Informe sobre Ballesteros del Observatorio de
DD HH de la Universidad Diego Portales
Señor Director:
Se critica al nuevo presidente de la Corte Suprema por haber integrado tribunales de guerra y por votar a favor de la aplicación de la amnistía y de la prescripción en procesos seguidos contra los miembros de las FF.AA. Se olvidan que la ley de amnistía se aplicó a cientos de extremistas que cometieron delitos iguales o peores. ¿Cuál es la diferencia? Sólo el credo político, olvidando la igualdad ante la ley.
El pronunciamiento militar fue una necesidad reconocida por el propio ex Presidente Eduardo Frei a don Mariano Rumor. Muchos de los que hoy lo niegan, en su oportunidad lo aplaudieron. En una situación así, que un juez integrara tribunales de guerra establecidos legalmente, era necesario y adecuado para procurar que su funcionamiento se ajustara a las normas vigentes. Eso no es una falta, era un deber.
La prescripción está en el Código Penal y debe aplicarse por igual -garantía constitucional- a todos los habitantes de la República. El Presidente Aylwin opinó públicamente que su aplicación debía ser selectiva y su influencia determinó que muchos miembros del poder judicial cambiaran su forma de aplicarla.
Se ha creado judicialmente un delito imposible e inexistente en nuestra legislación, el secuestro permanente, como así lo han reconocido una jurista y ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado, nombrada por un gobierno concertacionista, y muchos otros juristas que consideran que su aplicación es una clara violación al debido proceso. Se puede discrepar de los jueces que lo aplican, pero en ningún caso descalificarlos por aplicar la ley de acuerdo con sus propios conceptos.
El nuevo presidente de la Corte Suprema ha sido invariable en su forma de aplicar la ley respetando el debido proceso y la igualdad ante la ley, sin ninguna otra consideración. Si así no fuera, no habría sido elegido por sus pares.
Miguel Otero Lathrop
Profesor de Derecho y ex senador
Informe sobre Ballesteros de apoyo a la amnistía y la prescripción
Entre diciembre de 2006 y noviembre de este año, el ministro de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros (foto izquierda), votó a favor de los acusados en 85 de 90 causas de derechos humanos que le ha tocado conocer como miembro de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal del país.
Los datos, publicados por el diario La Nación, fueron entregados por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, tras la polémica generada por la elección de Ballesteros como nuevo presidente de la Corte Suprema por dos años, cargo que asumirá el próximo 6 de enero de 2012.
El Observatorio recalcó que en esas 85 causas, Ballesteros votó en contra de condenar a los acusados por considerar que estaba prescrita la acción penal o porque correspondía la Ley de Amnistía. En todo caso, el resultado final incluyó por lo menos una sentencia, ya que la opinión de Ballesteros fue de minoría.
Según el Observatorio, el tipo de delitos y el número de causas en que intervino Ballesteros en el período señalado es el siguiente:
Apremios ilegítimos 1; Asociación ilícita y homicidio calificado 1; Exhumaciones ilegales 1; Homicidio calificado 23; Homicidio simple 1; Lesiones graves y aplicación de tormentos 1;
Lesiones graves y menos graves 1; Secuestro agravado 1; Secuestro calificado (detenidos desaparecidos) 47; Secuestro calificado con resultado de homicidio 1; Secuestro calificado y homicidio calificado 7; Total: 85
Larga historia
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| Ballesteros con el actual Presidente de la Corte Milton Juica |
El 10 de agosto de 2005, el Senado aprobó la propuesta del entonces Presidente Ricardo Lagos para integrar a Ballesteros a la Corte Suprema. La decisión del Mandatario fue duramente criticada por organizaciones de DD HH. Lo mismo aconteció el lunes pasado, cuando el pleno del máximo tribunal lo eligió presidente por 12 votos contra 6.
Diversas entidades de defensa de los derechos humanos recordaron que Rubén Ballesteros participó como juez letrado en a lo menos en cinco consejos de guerra que, entre 1973 y 1976, aplicaron severas penas a militantes de izquierda en las ciudades de Valdivia, Osorno y Puerto Montt. El magistrado inició su carrera judicial en 1972 en Puerto Montt como secretario del Segundo Juzgado de Letras de esa ciudad.
Pero no fueron estos consejos de guerra lo que más irritó a estas organizaciones cuando Ballesteros ingresó a la Corte Suprema, sino que su pasado en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde “dio permanente apoyo a la impunidad de Pinochet”, según los defensores de los DD HH.
De acuerdo a cifras de la época, entre el 2000 y el 2005, Ballesteros intervino en seis causas criminales que afectaban a Pinochet y en las cuales votó a favor del ex gobernante. Éstas son los casos Caravana de la Muerte, Prats-Cuthbert-1, Calle Conferencia, Operación Cóndor, Prats-Cuthbert-2 y el caso Riggs-SII.
Ballesteros también se opuso a que Pinochet fuera investigado por los siguientes delitos: perjurio en su declaración jurada de bienes de 1989; falsificación, uso malicioso y sustracción de documentos públicos en el caso Pasaportes; falsificación de certificados del Ministerio de Defensa; obstrucción a la justicia y lavado de activos. El argumento del juez siempre fue el estado de salud de Pinochet.
La última intervención de Ballesteros en una causa de DD HH se conoció el viernes 11 del 11 del 2011, cuando la Segunda Sala sentenció a siete ex integrantes del Comando Conjunto por el homicidio calificado de dos personas, ocurridos en 1976. Los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo votaron a favor de las condenas. Ballesteros se pronunció a favor de la prescripción.
