PROCESAN A CRISTINA KIRCHNER POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
Y RESUELVEN MILLONARIO EMBARGO
La ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada por
corrupción por primera vez. El juez federal Julián Ercolini estableció que
integró una asociación ilícita junto con ex funcionarios y con su
socio Lázaro Báez para apoderarse de dinero público destinado a obras públicas
en Santa Cruz. También le embargó bienes por $ 10.000 millones.
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Las
52 obras adjudicadas al grupo Báez tienen un valor actualizado de 3000 millones
de dólares y, en promedio, un sobreprecio del 15%, es decir, 450 millones de
dólares, según lo estableció el juez.
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Ercolini
procesó también al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario
de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Guillermo
Periotti y a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner,
entre otros. Además, dictó la falta de mérito de los ex funcionarios Abel
Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y
Hugo Rodríguez.
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La ex presidenta está
acusada de integrar una asociación ilícita y de cometer fraude contra el
Estado, que se castiga con hasta 10 años de prisión, pero no irá presa, pues el
juez entiende que no hay peligro de que se fugue ni de que entorpezca la
investigación. Además, consideró su falta de antecedentes y que cuando se la
requirió estuvo disponible.
Este
procesamiento contra Cristina Kirchner se suma al que dictó el juez Claudio
Bonadio por administración infiel, porque ordenó vender dólares a futuro a
menor precio que el de mercado. Ese fallo está firme y Bonadio se encamina a
enviarla a juicio en febrero. En este caso de la obra pública santacruceña se
descuenta que Cristina Kirchner apelará. Si a pesar de ello el fallo quedara
firme, Ercolini podría elevar el caso a juicio en 2017.
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Éste
es el primer caso de corrupción donde el juez sostiene que la ex presidenta
integró una organización delictiva para beneficiar a Báez, aunque señaló que el
empresario le transfirió entre 2009 y 2013 20,7 millones de pesos.
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"Se
trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales
-durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con objeto de
apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, en
principio, en la provincia de Santa Cruz", dijo el juez. Ercolini sostuvo
que la estructura del gobierno se diseñó para cumplir con el plan que trazó la
asociación ilícita.
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Esta
causa fue iniciada por la denuncia del gobierno de Mauricio Macri a partir de
una presentación que realizó el actual titular de Vialidad Nacional, Javier
Iguacel, que sostuvo que el kirchnerismo entregó 52 obras en rutas
santacruceñas a Báez por 46.000 millones de pesos, a precios actualizados.
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La
investigación fue realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio
Mahiques, que argumentaron que la maniobra ideada por Néstor Kirchner y
continuada por su esposa se concretó construyendo a Báez como empresario,
nombrando a los funcionarios de Santa Cruz en la Nación, otorgándole
licitaciones y omitiendo los controles para que se realicen pagos con
sobreprecios aun cuando las obras estaban inconclusas.
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| Juez Julián Ercolini |
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Entre
las pruebas están las declaraciones del valijero Leonardo Fariña, la causa
contra López por enriquecimiento ilícito, el caso contra Báez por lavado de
dinero y las ampliaciones presupuestarias para asegurarse el pago de las obras
asignadas a Báez.
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Algunos
de estos datos en sí mismos no son pruebas, pero valorados en conjunto
"permiten tener por acreditados los hechos investigados", dijo el
juez.
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"Entre
todos diseñaron un proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse
deliberadamente de los fondos atribuidos a la obra pública vial en la provincia
de Santa Cruz, para lo cual montaron una estructura de gobierno que fuera
funcional a las necesidades de la organización." Sostuvo que el objetivo
fue "enriquecer con fondos públicos a través de la adjudicación irregular
de obra pública vial al empresario Lázaro Báez". Por eso se designó a
nivel nacional a los funcionarios que pusieron en marcha el plan, y que
Cristina Kirchner mantuvo en sus cargos al asumir.
La
ex presidenta ha cargado contra el juez que la ha procesado. Con duras
palabras en las redes sociales, Fernández ha dicho que el proceso contra ella,
iniciado por presunta asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra
pública hacia la compañía de un empresario vinculado al kirchnerismo, es en
realidad una persecución política digna de una dictadura militar. “Asociación
ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas
las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió en su cuenta de
Twitter.
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