Por Walter Krohne
Director-Editor de Krohne Archiv
Las tragedias nos abren los ojos y nos recuerdan que estamos viviendo en un país mediocre, mezquino, mentiroso e injusto. La muerte ayer de siete jóvenes contratados por la Forestal Cerda para prestar servicios en la Forestal Mininco integrando una brigada privada de combate de incendios forestales estivales, es una muestra más de que las instituciones en Chile no funcionan.
Como dijo el presidente de la Federación de Trabajadores Forestales (CFT), Jorge González, en este incendio se muestra una vez más la escasa valoración y protección que se les da a quienes se dedican a este oficio de "bomberos de los bosques".
Según la CFT "los brigadistas, que integran la cuadrilla “Santa Julia”, de la empresa “Gerardo Cerda”, que es subcontratista de Forestal Mininco (perteneciente a Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones -CMPC- del Grupo Matte), laboran en precarias condiciones, sometidos a una sobreexplotación inhumana, ya que con muy bajas dotaciones de personal, deben vigilar y controlar los amagos de incendio que se producen en miles de hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus".
Sin embargo de todo esto no se dice nada, sólo se habla de la "supuesta intencionalidad" del siniestro, una nueva reflexión del ministro Rodrigo Hinzpeter. El diputado DC René Safirio acusó hoy al ministro de venir "a rociar con bencina a la Región siniestrada, cuando aún no tenemos clara la causa del incendio; una decisión de enorme irresponsabilidad, agravando aún más el clima social de la Araucanía".
Como es ya una norma, la empresa está muda, porque decir algo ahora sólo complicaría las cosas. El Presidente y el poder central no investigan las supuestas responsabilidades de las empresas en estas muertes, quizá porque no están en condiciones o no quieren enfrentarse a la empresa privada, y se van por el camino más fácil al declarar que el incendio es intencional, para así poder presentar una querella apoyada en la Ley Antiterrorista y ganar tiempo, porque lo que viene es una dilatada y complicada investigación. Al final dos o tres mapuches serán acusados de un supuesto atentado contra la seguridad nacional y otra vez estaremos frente a nuevas protestas en la Araucanía y a dramáticas huelgas de hambre. ¿Buscan acaso un efecto comunicacional para que Piñera crezca en las encuestas?
El periodista mapuche Pedro Cayuqueo escribió hoy que lo que para todo Carahue es un típico incendio de temporada que se escapó trágicamente de las manos, para el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter es la consecuencia de un orquestado plan del terrorismo mapuche. Lo que para todo Carahue tuvo su origen en el negligente actuar de campesinos de montaña que viven de la producción (legal e ilegal) de carbón, para Hinzpeter lo tuvo en el accionar de células terroristas con insospechadas ramificaciones regionales (El Mostrador).
Desde ya el Fiscal Nacional Sabas Chahuán pidió prudencia al asegurar que aún no está claro que el incendio de Carahue haya sido intencional como asegura el Gobierno.
¿No nos muestra todo esto una irresponsabilidad y un absurdo?
Y la misma cosa con el incendio forestal que afecta a las Torres del Paine, donde el ministro de Economía, Pablo Longueira, reconoció que "el estado de Chile no ha sabido administrar este Parque Nacional, principalmente porque no ha tomado en cuenta la magnitud de una reserva de estas características en temas como infraestructura, accesos y administración de los recursos.
La conclusión es que en 22 años de democracia hemos aprendido muy poco y los problemas siguen iguales que en el primer día después de la cruenta dictadura militar.
¿Acaso se aprendió algo del drama de los 33 mineros rescatados en Copiapó? Nada, porque justamente ese mismo año, el 2010, se registraron 45 muertos en faenas mineras en Chile, la mayoría por fallas en las estructuras de yacimientos ilegales que no fueron inspeccionadas oportunamente.
Mientras los 33 recorrían el mundo alentados por el Gobierno de Piñera cuando en esa fecha su popularidad superaba el 60 por ciento (hoy es de sólo 30), el glamour que vivían unos pocos chilenos en Europa y EE UU, contrastaba en Chile con el drama humano que se arrastra ya por muchas décadas en los cerros del norte o en Petorca por muertes que podrían evitarse.
En la tragedia del archipiélago de Juan Fernández se lamentó la pérdida de 21 vidas humanas que terminaron en la profundidad del mar porque se habría enviado a un grupo de distinguidos pasajeros de las comunicaciones y de la cultura en un avión que no era el más adecuado para este tipo de vuelos, según expertos. Pero hasta ahora no he escuchado a ninguna autoridad reconocer este supuesto errror, porque más fácil ha sido culpar del accidente a uno de los pilotos de la nave. Total, él ya está muerto y los muertos no hablan.
Otro hecho que ha causado impacto y depresión esta semana fue el incidente ocurrido en pleno centro de Santiago, el miércoles, cuando un grupo de encapuchados sin ningún control causó graves desmanes que se iniciaron con el incendio de una motoneta de una carabinera de servicio y luego prosiguieron con la quema de un bus del transantiago en plena Alameda Bernardo O´Higgins, la principal arteria de la capital chilena, salvándose milagrosamente el chofer y los pasajeros.
Es decir, ir al centro de la ciudad por las noches es un peligro, siempre lo ha sido, pero ahora tiene facetas nuevas, como los encapuchados que nadie sabe de dónde vienen y hacia dónde van. Los servicios de seguridad no son competentes o no tienen, al parecer, la capacidad para contenerlos. Ellos están en todas las manifestaciones públicas, sean de estudiantes, de sindicatos o por aniversarios significativos.
Los encapuchados marchaban esa noche al cumplirse el cuarto aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo.
Un amigo me comentaba esta mañana que Catrileo fue muerto de dos balazos por la espalda disparados por un carabinero en la Araucanía, el que fue sometido a juicio y hoy está cómodamente en su casa cumpliendo una pena remitida de tres años.
La violencia de los encapuchados fue un exceso innecesario porque le han dado motivo al Gobierno para que presente otra querella criminal apoyándose en la violación de la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo la respuesta de los tribunales frente a un hecho que puede ser calificado sin temor de “asesinato”, tampoco tiene nombre. Esta es una demostración más de que las instituciones en Chile no funcionan.
