Incremento de casos de inmigrantes ilegales en Chacalluta

DESESPERACION PERUANA: PAGAN HASTA 200.000 PESOS POR CRUZAR FRONTERA DE CHACALLUTA 

Por Mauricio Silva

"Cargar muertos". Esta expresión en la frontera con Perú tiene un significado distinto. Entre los 133 choferes de taxis que viajan entre Arica y Tacna y otros tantos de buses de igual recorrido significa llevar entre sus pasajeros un ilegal al que ayudarán a burlar el control migratorio al cruzar el paso de Chacalluta, al norte de Arica.

En el último año, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) apostado en ese complejo fronterizo ha detectado nueve casos. Los choferes infractores acusan que se trata de una práctica generalizada, pero los dirigentes del gremio lo niegan.

Según el prefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) , Douglas Rodríguez, el método es aprovechado también por peruanos en situación irregular en Chile y necesitan regresar a Perú sin ser detectados en la frontera, pues perderían su derecho de reingreso.

"Es obvio que también pueden hacerlo para eludir requerimientos judiciales por delitos graves", admite Rodríguez. Entre los pasajeros sorprendidos hubo un chileno con orden de arraigo y una peruana que intentaba sacar a su hijo sin la autorización notarial del padre.

Los escondites son variados: desde el portamaletas hasta el baño de buses, o peligrosos habitáculos junto al motor. También contribuye el diseño de Chacalluta, que no permite al SAG, Aduanas y PDI una revisión secuencial, y facilita a los ilegales confundirse con los pasajeros.

Impunidad

Los choferes sorprendidos reconocieron haber recibido pagos de entre $30 mil y $50 mil. Ninguno ha sufrido sanciones penales. Pese a que el artículo 69 de la Ley de Extranjería establece penas de cárcel para los extranjeros que entren clandestinamente al país o intenten salir de esa forma, no está tipificado en forma expresa el actuar de quienes lucran ayudando a los infractores.

Estos últimos han sido denunciados por la Intendencia de Arica y Parinacota a la Fiscalía, pero al mismo tiempo la autoridad política desiste de querellarse y opta por su rápida expulsión.

El método fue detectado primero en el control de Cuya, 80 km al sur de Arica, límite al que pueden llegar los peruanos acogiéndose al Convenio de Tránsito Arica-Tacna. Allí las "tarifas" por pasar indocumentados llegan hasta los $200 mil.

En 2006, la Fiscalía intentó perseguir a camioneros sorprendidos en ese control con hasta 50 ilegales ocultos bajo mercaderías. Ello se frustró porque Cuya no es un paso fronterizo y transportar ilegales dentro de territorio nacional no está tipificado.

Ley espera hace cuatro años

En el Senado se encuentra actualmente el proyecto de Ley sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tipifica como delitos el lucrar con el transporte ilegal de migrantes burlando la frontera o controles especiales como el de Cuya, según afirma la directora de Extranjería del Ministerio del Interior, Carmen Gloria Daneri.

"En lo que se refiere al tráfico ilícito de migrantes, esta ley sanciona al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente", explicó Daneri.

Con esta iniciativa, Chile busca recoger las indicaciones incluidas en el protocolo de Palermo, que combate el tráfico de migrantes y además introduce cambios a la Ley de Extranjería y al Código Penal.

El proyecto en trámite consta de seis artículos que tipifican el tráfico ilícito de migrantes, el delito de trata de personas para la explotación laboral o sexual, pornografía o extracción de órganos. También persigue el movimiento de personas con esos fines dentro de Chile. Fue ingresado al Congreso en el año 2005.

PIÑERA ENCABEZA UN GOBIERNO CON DOS FRENTES CRITICOS ¿SALDRA ILESO DE ESTA BATALLA?

Por Walter Krohne

No hay lugar a dudas de que en Chile falta hoy una buena oposición. Lo que tenemos o se ve es más bien un desórden que no permite saber de dónde podrán venir las críticas al Gobierno o, mejor dicho, qué sector le va a levantar a sus proyectos tarjeta amarilla o roja.

Si observamos a la Concertación, no podríamos establecer concienzudamente si está o no cumpliendo con sus nuevas funciones, que no le son absolutamente conocidas desde el punto de vista práctico por haber sido siempre una fuerza gobernante.

Hasta ahora le ha faltado método para coordinar las críticas. Hoy conocemos la posición aislada de distintos parlamentarios, pero falta una voz de conjunto. Al menos no se ve una posición común que permita mejorar el trabajo legislativo, porque lo que se escucha son muchos “cacareos” sin mayor importancia y muy escasa solidez.

Este conglomerado está más preocupado de las elecciones internas en los partidos y de su replanteamiento político global que de hacer aportes decisivos o fundamentales a las iniciativas que involucran cuestiones claves para el futuro mismo del país, como son la reconstrucción y su financiamiento. No se trata de hacer sólo rechazos sin ofrecer alternativas. Y en esta lucha electoral-partidaria se producen nuevos desgastes que pueden tener grietas profundas, que ponen en duda su llegada como conglomerado a un buen puerto. La candidata a la Presidencia del PPD, Carolina Tohá, lo dijo clarito: “Esta coalición como está no nos sirve, tenemos que refundarla”.

Mientras esto ocurre, al Gobierno se le ve enfrascado en su trabajo para ir avanzando con la mayor rapidez posible, ya que de 48 meses que dura su período le quedan 46.

En esta tarea de “acelerador a fondo” busca permanentemente aliados, pero, aunque parezca una fábula, no los encuentra con mucha facilidad, porque también aquí le ha salido gente al camino y de sus propias filas. Es como si se tratara de un Ejército con algunos soldados con ganas de desertar o que aparecen como arrepentidos de haberse involucrado en una batalla tan gigantesca. Son éstos los que hoy dicen:  “Este no parece ser el gobierno de la alianza, es el gobierno de Piñera”.

Estos elementos, que en gobiernos anteriores se denominaron díscolos –hoy quizá se llamarán críticos-, han surgido con mucha más rapidez que en gobiernos anteriores, es decir a sólo dos meses de iniciado el denominado “gobierno del cambio”.

Esta semana tuvimos un bochornoso incidente en la Cámara de Diputados que describió un poco la calidad de representantes que tenemos y, en parte, la clase de oposición. Los participantes en la lucha verbal salieron todos ilesos y abandonaron matonescamente el edificio del Parlamento, con excepción de uno, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que cometió el error de meterse en una pelea de “quiltros”. Su conducta no fue bien evaluada en el Palacio de La Moneda, porque le faltaban sólo horas para convertirse por tercera vez en vicepresidente de la República, cargo para el cual se requiere un político sin lesiones.

El malestar en Palacio fue más bien por la necesidad que tiene el Gobierno de cuidar las relaciones con la oposición concertacionista, porque necesita votos para aprobar los proyectos que envía al Congreso y a veces parece no estar tan seguro de poder contar incondicionalmente con la Alianza. Y justamente, con este propósito, el Presidente ha estado haciendo una serie de gestos a la oposición concertacionista para intentar lograr un clima político más amable en todo lo que queda por delante. Otros dicen, sin embargo, que lo que hace Piñera es una mixtura de gobierno empresarial con ribetes concertacionistas, porque no abandona la idea de tratar de debilitar al conglomerado de centroizquierda con miras a las presidenciales del 2014, porque cuatro años son muy pocos para una alianza "que pretende cambiar el país".

Así, está intentando sacar adelante todo lo que la Concertación no hizo o no pudo hacer en veinte años como: Subir los impuestos a los empresarios, mejorar el royalty minero, aumento de las contribuciones para las propiedades con avalúo fiscal alto, bajar el nivel de criminalidad con una nueva estructura de seguridad, implantar una política que mejore el sistema educacional, la inscripción electoral automática, el voto voluntario, el derecho a voto de los chilenos en el extranjero (muy criticado), reforma del servicio electoral, creación de una Agencia Nacional para Catástrofes en reemplazo de la ONEMI, creación de un Sernac para el sector financiero, entre otros proyectos.

“Las reformas electorales están destinadas a mejorar la calidad de la democracia y a aumentar la participación electoral”, aclaró la portavoz gubernamental, ministra Ena von Baer, aunque no dijo nada sobre una reforma del sistema binominal, cuya modificación o cambio sólo parece interesarle a los comunistas, porque tanto el oficialismo como la Concertación se han benficiado de este sistema.

Sin embargo, el problema más grave que puede tener Piñera es el de “los críticos” de la UDI o el círculo de Hernán Büchi o del Instituto Libertad y Desarrollo que son opositores tenaces al incremento de los impuestos, porque, como dice Büchi, siempre estos tributos son traspasados al consumidor.

Como se ve, es una batalla con dos frentes que Piñera políticamente deberá atender, negociar y satisfacer para así poder seguir adelante sin trizaduras ni golpes fuertes.  Estos son los gestos políticos que él parece saber hacer, porque su estilo consiste en negociarlo todo, pero al final  quien dice la última palabra es sólo él. Ya lo vimos con esto de la "depreciación acelerada" que no la incluyó en el proycto de financiamiento de la reconstrucción, a pesar de haberlo acordado antes con la UDI. Con esta estrategia logró dos cosas: 1.- Anuló la amenaza concertacionista de rechazo del proyecto y, 2.- Aplacó las molestias de la UDI con la promesa de una pronta agenda procrecimiento que acogerá los  intereses gremialistas. Así dejó muy en claro que los proyectos se diseñan para ser aprobados y no para exponerlos a un rechazo.

UN RECUERDO DOLOROSO: MASACRE DEL SUMPUL

Por Gabriel Sanhueza Suárez

Hay crímenes que por su magnitud y crueldad sin límites son difíciles de entender. Hasta el grado que tememos no ser creídos al relatarlos. Es la sensación que he tenido, cuando a algunos amigos les hablé de la Masacre del Sumpul.

Hace 30 años, el 14 de mayo de 1980, en el caserío Las Aradas, en la frontera de El Salvador y Honduras se produjo una de esas realidades escalofriantes: más de 600 campesinas y campesinos indefensos fueron asesinados, en pocas horas, por los soldados del ejército, miembros de ORDEN y de la Guardia Nacional.

Este año, de nuevo, los sobrevivientes recordaran el hecho, con un sacrificio enorme. El lugar de la masacre en las orillas del río Sumpul sigue siendo de difícil acceso. Sólo se llega caminando por veredas, cuestas y bajadas muy empinadas. Caseríos que fueron destruidos en aquel tiempo en esa zona limítrofe, están abandonados. Nadie ha vuelto a vivir en tan macabro lugar, que sin embargo, es un paisaje de extraordinaria belleza.

Es una caminata que agota las fuerzas. Hay que subir durante horas cuesta arriba, bajo el sol del mediodía. La hice, hace 30 años, pocos días después de la masacre. Fui guiado por un niño de doce o trece años, gran parte de noche, dando sinuosos rodeos para evitar a los militares, que impidiendo el acceso a la zona querían ocultar el horrendo crimen.

Cada año, mientras caminan los sobrevivientes cuenta lo que vivieron. Miran las quebradas, donde ese 14 de mayo se escondieron. Los lugares por donde corrían mientras los soldados les pisaban los talones. Los recuerdos de ese horror siguen presentes en sus cabezas y en sus corazones.

Con mis pensamientos hoy les acompaño. A todos esos viejos y viejas que lograron salvarse de la muerte. A esos hombres, que hace treinta años eran niños, y no entendían lo que ocurrían. No entendían que su padre o su madre, los obligaran a correr y correr, sin cesar a lo largo del río, con los soldados persiguiéndolos. Tratando de cruzarlo y entrar a Honduras, donde también otros soldados los estaban esperando para devolverlos a la muerte.

Muchas noches, por muchos años desperté sobresaltado recordando a los muertos del Sumpul.

Estas líneas son un homenaje a ellos, a muertos y sobrevivientes. A esa campesina, que sólo salvó a su hijo menor y me dijo:

“Yo estuve mucho rato en el chorro del río, junto a mi niño. Me pedía que lo sacara, pero sabía que si salía lo iban a matar. Como a las 10 me balearon en la mano y en la pierna y caí herida en la orilla del río. Entre dos peñas quede botada. Y cuando los soldados pasaban cerca, yo me hacía la muerta, rogando para que mi cipote* no fuera a llorar y me lo mataran también…”

Un homenaje a quienes hoy caminan por esos parajes de muerte. Sin querer olvidar y esperando siempre que se les haga justicia.

*Niñito en El Salvador.

DOCUMENTACION
Nota histórica-informativa de Krohne Archiv sobre la masacre que comenta Gabriel Sanhueza Suárez en su artículo.

FUENTE: DIARIO COLATINO DE EL SALVADOR

La masacre fue realizada por la Guardia Nacional de El Salvador y la Organización Democrática Nacional (ORDEN) vinculada al Partido de Conciliación Nacional salvadoreño y con la ayuda de militares de la vecina Honduras.

Los civiles ejecutados fueron atacados cuando huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en Las Aradas, Chalatenango, por efectivos del destacamento militar No. 1, la Guardia Nacional y ORDEN.

Durante dos días, los contingentes armados llevaron a cabo hechos de violencia en los caseríos cercanos sobre el río Sumpul, utilizando artillería pesada y helicópteros en su operación antiguerrillera. Esto generó que los pobladores huyeran de los caseríos. Pero los que huían no eran los de la guerrilla, sino los pobladores asustados cuyas casas habían sido destruidas y temían por sus vidas. Huían con sus pertenencias, algunos sin nada, sólo con sus familias y la meta era alcanzar el “puente de hamaca” que les ayudaría a evitar las aguas del río Sumpul y cruzar a Honduras para ponerse a salvo.

Sin embargo, al llegar al río, el panorama se puso difícil. Ese día, el Sumpul había crecido por las lluvias y tuvieron que cruzarlo a nado o a pie, o con ayuda de otra persona. Al llegar al otro lado, militares hondureños los obligaron a regresar. La mayoría así lo hizo, pero la muerte los esperaba de vuelta en El Salvador.

Nunca se abrieron investigaciones oficiales y los culpables nunca fueron identificados. A través del Arzobispado de San Salvador, el día 26 de octubre de 1992, varias víctimas presentaron una denuncia judicial escrita sobre las ejecuciones masivas de personas ante el Juez de Primera Instancia de Chalatenango.

En la presentación de la denuncia las víctimas aseguran la participación en los actos cometido a funcionarios y autoridades militares de alto rango, lo que amerita una especial investigación de parte del órgano judicial.
Se trató de una ejecución donde se involucra a la Guardia Nacional y los miembros del Ejército, que realizaban un operativo militar de carácter oficial y no se trataba de una acción particular, en la que el Estado no tuviera responsabilidad.

A pesar de la denuncia, los involucrados no han comparecido ante los tribunales. Tutela Legal del Arzobispado, en un comunicado emitido en el marco de la conmemoración del 30 aniversario, el viernes 14 de mayo pasado,  exhorta a las autoridades de justicia a indagar este caso y que se conozca la verdad.

“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno de El Salvador debe de promover las investigaciones judiciales al respecto, cuidando que estas investigaciones se lleven a cabo de manera independiente por las instituciones correspondientes, especialmente por la Fiscalía General de la República, brindando toda la colaboración que ésta requiera para el esclarecimiento de los hechos”, indica el comunicado.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), instaló hace algunos meses un Tribunal de Justicia Restaurativa. Los fallos emitidos luego de días de testimonios, ordenan la necesidad de esclarecimiento y compensaciones a las víctimas civiles y a sus familias. Aunque simbólico, este tribunal incluyó el caso de la masacre del Sumpul y las familias de los masacrados y de los sobrevivientes aún esperan que los culpables sean llevados a la justicia.

KROHNE ARCHIV

DOMINGO, 16 DE MAYO DE 2010

Titulares destacados de la edición de KrohneArchiv de esta semana:

- Corte Interamericana deberá resolver falta de pluralismo en Chile
- Los chilenos compran autos como “locos”
- Futuro negro para el juez Garzón que intento procesar a Pinochet
- Perfil de los nuevos dueños de Chilevisión, el hoy ex canal de Piñera
- A 66 suben este año los muertos por atentados en Rusia
- Desmienten declaraciones de la ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet
- Crisis Iglesia: Estructura jerárquica impide resolver casos de pedofilia
- La larga noche del terremoto: Bachelet trata de defender lo indefendible
- Inestabilidad financiera en Europa – Todo: Ayuda, efectos y análisis
- El nuevo gobierno conservador-liberal de Gran Bretaña
- El viento generará 30% del consumo eléctrico en países desarrollados
- Nuevo Gran Maestro Luis Riveros investigará la masonería a fondo

Dirección: http://mundoclaraboya.blogspot.com

Atentamente

Redacción central
KrohneArchiv

ACCION JUDICIAL DE "PUNTO FINAL" POR CONCENTRACIÓN DEL AVISAJE FISCAL EN CHILE

CORTE INTERAMERICANA DEBERÁ RESOLVER PROBLEMA DE FALTA DE PLURALISMO EN CHILE


La revista "Punto Final", que dirige el periodista Manuel Cabieses, recurrirá ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscando justicia en su reclamación en contra de varios ministerios del Estado chileno por la concentración del avisaje publicitario estatal en las dos grandes cadenas periodísticas del país.

En Chile, la última instancia judicial en fallo unánime (en causa rol 9148-2009), los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, ratificó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que desestimó el requerimiento contra los ministerios de Hacienda, Justicia y Planificación y Desarrollo.

El fallo determinó que las secretarías de Estado han ajustado sus procesos de compras de avisajes publicitarios a las leyes del mercado y no vulnera las normas de la libre competencia.

“Que, así las cosas, esta concentración de avisaje en dos grandes cadenas periodísticas (cadenas El Mercurio y La Tercera o Copesa) -injustificada y parcial a juicio de la Revista Punto Final- sólo deriva de asignar el avisaje estatal sobre la base de criterios de mercado, como son el índice de lectoría de cada medio escrito y los destinarios a los que va dirigido el mensaje que se persigue comunicar”, dice el fallo.

Y agrega la sentencia que para establecer una discriminación positiva a favor de los medios ajenos a los dos consorcios periodísticos se debe dictar una ley especial que determine este mecanismo.

“Que acceder a las peticiones de este recurso conllevaría instalar a favor de algunos medios de prensa una discriminación positiva, la que corresponde ser declarada por una ley y la carencia de esa norma, no puede ser suplida mediante la utilización sesgada del avisaje estatal en pos de apoyar -aun reconociendo la legitimidad de esta pretensión- una mayor diversidad informativa”.
Consejo Metropolitano


Declaración del Colegio de Periodistas


El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile impugna, en forma clara y firme, el reciente dictamen de la Corte Suprema que rechazó el recurso de reclamación presentado por la Revista Punto Final en contra de varios ministerios por la concentración del avisaje publicitario del Estado en las dos grandes cadenas periodísticas del país: El Mercurio y Copesa.

El fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal lesiona gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libre competencia, en el ámbito editorial, vulnerando la Ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información, el cual establece que “se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación”.

La decisión de los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Benito Mauriz, beneficia a los consorcios de El Mercurio y Copesa, que reciben el 77 por ciento del avisaje del gobierno central, y otorga, de esta manera, sustento legal a la discriminación de la cual son objeto los medios de información independientes en la distribución de la publicidad estatal.

Con ello, las dos corporaciones periodísticas, que controlan más del 90 por ciento de la prensa escrita nacional, continuarán imponiendo su propio discurso noticioso de manera hegemónica, lo cual impide el acceso de la ciudadanía a otras opiniones o fuentes de información.

Para garantizar la libre competencia y el pluralismo editorial en Chile, es importante asegurar un acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes del avisaje publicitario. Ello, está consagrado por la Constitución Política en el artículo 19º, Nos. 12, 21 y 22; el artículo 19° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Finalmente, frente al lamentable veredicto de la Corte Suprema, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile declara su respaldo a la demanda interpuesta por la Revista Punto Final contra el Estado de Chile y se compromete a defender de manera inclaudicable la libertad de expresión y el derecho de los chilenos a una información sin los sesgos que le impone la industria informativa hegemónica.

Los testigos de "Punto Final"

El abogado Alberto Espinoza Pino, en representación de Punto Final, pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que oficie a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, de Justicia, Carlos Maldonado, y de Planificación, Paula Quintana (todos del gobierno pasado),  para que declaren en la demanda que PF entabló contra el Estado por la discriminación que afecta a la prensa independiente en la distribución de la publicidad estatal.

La demanda contra el Estado (ver PF 676) fue acogida a trámite el pasado 29 de julio por el tribunal encargado de velar porque se cumplan las normas de la libre competencia.

En el caso de los medios de prensa escritos -sostiene la demanda- no hay lugar a una libre competencia puesto que los consorcios El Mercurio y Copesa (La Tercera) reciben la mayor parte de los recursos que el Estado destina a publicidad, fuera de captar también todo el avisaje que proviene de la empresa privada. La publicidad es la principal fuente de ingresos de los medios de comunicación escritos y audiovisuales. El privilegio que favorece a El Mercurio y Copesa afecta seriamente a la libertad de expresión y al pluralismo informativo, ya que impide un mínimo equilibrio para competir en el mercado de lectores de diarios y revistas.

Importantes argumentos a ese respecto proporcionaron los testigos que Punto Final llamó a declarar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Las audiencias se efectuaron entre el 2 y el 5 de diciembre. En ellas declararon Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y ex directora de la revista Rocinante; Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo, director de Radio Universidad de Chile y ex director de la revista Análisis; Abraham Santibáñez Martínez, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, ex director del diario La Nación y de la desaparecida revista Hoy; Marco Enríquez-Ominami Gumucio, diputado y director de TV y cine, y Walter Krohne Toro, periodista y académico, autor del libro Las dos caras de la libertad de expresión en Chile y actual director del periódico electrónico KrohneArchiv. También concurrió a declarar el periodista Marcelo Contreras Nieto, presidente del Observatorio de Medios Fucatel y ex director de la revista Cauce, también desaparecida. Sin embargo, su testimonio no pudo ser recogido por el Tribunal debido a que su nombre fue presentado fuera de plazo. No obstante, la demanda de PF acompaña la valiosa investigación que Fucatel realizó hace dos años sobre el avisaje estatal.

Testimonios reveladores

Faride Zerán declaró que su experiencia de trabajo en diarios y revistas independientes le permitía afirmar que el Estado actúa de manera arbitraria en la entrega del avisaje, privilegiando al duopolio El Mercurio y Copesa. “Eso atenta -dijo- no sólo contra la libertad de expresión, lo cual me afecta como periodista y ciudadana, sino contra la libre competencia”. Agregó que le parecía legítimo que El Mercurio y Copesa tengan avisos del Estado “pero me parece ilegítimo que el Estado sea para ellos su principal avisador, en desmedro de la circulación de otras ideas”. La periodista refirió al Tribunal los casos del diario La Epoca y de las revistas Análisis y Rocinante que tuvieron que cerrar “porque la publicidad de las empresas del Estado distorsionó el mercado del avisaje”.

Juan Pablo Cárdenas, por su parte, declaró que ha existido una “política de exterminio” de los medios independientes por parte de los gobiernos de la Concertación. Es el caso de la revista Análisis que él dirigió. Cárdenas recordó las reuniones efectuadas con los ministros Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, durante el gobierno del presidente Lagos, en que ambos reconocieron que había una situación de injusticia en la distribución de la publicidad estatal y se comprometieron a cambiar esa política, lo que no ocurrió. Más adelante, Cárdenas expuso antecedentes sobre las propuestas que realiza Chile Compra, señalando que no le daban confianza. Asimismo hizo una relación de los medios que han desaparecido durante la transición democrática.

Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, observó que de la simple revisión de los medios escritos se desprende que existe “una enorme discriminación” en lo que a publicidad se refiere. El Estado favorece claramente a El Mercurio y La Tercera en materia de diarios. La situación de La Nación, de la que Santibáñez fue director entre 1990 y 1994, es diferente. Existe un círculo vicioso, agregó el dirigente, porque ante una baja circulación no se ponen avisos y a una relativamente alta, sí se ponen. “Y esto tiene dos aspectos: la no existencia de un instituto verificador de circulación que demuestre efectivamente tales diferencias, y que no se ha implementado lo que dice la Ley de Prensa respecto de los estudios sobre pluralismo y diversidad -que deberían hacerse y que no se han hecho-, que permitirían ver el otro lado de la medalla: que hay medios discriminados negativamente”.

El diputado (hoy ex diputado) Marco Enríquez-Ominami dio a conocer aspectos del trabajo que cumplió la comisión especial investigadora del avisaje estatal de la Cámara de Diputados, que él presidió. La comisión trabajó más de un año y comprobó que se producen niveles de discrecionalidad y arbitrariedad en el gasto del Estado en publicidad. Asimismo, quedó de manifiesto que existe “un exceso de concentración en el avisaje en algunos medios y que ello podía afectar dos bienes jurídicos, la libertad de expresión y el acceso a la información”. Enríquez-Ominami señaló algunos ejemplos: una de las ramas de las FF.AA. derivaba casi el 80 por ciento de su publicidad a un solo medio. Otra rama destinaba casi el 50% a un solo medio. El parlamentario destacó que en la comisión quedó en claro que las autoridades del Estado asignan la publicidad sin contar con estudios de la efectividad de los medios favorecidos con el avisaje.

El periodista, académico y director del periódico electrónico KrohneArchiv Walter Krohne, por su parte, señaló que los organismos y empresas del Estado no aplican ninguna regulación al destino de su gasto publicitario. “Cada uno tiene su propia reglamentación -añadió- y no necesariamente hay un padrón común para entregar el avisaje a los medios”. Observó que el problema tiene su origen “en las raíces mismas del sistema político y económico que se implantó en Chile en los años 70 y 80, y que continuó adelante en los años de la Concertación, desde 1990 en adelante. Este sistema hace que la estructura del Estado esté fundamentalmente bajo la supervigilancia permanente de una elite económica que maneja la economía y la política. Esa elite se interesa, además, en controlar otras dos esferas de la sociedad chilena, que son las comunicaciones y la educación.” Añadió Krohne que actualmente no hay en Chile prácticamente otra fuente de información que no sea la vía ideológica conservadora que representan los dos consorcios de la prensa. “El Estado tiene la obligación -añadió-, según dice la Constitución, de promover el pluralismo informativo, pero no lo hace y aduce que no lo hace porque es una cuestión de mercado y porque los gobiernos de la Concertación, desde un comienzo, dijeron que no tenían una política de comunicaciones”

PEDRO FERNANDEZ
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 677, 19 de diciembre, 2008)

Importaciones sumaron 65.878 unidades contra 24.227 de 2009 en primer trimestre

LOS CHILENOS COMPRAN AUTOS COMO "LOCOS"

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Las importaciones de automóviles crecieron en un 172 por ciento en el período enero-abril de este año en comparación al mismo período del año 2009, lo que significó la llegada a Chile de 65.878 unidades contra 24.227 del año pasado, informó el Servicio Nacional de Aduanas.

Sólo en abril, las internaciones aumentaron en un 174% con 14.048 automóviles,  siendo Corea del Sur el país que mayor cantidad de envíos hizo al país, con 5.653 unidades; seguidos de Japón con 3.993 y México con 970.

Estas cifras reflejan las mejores expectativas y el boom de ventas que están registrando las empresas automotoras en el país.

Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en abril se transaron 22.773 unidades de automóviles (SUV = Sport Utility Vehicle o Vehículo de Utilidad Deportiva y vehículos comerciales), prácticamente el doble de las 11.688 del mismo mes en 2009, que afectó duramente al sector debido a la crisis financiera mundial.

Así, el secretario general de ANAC, Gustavo Castellanos, explicó que “no debe extrañar a nadie este aumento porque responden al aumento de las ventas que se observan desde octubre de 2009, cuando comenzó nuevamente el alza de la demanda en el mercado".

Sobre los vehículos comerciales, que incluye camionetas y furgones a gasolina y diésel, en el acumulado enero-abril se importaron 19.604 unidades, un 110% más que en el mismo periodo del año anterior. Sólo en abril de 2010 ingresaron 5.497 vehículos, sumando US$ 79 millones.

Los vehículos comerciales tailandeses fueron los que más se importaron en enero-abril, con 5.815 unidades, seguidos de Corea del Sur, con 2.654, y Japón 2.568.

En cifras, las importaciones de vehículos -de pasajeros y comerciales livianos- sumó entre enero y abril de 2010 US$ 1.061 millones, un 156% más que los US$ 414 millones del año anterior.

En la industria prevén que las ventas de vehículos llegarán este año a las 220.000 unidades, un 27% más que en 2009.

MI ÚLTIMA PIZCA DE FE

Por Yoani Sánchez
Desde La Habana

Hace más de 60 días envié a varias instituciones cubanas una denuncia por detención ilegal, violencia policial y encarcelación arbitraria.

A partir de la muerte de Orlando Zapata Tamayo sucesivos arrestos ilegales impidieron a más de un centenar de personas participar en las actividades relacionadas con su funeral.

 Estuve entre los muchos que terminaron en un calabozo el 24 de febrero cuando nos dirigíamos a firmar el libro de condolencias abierto en su nombre. El grado de violencia empleado contra mí y la contravención de los procedimientos para recluir a un individuo en una Estación de Policía, me hicieron interponer una demanda con pocas esperanzas de que fuera ventilada en un tribunal.

Durante todo este tiempo he esperado la respuesta tanto de la Fiscalía Militar como de la Fiscalía General, haciendo un esfuerzo por no sacar a la luz este testimonio revelador, evidencia dolorosa de cuán vulnerados son nuestros derechos.

Afortunadamente mi teléfono móvil registró el audio de lo ocurrido aquel miércoles gris, e incluso después de ser confiscado grabó las conversaciones que tenían los agentes de la seguridad del estado y los policías –sin placas– que nos habían encerrado a la fuerza en la estación de Infanta y Manglar.

La evidencia contiene los nombres de algunos responsables y devela el trasfondo político de la operación contra opositores, periodistas independientes y bloggers. He enviado copias de este expediente de “secuestro” también a organismos internacionales de Derechos Humanos, protección a reporteros y todos aquellos relacionados con malos tratos. Varios abogados de la Asociación Jurídica de Cuba me han asesorado en este empeño.

Aunque existen pocas posibilidades de que alguien salga juzgado, al menos los responsables sabrán que sus atrocidades ya no quedan en el silencio de la víctima. La tecnología ha permitido que todo esto salga a la luz.

JUEZ GARZON FUE SUSPENDIDO POR INTENTAR ACLARAR CRÍMENES DEL FRANQUISMO

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió hoy al juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional española tras la apertura el miércoles de un juicio oral en su contra por decisión del magistrado Luciano Varela, del Tribunal Supremo.

Garzón es acusado de presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo.

El juez tiene tres causas en su contra en el Tribunal Supremo, la del franquismo, por ordenar "escuchas" en el caso Gürtel y por el financiamiento de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.

"No se afrontan las situaciones complejas con optimismo, sino con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que soy inocente de lo que se me acusa”, declaró el magistrado.

Por otra parte, el CGPJ aplazó también su decisión sobre el traslado temporal de Garzón a la Corte Penal Internacional, petición que el mismo hizo tras recibir y aceptar una invitación por escrito de Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de dicha Corte, para trabajar como asistente en la Haya, Holanda.

El CGPJ comunicó al juez que aún no hay una respuesta a su petición que él efectuó el martes pasado, expresando además que está pidiendo a la Corte Internacional que confirme el ofrecimiento de un contrato para el juez y si ello tiene inmunidad procesal.

En fuentes del Tribunal se explicó que una vez que se reciba la documentación solicitada, la Comisión Permanente se reunirá de inmediato para adoptar una decisión definitiva.

Siete meses como asesor en la Corte Penal Internacional (CPI) podrían haber librado a Garzón del golpe de hoy. Sin embargo, y pese a que el diario El País asegura que su marcha se intentó hasta el último minuto, por cuestiones de plazos se hizo imposible, y también porque se trataba de una escapada demasiado evidente que, a fin de cuentas, hubiera resultado peligrosa.


Garzón tuvo que quedarse en España y aceptar el veredicto del CGPJ. Ahora, sólo podrá volver a su "Juzgado número 5" de la Audiencia Nacional si en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo español es declarado inocente.

Organizaciones de ultraderecha acusan a Garzón de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista.

El autodenominado sindicato Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad piden que sea inhabilitado por 20 años. Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó el régimen de Franco (1939-1975), era la otra parte en este proceso, si bien finalmente fue expulsada del mismo por no presentar a tiempo una corrección de su escrito de acusación.

El Tribunal Supremo tiene tres causas abiertas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. ELMUNDO.es explica las claves de cada una de ellas:

Causas contra Garzón en España: El Mundo las explica

CAUSA 1: Crímenes del franquismo

¿De qué se le acusa?

La Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.

¿Quién le acusa?

La querella está promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, uno de los responsables del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Con posterioridad presentan querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. La Fiscalía se manifiesta en contra y pide su archivo.

El 23 de abril, el juez Varela expulsa a Falange del proceso por haber presentado fuera del plazo establecido el escrito de acusación contra Garzón.

Dos días antes, Varela había dado a la formación ultra un día de plazo para que subsanara dicho escrito, que contenía valoraciones ideológicas y comentarios personales sobre Garzón.

Indicios

El Supremo pone de manifiesto que tras una primera etapa de más de un año en la que Garzón no hizo otra cosa que proveer las denuncias que iba recibiendo, el 1 de febrero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe en el que advertía que este tribunal no era el competente para investigar las desapariciones forzadas, que el delito de lesa humanidad consignado en las denuncias no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos denunciados y que en todo caso sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Sin resolver sobre su competencia, Garzón ordenó la práctica de distintas diligencias.

En un auto del 16 de octubre de 2008, en el que se refirió a los delitos denunciados como "crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad", ordenó pedir certificaciones de defunción de 35 personas "a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento". Pero, paralelamente, acordó formar un grupo de expertos y de Policía Judicial y autorizó exhumaciones.

En menos de un mes, el 18 de noviembre, Garzón cerró las diligencias declarando extinguida la responsabilidad de varias personas, que ahora son ya 45, por haber fallecido. Entre ellos, aunque el auto no los cita, se encuentran los generales Franco, Mola o Queipo de Llano.

"En definitiva", señala el Supremo, "la investigación se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material". Además, "declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación, de 45 personas, sobre cuyas acciones no se ha practicado actividad de investigación alguna".

El 7 de abril, el magistrado del Supremo Luciano Varela decide transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por esta causa.

El 12 de mayo, Varela ordena finalmente la apertura del juicio oral por un presunto delito de prevaricación intencionada, y no por una prevaricación meramente imprudente, en la causa abierta por las investigaciones del franquismo. La decisión no es recurrible.

Esta orden se produce un día después de que Garzón solicitara al CGPJ el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe durante siete meses.

Una vez dictada la apertura de juicio oral, el CGPJ convoca un pleno extraordinario hoy viernes 14 de mayo, en el que decide la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional.

Causa 2: Rechazar una querella contra un banco que le financió

¿De qué se le acusa?

El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH para financiar actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH (Banco Santander Cuentas e Hipotecas), Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado la "generosa aportación" de 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.

¿Quién le acusa?

La querella fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.

Indicios

De acuerdo con la querella, los fondos del BSCH habrían servido, además de financiar los coloquios celebrados en la Universidad de Nueva York bajo la dirección de Garzón, para abonar viajes del juez por 22.650 dólares y para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por importe de 21.650 dólares.

Para la admisión de la querella fue determinante el conocimiento de las cartas que Garzón envió a Botín para solicitarle los fondos, elemento que no se conocía cuando, el 2 de febrero del pasado año, se archivó una primera investigación sobre los hechos.

En ellas, Garzón se dirige al presidente del banco, le agradece la financiación recibida y le pide más dinero para organizar una segunda serie de coloquios, lo que es objeto de nuevos agradecimientos. "No puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación" entre la petición y consecución del patrocinio del BSCH y la negativa a abrir un proceso al presidente de esa entidad, dice la Sala de lo Penal en el auto de iniciación del proceso.

Causa 3: Intervenir comunicaciones entre imputado y abogado en
               caso Gürtel (1)

(1): Caso Gürtel: Nombre dado a la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular y encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido, traducido al alemán (gürtel es cinturón), da nombre al caso. Este caso fue destapado por el diario español El País.


¿De qué se le acusa?

De nuevo por unanimidad, el 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel (1) con sus abogados defensores.

El Tribunal Supremo cita a declarar a Garzón el próximo 10 de mayo, a las 10.30 horas, por esta causa.

¿Quién le acusa?

El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se han personado los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.

Indicios

La Sala destaca que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.

TEATRO EN EL CAMILO HENRIQUEZ

CONOZCAMOS EL PERFIL DE LOS NUEVOS DUEÑOS DEL CANAL CHILEVISIÓN TV

El nuevo propietario de Chilevisión será el grupo de capitales chilenos y argentinos  Linzor Capital Partners (LCP) con importantes inversiones en Chile y América Latina y propietario del Cine Hoyts regional (latinoamericano) y en Chile, de la Isapre Cruz Blanca y de la Universidad Santo Tomás, entre otras empresas.

LCP es un fondo de capital privado con presencia en compañías de mediano tamaño en los sectores industriales, de servicios y retail. Fundado el 2006 por Tim Purcell, chileno (foto siguiente derecha), y Alfredo Irigoin, argentino, ambos se  conocieron cuando trabajaban en JP Morgan en los años noventa. En 1999 levantaron un primer fondo que repartieron en 23 empresas de la región.

Un año más tarde se incorporó un tercer socio, Carlos Ingham,  argentino, quien igualmente provenía de JP Morgan. En los últimos diez años, este grupo ha invertido cerca de 550 millones de dólares en 30 empresas. Está vinculado al Grupo Said con el cual comparte la propiedad de la isapre Cruz Blanca.


El presidente Sebastián Piñera (foto izquierda), actual propietario de Chilevisión TV,  decidió el martes de esta semana venderlo a  Linzor Capital Partners (LCP) por un valor de 130 millones de dólares, rechazando la oferta del Grupo Clarin de Buenos Aires, superior en 10 millones de dólares, por los problemas políticos que esta operación podría originar con la presidenta transandina Cristina Kirchner, quien, conjuntamente con su esposo Nestor Kirchner, mantiene una fuerte rivalidad con dicho grupo de comunicaciones bonaerense, lo que podría afectar las relaciones entre ambos países.

LCP, que no tiene experiencia en gestión de medios, integró al equipo a seis ejecutivos de Chilevisión: Jaime de Aguirre, Mario Conca, Pablo Morales, Fernando Berndt, Alicia Zaldívar y Patricio Caldichoury, quienes tendrán el control sobre entre el 5 y el 10 por ciento de la propiedad del canal.

El interés principal de Piñera era tener superado este “conflicto de interés” de su gobierno antes del próximo 21 de mayo, día en que tendrá que entregar a la Nación su primer mensaje presidencial en el Congreso Nacional en Valparaíso. Por esta misma razón, el pago de la operación de compraventa con LCP deberá ser al contado.

Piñera adquirió Chilevisión en 24 millones de dólares en 2005. Es decir, en cinco años ganará 106 millones de dólares, un promedio de 21,2 millones de dólares por año. Bajo su propiedad, la estación se convirtió en la principal competencia de Televisión Nacional de Chile (TVN) a nivel de audiencia y es además la que registra actualmente mayores utilidades. Sólo el 2009 las ganancias llegaron a casi US$ 15 millones o sea a un 62,5 por ciento de lo que el mandatario pagó por el canal hace cinco años. En pesos reales fueron 7.603 millones (seguido por la señal estatal, con $5.699 millones).

El mercado atribuye este crecimiento económico que ha tenido la estación a la gestión de la dupla De Aguirre-Conca. La frase "una cosa es con ellos dentro y otra bien distinta es sin ellos" se convirtió en una especie de cliché durante las últimas semanas, se lee en la revista Qué Pasa, señalando además que el tema de la venta de CHV se situó en la agenda pública en Santiago.

Perfil inversor de los nuevos dueños de Chilevisión

Después del debut en 2006, LCP comenzó a crecer rápidamente. Aparte de Cines Hoyts e Isapre Cruz Blanca , vinieron luego otras empresas. Con la llegada al Grupo de dos ex ejecutivos del Grupo Compass (Canio Corbo y Tomás Hurtado) , se decidió crear un nuevo Fondo de Inversión, el “Linzor Absolut Return”, que invierte en activos públicos y líquidos a través de compra y venta de instrumentos de deuda, acciones y monedas. La oferta es rentar todos los meses positivo y está concentrado en el área internacional, especialmente en América Latina, estando ya en vías de administrar unos US$ 100 millones.

Linzor Capital Partners es de capitales argentinos y chilenos y sus inversiones están enfocadas en la región latinoamericana, especialmente en México, Colombia, Chile y Argentina. “Más que el sector, es clave identificar negocios con potencial de duplicarse o triplicarse con una estrategia de tres a cinco años”, indicó uno de sus socios, el chileno Tim Purcell.

Linzor puso pie en Argentina con su primera adquisición: el 85 por ciento de Hoyts General Cinema South America, en 2007. Esta sola empresa facturó US$ 60 millones en 2008 y tiene 180 pantallas en la región, sumando luego la adquisición de Showcase en Chile.

En Chile, una de las últimas adquisiciones fue la Corporación Santo Tomas S.A., en el marco de una negociación dura y complicada, pero que llegó a buen puerto. Linzor, junto al empresario Juan Hurtado Vicuña,  compró a ocho accionistas de dicha Corporación educacional (50.000 alumnos, en 23 establecimientos, de niveles secundarios, terciarios y universitario),  pagando 33.000 millones de pesos por el 57,6 por ciento de la propiedad.

Esta Corporación fue fundada por Gerardo Rocha Vera, quien falleció como consecuencia de graves quemaduras recibidas tras asesinar a un corredor de propiedades e incendiar la casa de éste en el balneario de El Quisco, en un incidente producido aparentemente por venganza o celos.

Cruz Blanca: con cifras azules

A fines de diciembre de 2007, el LCP compró la isapre ING -del grupo holandés del mismo nombre-, en sociedad con el grupo Said, cuando la empresa acumulaba cuatro años consecutivos con números rojos, pese a que el sector, en conjunto, registraba utilidades.

"Pensábamos llegar a un equilibrio en 2009 y tener utilidades en 2010", dijo uno de los socios de LCP, el argentino Carlos Ingham. Pero los resultados llegaron antes, en 2008, con una pequeña utilidad de unos $850 millones.

La clave estuvo en los cambios que hizo el Grupo en la plana ejecutiva de la Isapre, colocando gente de primera línea que le “levantaron” a la isapre Consalud, como Raúl Valenzuela; Arturo Labbé, y Eduardo Polanco, a quienes les dieron participación en la propiedad.

Mismo formato para Chilevisión

La misma fórmula de hacer partícipes a los ejecutivos en la propiedad de la empresa que se adquiere, aplicará LCP en Chilevisión. Así se asegurará continuidad en cuanto a la audiencia y a las ganancias de la estación televisiva. Al frente de este nuevo negocio permanecerán los mismos de siempre, lo que está indicando que en este canal tampoco se cambiará substancialmente la programación.

Así se espera igualmente que la línea editorial de Chilevisión siga igual que como fue bajo la propiedad de Piñera. Esto permite concluír que el mandatario chileno no sólo hizo un buen negocio, sino también logró mantener a sus buenos amigos, como De Aguirre y Conca, en la plana ejecutiva de la empresa. En otras palabra, con esta gestión, Piñera evitó que grupos opositores a su política se hicieran de la propiedad de esta estación televisiva.

Como dijimos antes, los principales ejecutivos, como el director Jaime de Aguirre (foto más abajo izquierda) y el gerente general, Mario Conca (foto más abajo de De Aguirre izquierda), serán claves en la nueva era de Chilevisión por el exitoso resultado en materia de administración que han tenido.  Así lo reconocieron también los sindicatos de la estación que entregaron un comunicado diciendo: “La decisión de Sebastián Piñera tomada en el año 2005 y que significó comprar Chilevisión, pasó en gran medida por la definida línea editorial, la buena administración en general y las cordiales relaciones entre los sindicatos y ejecutivos".

De Aguirre es considerado uno de los hombres más experimentados de la industria de la televisión chilena. Su amplia trayectoria ha avalado su desempeño en Chilevisión, logrando posicionar al canal como una de las propuestas televisivas mejor evaluadas de la industria. Previo a su llegada a Chilevisión en el 2002, se desempeñó durante once años como director de programación de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Mario Conca, por su parte,  llegó a Chilevisión en 2005 procedente de TVN, canal al que había llegado en 1994 como gerente de planificación y desarrollo.

Los que han trabajado con Mario Conca le reconocen su profesionalismo, pero señalan su inflexibilidad como falencia.


¿Qué pasará en TVN?

Conca había sido propuesto por Piñera como director ejecutivo de TVN en reemplazo de Daniel Fernández, quien asumió ya como vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén.

Con su continuidad en Chilevisión,  la propuesta en favor de Conca quedará  anulada.


Últimos detalles y críticas

Con toda la negociación realizada esta semana, cuya promesa de compraventa entre Piñera y LCP quedó firmada hoy, en el caso de Chilevisión se cierra quizá el último capítulo, que le permitirá al mandatario terminar con un problema que sólo le causaba roces inútiles con la oposición por el "conflicto de intereses" que ha originado hasta ahora el hecho de que él sea también propietario de un canal privado de televisión.

Sin embargo, como ya dijimos antes, la fórmula de venta elegida no ha dejado totalmente convencida a la  oposición, al menos los democristianos están escépticos por la permanencia en la estación de dos altos ejecutivos que fueron estrechos colaboradores de Piñera, como De Aguirre y Mario Conca. En esta línea, la centroizquierda expresó que la participación de los principales ejecutivos del canal -liderados por el director ejecutivo Jaime de Aguirre y el genente general Mario Conca- en la venta de Chilevisión generaba dudas.


“Se trata de gente de los mismos, gente de alrededor, gente que ha trabajado con él, no sé… no huele bien la cosa”, dijo el diputado DC Pablo Lorenzini, a lo que el diputado PS Osvaldo Andrade agregó: "Persiste  la duda de siempre, que estas cosas no se hacen con la transparencia y tranquilidad que uno quisiera”.

Por la Alianza, el presidente del gremialismo, Juan Antonio Coloma, salió en defensa del Presidente: “Les pido a los dirigentes de la Concertación que no le sigan buscando la quinta pata al gato. Hemos visto que se está cumpliendo con la venta de lo que se había comprometido a hacer y eso me parece que hay que destacarlo. Si a pesar de eso se sigue insistiendo en buscar más detalles, quiere decir que lo que anima a algunos dirigentes de la Concertación no es el ánimo de fiscalizar, controlar o ayudar a gobernar bien, sino que simplemente hacer zancadillas, el espíritu de Chile no es hacer zancadillas”.

Hoy murieron otras ocho personas en nuevo ataque

A 66 SUBEN ESTE AÑO LOS MUERTOS EN ATENTADOS TERRORISTAS EN EL CÁUCASO NORTE 

   (Vincular con serie en tres partes sobre el Terrorismo en Rusia publicada por KrohneArchiv los días 19,
    20 y 21 de abril pasados)

Ocho muertos dejó hoy un nuevo atentado terrorista en la república rusa de Daguestán al estallar una bomba en un vehículo cuando se acercaba a una torre retrasmisora de televisión, informó el ministerio daguestaní del Interior en la región del Cáucaso Norte.

La agencia noticiosa rusa Interfax dijo que el vehículo explotó cuando transportaba a un equipo técnico que tenía la misión de realizar en la torre “reparaciones". Agregó el despacho que las víctimas fueron sorprendidos en una emboscada.

Los autores del atentado fueron atacados posteriormente por varios policías que llegaron en carros patrulleros, resultando cuatro de ellos heridos, los que fueron hospitalizados.

El atentado ocurrió exactamente en la localidad daguestaní de Sergokala.

Los técnicos se dirigían a ejecutar reparaciones en la torre restrasmisora después que ésta fue anoche escenario de un ataque armado quedando con una destrucción parcial.

El movil del atentado aún no está claro, pero se sospecha que estaba dirigido en contra de los policías que debían escoltar al vehículo de la televisión en el que viajaban los técnicos.

El atentado de hoy se produce después que en el mes de marzo ocurrieron otros dos graves atentados en el metro de Moscú con un saldo de 39 muertos y otros dos en la misma república de Daguestán con 13 víctimas fatales. .

En la región de Daguestán viven 2,5 millones de habitantes de múltiples etnias y es escenario frecuente de enfrentamientos entre rebeldes islamistas y la fuerzas de seguridad.

En enero pasado, seis policías murieron y otros 14 resultaron heridos en un ataque suicida en Majachkalá, la capital de Daguestán. Este lugar es uno de los principales blancos de la guerrilla islámica en el Cáucaso del Norte.

En otros dos atentados, ocurridos el 31 de marzo pasado en la ciudad daguestaní de Kizliar, murieron 13 personas y otras 28 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran agentes de seguridad, entre ellas estaba el jefe policial de Kizliar.

Una de las explosiones fue causada por un terrorista suicida. El primer atentado fue realizado con un autobomba estacionado a unos 300 metros de los edificios que ocupan el Ministerio del Interior, el Servicio Federal de Seguridad y un instituto de educación secundaria.

El segundo atentado ocurrió en el mismo lugar veinte minutos más tarde cuando estalló otro artefacto accionado por un terrorista suicida vestido de policía.

Continúa debate sobre las responsabilidades en el terremoto

DESCARGOS EN CONTRA DE LAS DECLARACIONES DE  LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET


Después de las declaraciones realizadas por la ex presidenta Michelle Bachelet sobre las primeras horas vividas en la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) tras el terremoto del 27 de febrero pasado, comenzaron los descargos por parte de sectores y servicios aludidos por la ex mandataria, especialmente la Universidad de Chile, que declaró no haber recibido oportunamente el dinero del Estado chileno para modernizar el sistema sismológico del país, como declaró esta semana la ex Jefa de Estado en el canal de TV 24 Horas.

Igualmente se supo que el proyecto de ley mencionado por la ex Presidenta para equipar con tecnología de punta a la ONEMI, nunca fue enviado al Congreso Nacional para su discusión.

Una tercera rectificación a las palabras de Bachelet la entregó la compañía telefónica que atiende a la ONEMI, la empresa CMET, desmintiendo que las comunicaciones hubiesen estado cortadas con esa repartición la noche del terremoto, presentando un desglose de las llamadas realizadas por esta vía en las cuatro horas y media siguientes a la tragedia.

En otras palabras, o la ex Presidenta está desinformada o entregó sólo información parcial sobre planes por realizar o que se intentó llevar a cabo en su Gobierno, pero, que por distintos motivos, simplemente fueron aplazados.

El caso más crítico es el de la Universidad de Chile. Sobre esto la ex presidente afirmó. Como informó ampliamente ayer KrohneArchiv: “En 2007, en el mensaje presidencial del 21 de mayo, creo, yo anuncié al país el fortalecimiento de todo el equipo de sismografía y sismológico. En Chile, esto lo hace la Universidad de Chile, dado que somos un país pequeño y que hay pocos especialistas. Nosotros lo que hicimos es traspasar los recursos para que la Universidad de Chile comprara los últimos equipos de última tecnología. Sin embargo, no los compró por temas burocráticos, no los instaló, pero el problema es de la Universidad. El problema entonces es que esos equipos que podían trasmitir sin electricidad todavía no han llegado al país, habiendo nosotros entregado los recursos dos años antes. Por lo tanto nosotros hicimos lo correcto”.

El proyecto, enmarcado en el Bicentenario, comprende una inversión de 18 millones de dólares (aproximadamente $ 9.450.000.000). Recién en octubre de 2009, la Onemi entregó a la universidad una parte del monto equivalente a $ 3.000 millones.

La ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, rebatió a Bachelet en este tema al mismo tiempo que la Universidad de Chile negó que el 2007 la ex Presidenta le hubiese traspasado fondos para este proyecto.

“Nos parece grave que si el gobierno anterior estaba consciente de una debilidad institucional para enfrentar una crisis como el terremoto, no se haya hecho nada. No basta con estar consciente de los problemas, hay que enfrentarlos y solucionarlos", declaró la vocera de Gobierno.

Las palabras de la ex jefa de Estado tampoco fueron del agrado de las autoridades de la Universidad de Chile. El director del Servicio Sismológico de dicha casa de estudios, Sergio Barrientos, sostuvo que "los recursos se prometieron en 2007, pero sólo los recibimos en 2009" y que esos montos contemplaban sólo la compra de equipos, pero no su instalación, ya que llegaron a US$ 6 millones y no los US$ 18 millones comprometidos.

Modernización de ONEMI

Igual desmentido recibió la ex presidenta a sus declaraciones sobre un supuesto proyecto para modernizar la ONEMI.

Ella dijo: “Había un proyecto de ley que estaba, no se si ingresado al Parlamento o no, para fortalecer la Onemi, porque había consciencia de que la Onemi nacional tenía una capacidad instalada, pero en las regionales no. Eso es lo que hoy hay que hacer, hay que fortalecer la Onemi”. En este contexto se mencionó que la ONEMI del Bío Bío contaba sólo con dos personas: el Director Regional y su chofer.

Al respecto, el ex ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, señaló que dicha iniciativa nunca fue despachada al Congreso.

Comunicación telefónica

La gerente comercial de CMET, empresa que atiende el servicio telefónico en ONEMI, Cinthia Barra, declaró que entre las 3:36 y las 8 horas de la madrugada del día 27 de febrero, la Onemi registró 1.227 llamadas entrantes, con 26,9 horas de conversación, y 802 llamadas salientes, con 11,5 horas de conversación.

Esta aclaración desmiente las versiones de que ONEMI estaba prácticamente aislada por falta de comunicación telefónica o de otro tipo.

La ex directora de la ONEMI Carmen Fernández dijo ayer que el servicio de internet de la repartición se "cayó" entre seis a ocho minutos luego del terremoto, por lo que no pudieron revisar el sitio web del NOAA, organismo estadounidense que dio la alerta de maremoto.

Sin embargo, la empresa CMET, que provee de telefonía a la repartición, desmintió la versión con la entrega del desglose de las llamadas telefónicas efectuadas tras el terremoto. Además, dijo Cinthia Barra, entre las comunicaciones hubo 18 llamadas a Concepción, equivalentes a 50 minutos, y cuatro llamadas a Valparaíso, por 20 minutos.

"Este organismo mantuvo sus comunicaciones activas, operativas, funcionando. Haberse comunicado con Concepción en las circunstancias que se estaban viviendo sa noche-madrugada era un lujo", sentenció Barra.

Quejas de la Presidenta

En una entrevista con Radio Cooperativa, la ex Presidenta dijo haber recibido críticas "absurdas" a su actuación pasado el terremoto, tanto por el hecho de haber ido a terreno como por no haber ido a La Moneda a encabezar la emergencia.

"Me llama la atención las críticas que uno escucha y lee, como por ejemplo que por qué yo no me fui a La Moneda, y por qué fui a la ONEMI, críticas de por qué me fui a terreno. Me parece absurdo, y justamente es gente con una mirada muy pequeña", dijo Bachelet.

"Partí a terreno dado que la información y las comunicaciones no existían, para estar ahí con la gente y no por el contrario estar encerrada en la Moneda", insistió la ex Mandataria.

"Lo que tiene que hacer un Presidente, si no hay un sistema que esté funcionando, es justamente ir al lugar de los hechos y poder tomar mejores decisiones", afirmó.

General Cristian Le Dantec refuta acusaciones

-¿Quién tiene que hacerse cargo de una catástrofe, Defensa o Interior?

"La responsabilidad es de Interior", responde tajante el general Cristián Le Dantec (56), quien asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) cuatro días antes del terremoto del 27 de febrero. ¿Su misión? Coordinar las FF.AA. en tiempos de paz, guerra o catástrofe.

-¿Qué rol asignó a las FF.AA. el decreto 156 del 12 de marzo de 2002, firmado por el Presidente Lagos y los ministros Insulza y Bachelet?

"Su rol, en el plan de protección civil, es disponer de los medios para cooperar a solicitud de la ONEMI".

-¿Sabía usted que dos días antes del terremoto el Gobierno había firmado otro decreto que subordinaba las FF AA a la ONEMI con el rol de transporte de voluntarios?

"Lo conocí el viernes, el día anterior al terremoto. Yo me había recibido tres días antes en el EMC y sólo podía acatar un documento firmado por los ministros de Interior y Defensa, que después fue eliminado".

-En el video del día 27 se ven todos confundidos en la Onemi: la Presidenta, los ministros, las FF.AA., la Onemi. ¿Quién debía tener la información sobre lo que estaba ocurriendo en Chile?

"Claramente, la Onemi".

-¿Pero no estaba la Onemi aislada hasta de sus sedes regionales?

"Yo vi un grado de confusión y no había información de ningún tipo. No funcionaban los teléfonos ni los sistemas de apoyo".

-El ex subsecretario de Interior Patricio Rosende culpó a las FF AA de la falta de información.

"Es una acusación bastante injusta e injustificada porque a nosotros no nos correspondía eso".

-La red de Onemi, según dijo su ex directora Carmen Fernández, era con enlace a Carabineros y con las FF.AA. y como ellas colapsaron, lo hizo todo.

"El sistema de comunicación de la Onemi es totalmente independiente. Con ella nos comunicamos por teléfono, no por radio. La Onemi no tenía información porque sus sistemas no funcionaron. Nosotros no teníamos en ninguna parte la obligación de servir de respaldo o entregar sistema de comunicación a la Onemi".

-¿Cuál debía ser su rol ahí?

"Dar cumplimiento a todas las medidas que nos solicitaran".

-Pero le solicitaron información esa noche y no la tenía.

"Nuestro rol no es ser recopiladores de información. No teníamos cómo tenerla de la zona de los tsunamis, porque no teníamos unidades allí. Se mandaron patrullas a la costa, pero eso no era posible a las 4 A.M. Y lo que no aparece en el video es que a solicitud de la Presidenta recabé información al Ejército y la obtuve".

Explica que aunque fallaron las comunicaciones (se movieron las antenas y no operó la satelital), sí funcionó el Plan Torrente, que es un sistema de radio abierto, pero opera sólo entre unidades militares.

Agrega que a la Armada el terremoto le botó sus antenas y por eso no supo lo que ocurría en Talcahuano y que la FACH no tuvo problemas con sus bases.

"Carabineros tenía sus sistemas de comunicación regionales, pero no estaban comunicados con el nivel central".

-¿Cómo es posible que la Armada haya salvado sus barcos en Talcahuano y no haya comunicado el maremoto al almirante?

"Esa no era su función. El ministro Ravinet señaló que la función de las FF AA no es ser custodio del terremoto o aludes. La función de los marinos es salvar sus buques y eso es lo que hicieron".

Añade que tampoco correspondía a la Armada comunicar la alarma a la población, sino que a las representaciones regionales de la Onemi.

El general llegó a la Onemi a las 6 A.M., después que la Presidenta, y se retiró cuando ella tomó el helicóptero a Talca a las 9.35. (Fuente: Entrevista de El Mercurio).

TEATRO MUNICIPAL: PROGRAMA DE CONCIERTOS Y OPERA-ELEKTRA, LA ESENCIA DE LA TRAGEDIA GRIEGA

TEATRO MUNICIPAL: CONCIERTOS PROGRAMADOS
Concierto para Clarinete N°1, de Carl Maria Von Weber

Con la participación del destacado solista, Jorge Levín (clarinete); la Sinfonía Fantástica Op.14, de Hector Berlioz, y - como parte de la celebración del Bicentenario- la obra El Despertar de la Especie, del compositor chileno Sebastián Vergara, es el programa que contempla el Concierto V del Teatro Municipal de Santiago. El espectáculo, programado para el 22 y 23 de junio, a las 19:00 horas, será interpretado por la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Rani Calderón. Teatro de la Escuela de Carabineros (Vasconia S/N, esquina Antonio Varas).
Precios: $14.000 y $23.000.

Del Teatro Municipal de Santiago:
LUIS ALBERTO LATORRE INICIA CICLO DE GRANDES PIANISTAS, CELEBRANDO LOS 200 AÑOS DE SCHUMANN Y CHOPIN - ICONOS DE ROMANTICISMO
• 14 de junio, en el teatro de la Escuela de Carabineros.
Orquesta Filarmónica de Santiago: Programación

Concierto para Clarinete N°1, de Carl Maria Von Weber, con la participación del destacado solista, Jorge Levín (clarinete); la Sinfonía Fantástica Op.14, de Hector Berlioz, y - como parte de la celebración del Bicentenario- la obra El Despertar de la Especie, del compositor chileno Sebastián Vergara, es el programa que contempla el Concierto V del Teatro Municipal de Santiago. El espectáculo, programado para el 22 y 23 de junio, 19 horas, será interpretado por la Orquesta Filarmónica de Santiago, bajo la dirección de Rani Calderón. Teatro de la Escuela de Carabineros (Vasconia S/N, esquina Antonio Varas).
Precios: $14.000 y $23.000.

• 14 de junio, 19 horas, en el teatro de la Escuela de Carabineros (Vasconia s/n esquina Antonio Varas)
Este año el Ciclo de Grandes Pianistas Radio Beethoven, del Teatro Municipal de Santiago, estará dedicado a Robert Schumann y a Frédéric Chopin - íconos del romanticismo -, como una manera de celebrar los 200 años de su natalicio. El destacado pianista chileno, Luis Alberto Latorre, interpretará la Sonata N°1 Op.11 de Schumann; y de Chopin, Nocturnos Op.9 y la Sonata N°2. Importantes solistas chilenos y extranjeros completarán el Ciclo de Grandes Pianistas Radio Beethoven 2010: Jean Philippe Collard (Foto siguiente abajo) T, Edith Fischer, Alfredo Perl, Marian Sobula, Roberto Bravo y Felipe Browne. Precios: $8.000 y $16.000.

Luis Alberto Latorre: Chileno. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. En 1981 obtuvo el Primer Lugar en el Concurso Latinoamericano de Piano Teresa Carreño, en Caracas, Venezuela. Ha ofrecido conciertos y realizado grabaciones de música nacional y europea, como El Libro-CD El Sonido de la Escritura, a cargo de la Compañía Pilcomayo; el CD de Registros inéditos de Arnold Schoenberg y Cirilo Vila; el Álbum para el Músico Contemporáneo, de los compositores chilenos Ricardo Silva y Christian Donoso, y la participación en el Festival de Música Contemporánea en la Universidad Católica. En 2000 fue distinguido por la Sociedad de Compositores de Chile por su trabajo en el estudio y ejecución de la música chilena. Con la Orquesta Sinfónica , y dirigido por David del Pino Klinge, interpretó la Sinfonía Turangalîla, de Olivier Messiaen, en la Temporada Internacional de 2005. Desde 2004 es profesor de Música de Cámara y Piano del S.XX en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Junto a los músicos Guillermo Lavado, Isidro Rodríguez, Karina Fischer y Cecilia Carrère conforma el grupo CIMA (Colectivo de Intérpretes de Música Actual) que realiza una temporada de conciertos en el Goethe Institut. En marzo de 2008 viajó invitado a Torino, Italia, para realizar dos recitales con sonatas de Beethoven en la Temporada de Conciertos del Policontri. Desde este año se desempeña como profesor de Música de Cámara en el Instituto de Música de la Universidad Católica, realizando además una intensa participación en la Temporada de Extensión de dicha entidad pedagógica.
A mediados de 2008 es invitado a integrar el Consejo Nacional de la Música del Consejo de la Cultura y las Artes, que depende del Ministerio de Cultura de Chile, como representante de los Músicos Intérpretes de Chile.

Temporada de Ópera del Teatro Municipal:
ELEKTRA, LA ESENCIA DE LA TRAGEDIA GRIEGA LLEVADA A ÓPERA POR RICHARD STRAUSS
• Fechas: 18, 21, 24, 29 de junio, a las 19:00 horas. 27 de junio a las 17:00 horas. Teatro Escuela de Carabineros de Chile (Vasconia S/N, esquina Antonio Varas)

Precios: $80.000 y $110.000

• Con la soprano estadounidense Jeanne-Michéle Charbonnet (Foto siguiente abajo), y la dirección de escena del famoso réggiseur, Michael Hampe.
Elektra, la esencia de la tragedia griega llevada a ópera por Richard Strauss, es el segundo título que el Teatro Municipal de Santiago presentará dentro de su Temporada de Ópera.

Una nueva producción y un elenco de gran jerarquía darán vida a esta ópera en un acto, del compositor alemán. La dirección musical será responsabilidad del titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago, Rani Calderon, y la dirección de escena estará a cargo de Michael Hampe. Germán Droghetti diseñará el vestuario y la escenografía, y Ramón López, la iluminación; ambos, conformando un equipo con mucha experiencia y gran éxito en producciones anteriores.

En el dramático rol titular estará la gran soprano estadounidense Jeanne-Michèle Charbonnet (Elektra), la cual en 2009 fue la protagonista de Lady Macbeth de Mtsensk, de Shostakovich en este mismo escenario. Junto a ella, debutan en Chile Anne Marie Backlund (Chrysotemis), Susan Resmark (Klytemnestra), Donald Kaasch (Egisto) y Harry Peeters (Orestes).

El resto del elenco está conformado por Evelyn Ramírez (confidente y doncella), Jenny Muñoz (dama de compañía), Pedro Espinoza (joven sirviente), Jorge Negroni (viejo sirviente y tutor de Orestes), Miriam Caparotta (gobernanta); y Lina Escobedo, Claudia Godoy, Paulina González y Daniela Ezquerra, en los roles de las doncellas.

La Trama

En el palacio donde alguna vez reinara su traicionado padre, Elektra (Jeanne Michèle Charbonnet) lo invoca. Su esposa, Klytemnestra (Susan Resmark), y su amante, Egisto (Donald Kaasch), lo han asesinado despertando la ira y sed de venganza de Elektra. Orestes (Harry Peeters), su hermano, que se suponía muerto, pero que finalmente regresa de un largo viaje, será quien concrete el castigo de los asesinos generando un éxtasis incontrolable de su hermana que, en una frenética danza, muere también frente a la tumba de su padre.

Intenso dramatismo

La música es desde el primer instante de un intenso dramatismo. Ásperas disonancias parecen reflejar el alma desolada de Elektra y los remordimientos de Klitemnestra. Estas son las fuerzas que impulsan la tragedia. El compositor encontró en esta obra todo lo que anhelaba para poder hacer realidad, una vez más, su idea del drama musical.


Jeanne-Michèle Charbonnet, soprano

Estadounidense. Comenzó su carrera con ópera italiana y en los últimos años es reconocida como una de las mejores intérpretes del repertorio alemán y contemporáneo. En Europa, se ha presentado en el Liceu de Barcelona, Ópera Nacional de París, Ópera de Holanda, Berlín, Teatro La Fenice, Festival de Bregenz y el Teatro Comunal de Florencia. Ha interpretado recientemente Goneril (Rey Lear) y Elektra en la Ópera de Frankfort; Brunilda (Sigfrido) en la Ópera Nacional del Rhin; El Castillo de Barba Azul en concierto, con la Orquesta Nacional de Oslo; recitales en Angers y Nantes; Ortrud (Lohengrin) en la Ópera de Frankfort. En la temporada 2007/2008 fue Judith (El Castillo de Barba Azul) en la Ópera de Nantes; Elektra en la Ópera de Berlín, World Requiem de John Fould con la Sinfónica de la BBC en el Royal Albert Hall y Tristán e Isolda en el Teatro Real de Madrid. También ha cantado La Valquiria en la Ópera de Estrasburgo, Lady Macbeth de Mtsensk en el Maggio Musicale Fiorentino de Florencia, El Castillo de Barba Azul con la Ópera Nacional de París en Japón, y Glagolitic Mass de Janácek, con la Ópera Nacional de París, dirigida por Pierre Boulez. En Chile cantó Macbeth de Mtsensk, en julio de 2009.

Michael Hampe, Director de Escena

Hampe fue Director de la Ópera y Ballet de Colonia. Simultáneamente, entre 1982 y 1990, formó parte del Directorio del Festival de Salzburgo, y entre 1992 y 2000 fue Director General del Festival Musical de Dresden. Ha trabajado en producciones para la Scala de Milán, Royal Opera House de Londres, Ópera de París y para los teatros de Munich, Estocolmo, Zurich, Buenos Aires, Los Angeles, Washington, Atenas, San Francisco, Tokio y Sydney. También ha estado presente en los Festivales de Salzburgo, Edimburgo, Maggio Musicale Florentino, Festival Pesaro de Rossini y de Schwetzingen. A lo largo de su carrera, ha realizado alrededor de 200 producciones de ópera y 30 montajes para televisión.