Perú al día
LA
CORRUPCIÓN EL MAL MAYOR EN LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS
Por Roberto Mejía Alarcón
La situación está de candela en el país. Pronto,
muy pronto, podría producirse el milagro de saber, con pruebas y todo, nombres
y apellidos de quienes se han enriquecido en los últimos tiempos, haciendo mal
uso del poder político que les entregó la ciudadanía y que ellos juraron
solemnemente respetar. Si es que no se producen baches u otros obstáculos de
último momento, ni interferencias inesperadas, es casi seguro que por fin la
justicia podrá cumplir su alta misión y dispondrá que sufran carcelería, aquellos
que además de haber mancillado el honor de la patria, han prostituido
lamentablemente la función gubernamental.
Está claro que ahora se presenta la gran
oportunidad de ponerle freno a ese cáncer que no otra cosa es la corrupción
imperante en la administración pública. Oportunidad que podría frustrarse si el
poder invisible, ese poder que cree que todo lo puede, se inmiscuye en las
investigaciones pertinentes. El mundo ha cambiado, la sociedad está mejor
organizada y, por eso mismo, lo recomendable sería que nadie, absolutamente
nadie, tome partido a favor de quienes deben ser investigados en el marco de lo
previsto por la ley.
En estas dramáticas circunstancias para la historia
de la nación, no tiene sentido alguno que haya quienes gasten saliva, diciendo
que ponen las manos en el fuego a favor de quienes se encuentran en el ojo de
la tormenta. Si estos son encontrados culpables o inocentes, es una cuestión
que tendrán que dirimir los organismos técnicos y que tienen autoridad
suficiente para actuar con la mayor imparcialidad. Los hechos se encargarán de
revelar quién es quién sobre el enojoso caso que nos ocupa y que está referido
al multimillonario soborno confesado por la empresa constructora brasileña
Odebrecht, que involucra a gobiernos de doce países, entre ellos al de Perú,
correspondientes a los ejercidos entre los años 2005 al 2014.
En tal sentido es plausible la actitud del
presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, quien ha pedido que no
meta su cuchara el Congreso de la República y que deje que sea la Fiscalía de
la Nación la que cumpla su cometido. Es su deber. Nombrar comisiones
investigadoras, tal como acostumbra el Poder Legislativo y que con frecuencia
sirven para politizar lo que no debe salir del marco de la investigación judicial,
sería un tremendo error y un escándalo de proporciones. Bien se sabe que no
faltan congresistas que aprovechan la ocasión para revelar lo que se debe
mantener en reserva, obtener un poco de popularidad y lo más grave poner en
evidencia lo que podría significar prueba importante para el proceso.
Odebrecht que es el nombre de la empresa
constructora de la familia del mismo apellido afincada en Brasil, ha declarado
la decisión de colaborar en el proceso investigativo que se sigue desde el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tal cooperación que servirá
para conocer los nombres de aquellos políticos, incluyendo presidentes de la
república, que recibieron sobornos por un monto de 788 millones de dólares y
que en el caso peruano asciende a 29 millones de dólares, ya ha comenzado a dar
sus primeros resultados.
Así como en Colombia ha salido a la luz el rostro
de alguien muy cercano al exmandatario Uribe, también aquí, en Perú se ha caído
el antifaz de Josef Maiman, íntimo del entorno del expresidente Alejandro
Toledo. La información da cuenta de millonarias transferencias a cuentas
bancarias del mismo en Tel Aviv. Maiman es el personaje, coincidentemente
involucrado en la adquisición de inmuebles costosos y pagos de hipotecas sobre
las propiedades de dicho político. Pero además, trasciende las 16 veces que un
representante de Odebrecht visitó Palacio de Gobierno, durante la gestión de
Alan García y las 12 entrevistas personales con el exgobernante, de la misma
manera como destacan los apuntes del máximo mandamás de la constructora
correspondientes a un programa titulado con las iniciales “OH” y que significó
el desembolso de 3 millones de dólares a favor, supuestamente, del expresidente
Ollanta Humala.
Lo referido, por tanto, tiene la elocuencia de
descubrimientos jamás antes pensados y que están marcados como ilícitos que
ponen en la picota a quienes podrían haberse beneficiado, pero embarrándose
delincuencialmente. No escapa en consecuencia a la urgencia de conocer toda la
verdad y tampoco a la necesidad de dejar, sin estorbo político alguno, que la
Fiscalía de la Nación, ejerza su trabajo con la mayor eficacia. Esa sería el
inicio de la redención del Perú, hoy en día viviendo en medio de penurias,
entre ellas las causadas, al parecer, por la corrupción de gobernantes que
desgraciaron moralmente al país.
