El dirigente también señaló que el paro fue ratificado por el 90% de las bases, y que esperan el resultado de la Asamblea Autónoma de Controladores Aéreos, que votarán de forma online desde las 15 horas.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez lamentó el quiebre de la mesa de negociación que mantenían los trabajadores de la DGAC y declaró que ya existe un plan de contingencia ante la realización de este paro.

Junto con eso, señaló que fue informado de la paralización mediante un correo electrónico y no en las conversaciones que realizaban en dicha mesa.

El Colegio de Controladores (ATC Chile) en conversación con La Tercera explicó que desde hoy y por las próximas 24 horas se encuentran en un periodo de consulta a las bases de la organización para determinar su posición respecto a las demandas previsionales que solicitan los funcionarios que paralizarán sus labores.

Héctor Ibarra, presidente del ATC Chile, comentó que durante el paro anterior ocurrido en septiembre de este año, ellos conformaron una mesa de trabajo junto al Ministerio de Defensa para tratar materias de seguridad que son su principal preocupación.

Sin embargo, es necesario realizar una consulta a las bases para que la decisión tomada represente a todos los funcionarios del gremio. De obtener una respuesta positiva a la movilización, los usuarios finales que tengan viajes programados para este jueves 17 y viernes 18 podrían ver afectados sus tiempos de viaje, ya que la falta de controladores en los aeropuertos podría obligar a suspender o retrasar los vuelos, situación ocurrida en septiembre cuando los trabajadores sí se unieron a la jornada de protesta.

Durante la tarde de mañana  martes se podrá determinar si los controladores aéreos se sumarán a esta movilización o continuarán con normalidad sus funciones durante las 48 horas de paro.

Desde la Dirección de General de Aeronáutica Civil (DGAC) señalaron que este gremio es fundamental para el correcto funcionamiento del aeropuerto y la llegada y salida de los distintos vuelos.

Esta mañana a través de una declaración pública, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha confirmado la movilización anunciada por los trabajadores del gremio.

Además, la institución destacó que "esto evidentemente pudiera llegar a afectar algunos puntos de los servicios que entrega la DGAC en los distintos aeropuertos y aeródromos del país", por lo que "se están haciendo esfuerzos para la continuidad del diálogo y también, para poder atender en forma adecuada la demanda de los pasajeros y poder mitigar sus efectos, con medidas que se encuentran en proceso de definición en conjunto con las autoridades correspondientes".

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Monitoreo constante

La empresa LAN también se refirió al paro de los trabajadores aeroportuarios anunciado para este jueves y viernes. A través de un comunicado la entidad señaló que "está monitoreando constantemente la situación para comunicar a sus pasajeros respecto a cualquier cambio de itinerarios de manera oportuna". Asimismo, sostuvo que "se encuentra a la espera de información oficial por parte del Gobierno, para definir las medidas necesarias con el fin de mitigar el fuerte impacto que esta situación, ajena a la responsabilidad de LAN, pudiese llegar a ocasionar a sus pasajeros en vísperas de las fiestas de fin de año". Por último, la empresa sugirió a sus clientes que revisen "permanentemente la sección 'Estado de Vuelo' en LAN.com donde se mantendrá actualizada la información".

El gerente general de LATAM, Gonzalo Undurraga, señaló que cerrarán “todos los vuelos del día 17 y 18 a la venta. Todos los vuelos internacionales y nacionales para no afectar -eventualmente- a más pasajeros”.

Además, precisaron que durante estos días, hay más de 74 mil pasajeros, alcanzando un total de 500 vuelos potencialmente afectados durante esos dos días.

El desglose de esta información exhibiría que 42 mil pasajeros vuelan dentro de Chile, 16 mil lo realizan al extranjero desde Chile, mientras que 16 mil lo realizan desde el extranjero al país.

“Tenemos la esperanza que las conversaciones, que entendemos aún están abiertas entre el Gobierno y la Asociación, hagan que no se haga efectivo este paro para el bien de nuestros internacionales, nacionales”.

Junto con eso explicaron que todos los pasajeros con vuelos en el periodo afectado podrán acogerse a alguna de las siguientes opciones:

1. Adelantar su viaje entre el 14 y el 16 de Diciembre ambos inclusive sin cobro de multa.

2. Postergar su viaje hasta 15 días después de la fecha de vuelo original sin cobro de multa.

3. Realizar un cambio de ruta hasta la vigencia del boleto, sin cobro de multa, pero pagando las diferencias de tarifa que pudieran generarse.

Además, el grupo precisó en un comunicado que esperan que la conversación de la DGAC y el Gobierno avance para que este paro no se concrete.

El paro de septiembre

En el paro de 24 horas efectuado el 15 de septiembre, el mismo vocero de Gobierno Marcelo Díaz  puntualizó que "más allá de la imagen, esto nunca había ocurrido en la historia de Chile, pero nos preocupan las consecuencias para las personas".

La huelga afectó entonces a 12 terminales aéreos y 3.000 trabajadores. Los pasajeros que serían afectados llegaría a los 70.000.

"Seguimos monitoreando esta situación a la espera de una respuesta satisfactoria", agregó Marcelo Díaz.

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"Estamos preocupados por las consecuencias que tiene el paro de casi 70 mil personas que se programaron para disfrutar de Fiestas Patrias en el país. Hay un diálogo del Ministerio de Defensa con los dirigentes de la DGAC y esperamos que llegue a una solución, la voluntad de diálogo del gobierno ha estado permanentemente, esperamos llegar a un acuerdo en las próximas horas", dijo entonces sobre el paro el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz (Leer en Kradirio).

En medio de ese paro de un día que realizaron los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los trabajadores respondieron a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien calificó de "totalmente ilegal" la movilización.

"Esta movilización es absolutamente ilegal. Son funcionarios públicos y no están dentro de lo que estamos legislando hoy día. Todo lo que dice relación a la forma en la que el sector público negocia será abordado en un proyecto de ley distinto, lo tenemos dentro de los acuerdos con los funcionarios públicos en el Gobierno", dijo la secretaria de Estado.

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Lo mismo ocurrió en la reciente huelga del Registro Civil de más de un mes de duración, Parece que la ministra Rincón ni el resto del Gobierno no saben bien  cuando un paro es ilegal o legal, comentaron algunos analistas radiales  criticando la debilidad del gobierno.

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En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, José Pérez Debelli, sostuvo que "yo le diría a la ministra que tiene que documentarse. Nosotros hemos hecho un trabajo largo de conversaciones desde 2008. La invitamos a informarse mejor".

El dirigente, de este modo afirmó que esta protesta es el resultado de 14 meses de negociación que concluyó en un anteproyecto, pero que finalmente no tuvo frutos.

"Nosotros hicimos todos los esfuerzos por comunicarnos, pero no tuvimos acercamiento. Cuando anunciamos el paro, nos dijeron que debíamos comenzar un proceso nuevo y empezar de cero", recalcó.

Según explicó el dirigente, el Gobierno propuso un plazo de 6 meses para negociar, el que fue rechazado por los trabajadores, que hoy solicitan el cambio en su sistema de previsión que se rige por AFP y pasar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Además, el líder de los trabajadores dijo que a pesar de que el compromiso eran 24 horas de paralización, no se descartan nuevas jornadas de movilización ante una respuesta negativa del gobierno, lo que está ocurriendo hoy con el nuevo anuncio de paro para los días 17 y 18 de dicembre.

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En septiembre se cifraron en más de 22 mil los pasajeros que se vieron afectados por el paro de la DGAC en Santiago. De los vuelos programados para hoy, sólo el 14% pudo ser realizado. 

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Opiniones de fin de semana

Encrucijada laboral

Por Max Colodro (*)

Junto a la gratuidad universitaria, ha pasado a ser un nudo decisivo del actual momento político; pero a diferencia de ella, su inminente desenlace amenaza con fracturar un sedimento todavía más ‘íntimo’ del imaginario oficialista. En los hechos, la reforma laboral se ha convertido en una verdadera prueba de fuego para el Ejecutivo, una encrucijada en que no sólo están presentes compromisos programáticos, sino donde también se juega una buena dosis de confianza y credibilidad del gobierno frente a los actores sociales; sobre todo, después de lo que significaron en ese campo la paralización del Registro Civil y el último reajuste del sector público. Así, más allá de la retórica que la autoridad utilice a la hora de explicar el resultado de este trámite legislativo, lo cierto es que aquí, de un lado u otro, va a haber serios damnificados, y que las secuelas políticas de ello marcarán de alguna manera el tenor de lo que será la segunda mitad de la administración Bachelet.

Diligente y silenciosamente, el ministro Valdés ha intentado en las últimas semanas ponerle un piso de ‘moderación’ al que hoy aparece como el principal nudo de tensiones de este proyecto, es decir, a la posibilidad de reemplazo con trabajadores de la propia empresa en caso de huelga efectiva. En diversas instancias de conversación con actores políticos y empresariales, el actual titular de Hacienda ha dado señales a favor de la necesidad de asegurar ‘servicios mínimos’, y se ha mostrado abierto a la alternativa de permitir cierto grado de ‘adecuación’ en las funciones que regularmente cumplen los trabajadores al interior de su empresa.

Esta visión es la que, entre otros puntos, se plasma en el conjunto de indicaciones que el Ejecutivo ingresó en los últimos días a la tramitación ahora en manos del Senado. Dichas indicaciones suponen, inevitablemente, alterar aspectos medulares del proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y son estos cambios los que han encendido las alarmas en sectores políticos y sociales relevantes de la Nueva Mayoría. La CUT tomó la decisión de suspender todo diálogo con el gobierno y en segmentos de la izquierda oficialista ya se anticipa un conflicto mayor, que puede ahondar las espesuras por las que hoy atraviesa el clima de confianzas entre el gobierno y su coalición.

Las piezas de este ajedrez se han movido hasta aquí con relativa cautela, reconociendo la complejidad de lo que está en juego tanto al interior de la Nueva Mayoría, como en la recuperación de expectativas del mundo empresarial. Con todo, en esta oportunidad no será fácil para el ministro Valdés lograr acuerdos mínimos ni siquiera en su sector político, y eso es lo que ya se está anticipando en la reacción que la CUT, el PC y otros actores han comenzado a hacer públicas. El gobierno y la Nueva Mayoría se encuentran así ante un desafío decisivo para sus proyecciones futuras, pero donde antes será puesta a prueba la mano política del titular de Hacienda, la capacidad de presión tanto de la izquierda como de su base social, y el grado de persuasión que el mundo empresarial logró inyectar a sus argumentos en el marco de las escasas conversaciones previas con la autoridad.    

En las últimas horas la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ha agregado también una nueva arista a este mosaico: la necesidad de que sea la propia presidenta Bachelet quien asuma finalmente un “rol claro, potente y firme”, para zanjar de una vez los disensos que hoy enturbian las definiciones en el oficialismo. Algo que por razones obvias la Mandataria se resiste a hacer y que, en las actuales circunstancias, tampoco asegura una resolución menos complicada de este decisivo capítulo.
(*) La Tercera

Las opiniones del fin de semana


DESPUÉS DEL FALLO

Por Jorge Navarrete (*)

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Aunque no  conocemos el contenido de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, lo leído en el comunicado de prensa significó un duro golpe para las pretensiones del Gobierno. Pese a lo advertido incluso por sus propios partidarios, se insistió en una vía que, al igual que en varios juegos de mesa, hoy significa retroceder varios espacios.

Pero más allá de los inconvenientes, que no son pocos ni menores, hay una cuestión poco relevada por los analistas y que se refiere al triunfo político cultural que se anotó el oficialismo en torno al concepto de gratuidad (hegemonía, diría Gramsci). En efecto, las objeciones de la oposición no apuntaron a cuestionar el trasfondo de la política pública sino, vaya paradoja, a que este beneficio no se hiciera extensivo de manera universal, incurriendo en discriminaciones arbitrarias. Entonces, y mirado desde una perspectiva más benevolente, lo que antes era un motivo de álgidas y duras disputas -me refiero a la pertinencia, necesidad y justicia de la gratuidad universal- hoy parece haber decantado en un amplio consenso político, lo cual no puede ser sino interpretado como un triunfo del Gobierno.

Sin embargo, esa mirada optimista no puede oscurecer los graves errores e improvisaciones que se han verificado con motivo de esta reforma, cuyos continuos cambios y modificaciones parecieran tener como sustrato común las disputas, presiones y amenazas de los diversos grupos de interés que han terciado en la discusión. Incluso más, este revés con la constitucionalidad de la partida presupuestaria con que el Gobierno quería comenzar a implementar la gratuidad, conecta con la forma de cómo se inició y gestó este debate: me refiero a las importantes movilizaciones estudiantiles de mediados del gobierno de Piñera.

Si uno mirara desapasionadamente este tema, tendría que reconocer que los principales problemas, y por tanto prioridades de nuestra educación, no se encuentran necesariamente en el segmento superior. Invertir en formación preescolar y general es mucho más incidente para afrontar el momento donde realmente se generan las diferencias y brechas que después resulta muy difícil remontar. Entonces, y ruego me excusen la ordinariez de la metáfora, si la educación fuera un perro, creo nos estamos centrando en su hocico, que no es necesariamente la parte más importante del animal, pero sí la que ladra y muerde. Dicho de otra forma, la intensidad con la que públicamente reclamaron los estudiantes era un legítimo antecedente para acometer este debate, pero no suficiente para abordar la gratuidad como nuestra primera y más importante prioridad.

Pero incluso si así no fuera, resulta sorprendente que en este primer esfuerzo por garantizar este beneficio, hubiéramos querido postergar a quienes más la necesitan, estudiantes con grandes carencias económicas como es el caso de quienes asisten a institutos profesionales y centros de formación técnica; matrícula de alumnos que, sería bueno recordar, supera hace varios años a los que ingresan a la universidad.

(*) La Tercera

Las opiniones del fin de semana

OBSTINACIÓN

Por Carlos Peña (*)

En su discurso del jueves, apenas un par de horas después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, la Presidenta Bachelet reaccionó: "algunos quieren impedir que cumpla mi palabra, no me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr".

La reacción de la Presidenta revela una verdad que se había insinuado y permanecido levemente soterrada, pero que ahora sale a la luz y quizá sea la explicación de buena parte de los tropiezos gubernamentales.

 Se trata de un rasgo de la personalidad presidencial: la obstinación.

La obstinación (Herman Hesse escribió un texto en el que la elogia) consiste en obedecer al "propio sentido". Equivale a lo que Max Weber (quien desconfía de ella) llamaba convicción: el apego irrestricto a un cierto objetivo final con desprecio de las consecuencias que se producen al perseguirlo a ciegas. El obstinado (para usar el término de Hesse) o el convicto de un solo objetivo (como diría Weber) cree que la única forma de medir el resultado final de su acción es el logro de la meta que tiene a la vista. Frente al atractivo de ella, enfrente de su seducción, la realidad se le estrecha, se encoge y todo lo demás principia a importar poco o nada.

Al abrazar con entusiasmo y con fervor la meta que persigue, la persona obstinada llega a identificarse del todo con ella, y entonces sobreviene lo peor: los obstáculos que detecta en la tosca realidad, las llamadas de atención acerca de los probables tropiezos, las palabras que le aconsejan tolerar un cierto rodeo son vividos como amenazas personales, como debilidad o defección, como desafíos a la propia determinación.

¿Acaso no es eso lo que le ocurre al Gobierno? ¿No tiene la Presidenta una voluntad obstinada que fuerza a sus asesores y ministros a ponerse detrás de lo que ella persigue, aunque el análisis racional aconsejaría esperar para tener éxito?

Solo así se explica que mientras la ministra Delpiano, por ejemplo, plantea que es mejor postergar la presentación de los proyectos de reforma a la educación superior, la Presidenta ordene que, fuere cual fuere la circunstancia, esos proyectos (hasta ahora inexistentes) se presenten en diciembre. Así se explica también la presentación de la glosa de gratuidad sin que exista una previa definición del sistema de educación superior que, a través de ella, se persigue instalar. Ambos casos -no vale la pena ocultarlo- son resultados de la obstinación presidencial.

Lo anterior es muy grave: el esfuerzo colectivo de la Nueva Mayoría se está transformando en un asunto relativo al destino de la Presidenta; la adhesión al programa común, en la fidelidad a la palabra de Michelle Bachelet, y el roce de la política, en el deseo de perjudicarla.

No cabe duda, la clave de lo que ocurre es la obstinación de la Presidenta: su voluntad como medida de todo.

Herman Hesse ve en la obstinación casi la máxima de las virtudes; pero él no está pensando en el político, sino en el individuo. En la esfera política, quien tiene la razón es Max Weber. El obstinado, o la obstinada, arriesga no ser una buena política. Al reducir todo a una convicción que de tanto abrazarla casi se confunde con ella, la personalidad obstinada olvida que la política es un quehacer colectivo (el signo inequívoco de ese olvido es que comienza a emplear el "yo" más de lo necesario, como lo acaba de hacer la Presidenta); que el programa es un diseño racional (y no una simple palabra empeñada); que las coaliciones no son lealtades hacia una personalidad, sino hacia un proyecto (un proyecto cuya realización requiere compatibilizar voluntades), y que en democracia los rivales simplemente cobran los errores (en vez de estar animados por el oscuro propósito de frustrar a la Presidenta).

Los gobiernos fracasan cuando los ciega el ideologismo; es decir, cuando un relato fantasioso de la realidad los inunda; pero también fracasan cuando los asesores o los ministros, por falta de carácter o por simple incompetencia, dejan que la obstinación presidencial desplace a la deliberación.

(*) El Mercurio

LO IMPOSIBLE FUE POSIBLE: SE FIRMÓ ACUERDO CLIMÁTICO EN PARÍS

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Según la agencia IPS, en un artículo de Diego Arguedas Ortiz, lo imposible fue posible. Gobiernos de 195 países hicieron historia al firmar el sábado último en París el primer acuerdo universal y vinculante para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos negativos del cambio climático en el mundo.

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Tras 14 días de intensas negociaciones en el seno de la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), diplomáticos y ministros, algunos emocionados hasta las lágrimas, aplaudieron el llamado Acuerdo de París, como el cierre de un largo proceso de cuatro años y con muchas paradas por todo el mundo.

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Un proceso hilvanado por la diplomacia francesa logró evitar el destino del fallido acuerdo climático del 2009, el último intento en lograr un acuerdo climático global, y entregó un robusto tratado que incluye elementos que van desde el respeto a los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas hasta las obligaciones financieras de los países.

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“Tengo la profunda convicción de que hemos logrado conseguir un acuerdo ambicioso y balanceado. Hoy es el momento de la verdad”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, quien presidió la cumbre durante sus dos semanas.

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Tras casi dos horas de espera en el Plenario y una  discusión sobre la elección de un verbo en un artículo crucial del acuerdo (“deberá” en lugar de “debería”), Fabius pudo convocar a los delegados a sus lugares y sostener el mazo para refrendar las decisiones de la COP21. “Es un mazo pequeño pero creo que puede hacer un gran trabajo”, dijo.

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Si los países firmantes lo ratifican, se convertirá en el primer acuerdo universal y vinculante que obligará a cada nación con acciones ante el cambio climático y sucederá al fracasado  Protocolo de Kyoto, un tratado obsoleto que nunca logró llenar las expectativas y que solo obligaba a los países industrializados a reducir emisiones.

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El acuerdo que emerge de París logró encontrar un punto medio que fue aceptado por todos los grupos en las complejas negociaciones de la CMNUCC, desde el bloque de pequeños estados insulares hasta la alianza de naciones industrializadas.

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 “El texto no es perfecto, pero es un buen punto de partida para la acción climática”, declaró la ministra sudafricana de Agua y Asuntos Ambientales, Edna Molewa, tras la ovación que vino después de ser aprobado el texto.

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“Este es el primer paso es un largo camino”, concluyó la ministra, la primera en hablar de quienes tomaron la palabra en el plenario final.

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La mayoría de los delegados que tomaron la palabra durante la noche final recordaron la necesidad de continuar la acción climática y lograr la implementación del acuerdo en los próximos años, especialmente en la cumbre climática 2016, que se celebrará en a ciudad marroquí de Marrakech.

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A través de este acuerdo, el mundo acordó limitar el incremento de la temperatura global “bastante por debajo de los dos grados centígrados” y en busca de “1,5 grados”, un objetivo que puede salvar a muchos de los países más vulnerables del mundo, especialmente las islas del Pacífico, del Índico y del Caribe.

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También establece un fondo de 100.000 millones de dólares anuales tras el 2020, formaliza un mecanismo establecido hace dos años para reembolsar daños causados por el cambio climático y define un objetivo a largo plazo, que fue determinado como el balance entre las emisiones y las capturas de gases de efecto invernadero entre 2050 y 2100.

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El acuerdo llegó tras dos semanas de negociaciones sin descanso en el masivo Centro de Conferencias en Le Bourget, en las afueras de París, diseñadas a lo largo de las llamadas Charlas Climáticas de París, que comenzaron en 2011 su andadura hacia el acuerdo alcanzado este sábado 12.

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“A pesar de la diversidad y la divergencia, encontramos terreno común”, dijo en un comunicado Emmanuel M. de Guzmán, comisionado de Cambio Climático y jefe de delegación de Filipinas.

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El negociador señaló que la cumbre “nos ha dado 1.5 grados para sobrevivir e ir más allá. Ahora nos toca a nosotros llevar esta visión a la realidad” a través de acciones nacionales y la cooperación internacional.

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Una vez más, Filipinas fue una de las voces líderes durante las negociaciones, esta vez a través del Foro de Vulnerabilidad Climática, autodefinido como un “grupo de liderazgo” de 33 países que tomó parte en las negociaciones pero presionó fuerte en temas como la meta del 1,5C.

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“Ahora, como una familia de naciones –como hermanos y hermanas de un mundo– podemos movernos hacia adelante con ambición, esperanzados de ganar esta lucha contra el cambio climático. Podremos ser vulnerables, pero también somos capaces de trabajar juntos”, señaló de Guzmán.

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Temprano este sábado 12, Fabius le presentó a los países lo que consideraba era un punto medio del acuerdo, el quinto borrador en apenas dos meses. Este fue el acuerdo firmado ya en la noche, un día después de la jornada prevista como clausura.

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“La meta de temperatura del acuerdo, el objetivo de cero emisiones netas y el proceso para incrementar paulatinamente la ambición de los compromisos nacionales de reducción de emisiones envían un claro mensaje a la industria de combustibles fósiles: tras décadas de negación y engaño, sus esfuerzos para bloquear la climática ya no están dando resultado”, dijo en un comunicado Alden Meyer, director de Políticas y Estrategia de la Unión de Científicos Preocupados.

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Muchos activistas e incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, dijeron que esperaban que este acuerdo y su aprobación enviará una fuerte señal al sector privado y los mercados que trabajan en el sector energético, para que dejaran los combustibles fósiles e invirtieran en renovables.

París en reemplazo de Kioto

El acuerdo de París, que reemplazará en cuatro años más al actual Protocolo de Kioto, vincula los destinos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global, como EE.UU. y China, con naciones amenazadas por el aumento de las temperaturas globales como las pequeñas islas del Pacífico y del Caribe.

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El compromiso de París dejó a casi todo el mundo contento. Por primera vez en las 21 reuniones de este tipo sostenidas por las Naciones Unidas se había conseguido lo que parecía imposible tras el desastre de la cumbre de Copenhague (COP15) en 2009: un consenso pleno para transitar, como planeta y sociedad, hacia una economía baja en carbono.

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Las infaltables críticas 

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Políticos, científicos, ONG y asociaciones en todo el globo analizan el texto del acuerdo, con miradas de satisfacción, pero también de prudencia sobre su alcance e implementación.

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Si bien el acuerdo es jurídicamente vinculante, es decir, impone una obligación efectiva a quienes lo suscriben, no todos los puntos en el pacto tienen igual carácter, es decir, hay varios que no tienen sanción, especialmente las metas de reducción de gases, uno de los puntos más complejos.

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Oxfam (una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países), calificó de “farsa” el cierre de la cumbre porque dijeron que “a través  de compromisos parciales y tácticas intimidatorios, los países ricos forzaron  un mal acuerdo”.

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Sector privado

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Pero no solo los países van a dar la pelea por el planeta. El sector privado, que también participó de la reunión, asumió el compromiso de fijarse objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono, donde uno de los pasos más significativos en ese contexto fue el anuncio de Google de  la compra de 842 megavatios de energías limpias para sus centros de datos, con miras a triplicar esta cifra para 2025.

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Los que quedan al debe en esta histórica cita son dos de los actores comerciales que más gases de efecto invernadero generan: la aviación y el trasporte marítimo. Y si bien la Unión Europea (UE) buscó introducir una mención en el cuerpo legal que sirviera para impulsar negociaciones internacionales futuras en el área, sus esfuerzos fueron infructuosos.

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Las reacciones

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El presidente de EE.UU., Barack Obama, elogió el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático y dijo que con él se ha mostrado “lo que es posible” cuando el mundo “se une”.

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China destacó, que si bien el acuerdo alcanzado no es perfecto y hay elementos a mejorar, la COP21 les ha permitido “dar un histórico paso hacia adelante”, además de recalcar el rol jurídicamente vinculante en varios puntos del acuerdo alcanzado.

El presidente francés François Hollande incluso fue más lejos en el compromiso de su país y propuso que las naciones que así lo quieran revisen los objetivos acordados en la COP21 antes de 2020, indicando que Francia así lo hará.

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Brasil, séptima economía mundial, espera reducir las emisiones de gases contaminantes en 37% hacia 2025 y 43% para 2030, en comparación con sus niveles de 2005. A esto suma la eliminación de la tala ilegal en el país, cifra que se ha incrementado 16% en los últimos 12 meses, resaltando la incorporación de un mecanismo que “permite el  reconocimiento y el pago por resultados de las acciones de combate a la  deforestación y degradación forestal, siendo fundamental para la implementación  de las metas” del país.

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Cada Estado se compromete a tomar las medidas necesarias para cumplir lo que dice en su contribución, y los que quieran podrán usar mecanismos de mercado, como la compraventa de emisiones, para cumplir sus objetivos. La adopción del acuerdo tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., el 22 de abril de 2016 y el nuevo acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55 Estados partes, que sumen en total el 55% de las emisiones globales, lo hayan ratificado.