En este par de semanas recientes, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos se han referido en diversas ocasiones a lo que parece surgir como una nueva etapa en las relaciones con Latinoamérica.
En el empeño, las prioridades parecen estar en asuntos de seguridad continental como se los entiende en Estados Unidos; los principales voceros han sido, en primer lugar, el presidente Donald Trump, seguido por el ministro de Defensa Peter Hegseth, y los generales del Ejército americano en el Comando Sur con sede en Miami, Florida. Del conjunto de discursos y declaraciones, valga extraer tres párrafos notables por lo explícitos.
Queremos crear UNA FUERZA MILITAR ESPECÍFICA, destinada a coordinar y ejecutar ataques contra cárteles y otras organizaciones delictivas transnacionales, desde México hasta Chile. Está claro, tomando como objetivo y pretexto la lucha contra el crimen organizado, cuyas variadas entidades están presentes en Latinoamérica, se pretende militarizar las operaciones dejando en segundo plano a las policías especializadas.
La nueva Fuerza Conjunta del hemisferio occidental busca integrar capacidades militares, de inteligencia y cooperación con los países aliados de la región, en UN ÚNICO MANDO OPERATIVO. Sin duda, es de toda lógica asumir que ese "mando único" estará en manos de altos oficiales del Ejército de Estados Unidos; en este sentido, la expresión "países aliados" implica la exigencia de formar parte de la nueva fuerza para tener, como mínimo, información, de lo contrario un país dado podría encontrarse con operaciones en su territorio de cuya ejecución y planificación no tuvo la menor idea.
La nueva estructura permitirá coordinar con mayor rapidez recursos del Pentágono, del Comando Sur, de la CIA y otros servicios de inteligencia de Estados Unidos, con las fuerzas de seguridad de los países socios, como llegó a ser en cierto modo la Escuela de las Américas entre los años 1946 1922.
En tiempos de la Guerra Fría nunca se intentó llegar tan lejos; para los países de la región, llegó la hora de duras definiciones.
En el caso de Chile, la propuesta lanzada por las autoridades americanas no es de interés para un país que, por ideas y tradición, no puede aceptar subordinar decisiones de la más estricta seguridad nacional, a estructuras manejadas desde el Comando Sur de Estados Unidos. Vienen tiempos difíciles para nuestra diplomacia, Cancillería, Ministerio de Defensa, y en último término para el presidente de la República.
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