ENCUESTA CADEM: TODO CHILE LAMENTA TRAGEDIA DE CARABINEROS Y 73% CREE QUE ES PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO

99% supo o escuchó hablar del atentado contra Carabineros en Cañete y 73% cree que está asociado al crimen organizado y terrorismo.

En estas circunstancias, 45% considera que Ricardo Yáñez debería mantenerse en el cargo hasta que termine su periodo en octubre, frente al 29% que opina que debería renunciar antes de ser formalizado y 17% cree que debería renunciar una vez que encuentren a los culpables del crimen de los uniformados.

Respecto a las medidas tras el atentado, 77% está de acuerdo con declarar estado de sitio en La Araucanía y El Biobío, 85% con poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, 87% con que los carabineros que enfrenten al crimen organizado cuenten con fuero y protección especial y 88% que las Fuerzas Armadas deberían poder colaborar en tareas de seguridad ciudadana.

En la cuarta y última semana de abril, 30% (-2pts) aprueba y 65% (+3pts) desaprueba la gestión del Presidente Boric. Para un 60%, el Mandatario tendría una buena o muy buena relación con el PC y con el PS (46%) y, por el contrario, tendría una mala relación con los grandes empresarios (42%) y con los partidos de oposición (47%).

En cuanto a las instituciones, la PDI recupera los niveles de aprobación que tenía antes de la detención del Director General y alcanza 85%. Por su parte, aprobación de las empresas privadas (60%) y gremios empresariales (49%), alcanzan su nivel más alto.

Aprobación presidencial y reformas

• Esta semana 30% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente Boric y 65% (+3pts) la desaprueba.

• El Mandatario cierra el mes de abril con 31% de aprobación promedio, sin cambios respecto a marzo.

• Respecto a la relación del Presidente con distintas instituciones, 60% cree que es buena o muy buena con el Partido Comunista, 46% con el Partido Socialista, 38% con el Frente Amplio, 37% con los estudiantes, 37% con la PDI y 34% con Carabineros.

• En tanto, 39% cree que tiene una relación regular con los gremios empresariales, 37% con la CUT y 36% con los medios de comunicación.

• Las peores relaciones las tendría con los partidos de oposición, donde 47% cree que es mala o muy mala, con los grandes empresarios (42%) y con las Fuerzas Armadas (34%).

• Las reformas consideradas más relevantes son la de pensiones (79%), la creación de un ministerio de seguridad con 75%, la incorporación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública con 73% y la sala cuna universal con 72%.

• Le siguen la reforma al sistema político con 65%, la reforma a las isapres con 62%, el pacto fiscal con 56% y permisología con 39%.

• En cuanto a la probabilidad de aprobar estas reformas dentro de los próximos dos años, las que se ven con más posibilidades son sala cuna universal (57%), la creación del ministerio de seguridad (57%), la incorporación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública (53%) y la reforma de pensiones (51%).

• En cambio, las que menos posibilidades tendrían a juicio de la ciudadanía, son permisología (28%), reforma al sistema político (38%), pacto fiscal (39%) y reforma a las isapres (43%).

Atentado contra Carabineros

• 99% supo o escuchó hablar del asesinato de 3 carabineros en Cañete.

• 73% cree que el caso está asociado principalmente a terrorismo y crimen organizado, 16% al conflicto mapuche, 7% a la delincuencia común y 4% no sabe o no responde.

• 45% considera que el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debería mantenerse en el cargo hasta que termine su periodo en octubre, frente a 29% que opina que debería renunciar antes de ser formalizado por los casos asociados al estallido social y 17% que cree que debería renunciar una vez que encuentren a los culpables del crimen de los uniformados.

• Respecto a las medidas tras el atentado, 77% está de acuerdo con declarar estado de sitio en La Araucanía y El Biobío, 85% con poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, 87% con que los carabineros que enfrenten al crimen organizado cuenten con fuero y protección especial y 88% con que las Fuerzas Armadas deberían poder colaborar en las tareas de seguridad ciudadana.

• En tanto, 48% está de acuerdo con indultar a los carabineros que han sido juzgados por casos asociados al estallido social, frente a 42% que está en desacuerdo.

Evaluación de instituciones

• Bomberos ocupa el primer lugar con 98% de aprobación, seguida por la PDI (85%, +25pts), Carabineros (84%, +8pts), la Fuerza Aérea (84%, +10pts) y la Armada (83%, +4pts),

• Más atrás se ubican el Registro Civil (77%, -2pts), el Ejército (77%, +5pts), el Servel (67%), el Banco Central (66%, +1pto), el Sernac (62%, +4pts), las empresas privadas (60%, +8pts), la Tesorería General (53%, +2pts), el SII (53%, +2pts), la Contraloría (50%, +1pto), las empresas públicas (50%) y la CMF (50%, +3pts).

• Con menos del 50% de aprobación se encuentran los gremios empresariales (49%, +9pts), los medios de comunicación (48%), las municipalidades (44%, -3pts), las fundaciones y ONGs (43%, +1pto), la Fiscalía (42%, +4pts), la Defensoría Penal Pública (39%, +3pts), la CUT (38%, +3pts), el Tribunal Constitucional (38%, +8pts), la Iglesia Católica (37%, -1pto) y la ANFP (35%, +7pts).

• En los últimos lugares están los Tribunales de Justicia (32%, +4pts), el Congreso (20%, +2pts) y los partidos políticos (13%, +1pto).

PARA REFLEXIONAR: LA TRAGEDIA DE CAÑETE

Cómo es posible que ni el Presidente de la República ni la Ministra del Interior ni la Ministra de Defensa ni el subsecretario de la prevención del delito, al parecer, no hayan, hecho las recomendaciones necesarias o haber tomado las medidas indispensables para haber evitado el desastre de la Araucanía con un triple asesinato de carabineros, que se veía venir en cualquier momento.

La situación era expectante y se vislumbraba un desastre mayor cuando se comenzaba a conmemorar el Día de Carabineros de Chile (enemigos de los mapuches duros), un cuerpo policial que ahora prácticamente está debilitado en su mando. Sólo  a días  (el lunes 22) se conoció la declaración de culpabilidad por la Ley de Seguridad del Estado contra el líder terrorista Héctor Llaitul,  de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El autodenominado werken arriesga ahora una pena de hasta 25 años de prisión por delitos como incitación contra el orden público, apología a la violencia - ambos de la Ley de Seguridad del Estado-, usurpación violenta, robo de madera y atentado contra la autoridad.

Las pruebas en su contra -calificadas de sólidas y contundentes por el tribunal- fueron obtenidas durante tres años de investigación, en los que, sin saberlo, las llamadas y los pasos de Llaitul permitieron situarlo como líder y facilitador de decenas de atentados y  quien, además, le declaró la guerra al Estado  de Chile "para defender la libertad de la Araucanía". El fallo fue leído por la jueza Rocío Pinilla.

¿Cómo es posible que el Estado no tenga un buen servicio de Inteligencia con el que pueda monitorear lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir anticipadamente en la Araucanía?

Es que esta realidad ya no la entiende nadie ni tampoco los parlamentarios: el senador democristiano Iván Flores opinó que “honestamente preferiría decir que no, que lo ocurrido no estaría relacionado con el caso Llaitul, pero creo que sí”.

El senador ha insistido una y otra vez que entre las soluciones propuestas está la inyección de recursos a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). “Lo que hay que hacer ahora ya es reforzar a la ANI. No puede seguir teniendo el 0,3% del presupuesto del Ministerio del Interior, ni tampoco casi los mismos funcionarios que tenía hace 25 años. Y eso es una decisión política del gobierno”, aseguró el parlamentario.

“Me parece que las instituciones esperaban una reacción después de la confirmación de la sentencia, o más bien de lo que acoge el tribunal respecto a la postura de la fiscalía".

Hasta ahora, en los útimos tres años han muerto en actos de servicio 18 carabineros (2022: 5; 2023-8; y 2024:5).

Que pena para un país que no toma conciencia de la violencia desatada a todo nivel y que las víctimas no sólo los civiles sino también quienes nos deben proteger, los Carabineros de Chile.  

ORIENTE MEDIO: HIPÓTESIS DE GUERRA

 

Por Martín Poblete Pujol

El ataque combinado (drones, cohetería táctica, misiles) iraní a Israel, frustrado merced a la operación conjunta de las defensas electrónicas israelíes apoyadas por Estados Unidos desde el superportaviones Eisenhower en el Golfo Pérsico, y una fuerza de tarea naval en el Mediterráneo oriental, además de Gran Bretaña con aviones de tecnología vigente desde la base aeronaval británica en Akrotiri, Chipre, ha dejado un cuadro de variados enfoques desde gobiernos, así como también institutos especializados en universidades y entidades privadas dedicadas a los asuntos internacionales. 

Un detalle importante fue la decisión del Reino Hachemita de Jordania de impedir el uso de su espacio aéreo soberano por fuerzas de una potencia regional, Irán, en el ataque a una tercera parte, Israel;  Jordania mandó un mensaje significativo, su espacio aéreo no está ni estará disponible, para ser usado en operaciones militares de las cuales el Reino y sus gobernantes no son parte.

De los sucesos recientes, puede inferirse que Irán, en solitario, no está en condiciones de lanzar un ataque significativo contra Israel; sus drones, si bien parecen estar teniendo algún impacto en la guerra de Ucrania, no lograron llegar a territorio israelí; su cohetería y misiles, construídos con tecnología norcoreana y rusa, tampoco lograron llegar al objetivo. 

La marina de guerra iraní es, esencialmente, una guardia costanera en el Golfo Pérsico, no fue concebida ni equipada para operaciones navales de mayor envergadura;  el Ejército está estructurado en función defensiva, sus oficiales y suboficiales son profesionales bien formados, su capacidad de combate en defensa de su territorio no debe ser puesta en duda. 

Las operaciones militares extraterritoriales iraníes fueron ejecutadas por una unidad especial excéntrica respecto del Estado Mayor, la División Quds, creada por el asesinado General Qassem Suleimani, un táctico brillante; la capacidad de los Guardias Revolucionarios por ahora una incógnita. Al final, debemos admitir que poco sabemos de la forma como los altos mandos militares iraníes analizan y evalúan estos asuntos; cultural y étnicamente, los iraníes no son árabes, tienen una variable del Islam distinta de la Suní; la iglesia musulmana Chía en Irán con jerarquía de muftíes, mullahs, y ayatolas, su lectura del Corán y de la palabra del Profeta es distinta, otra lógica otra teología. 

Curiosamente, en solitario, el Estado de Israel tampoco puede lanzar un ataque aéreo decisivo contra Irán.   Ambos países están separados por una distancia de aproximadamente mil ochocientos noventa kilómetros en línea recta, de conseguir negociar permiso de pasada con Jordania y Arabia Saudita.   La otra alternativa es usar el espacio aéreo de Siria e Irak, lo cual extiende la distancia por volar a largo más de dos mil kilómetros; el primer país, si bien militarmente diezmado por su prolongada guerra civil, sería hostil a la empresa; Irak, dónde aún queda influencia americana, tampoco estaría dispuesto a permitir una operación que tendría el serio riesgo de generar repercusiones internas de difícil control, entre grupos étnicos y religiosos de su población alineados con Irán. Una tercera opción sería operar desde Turquía usando el complejo aéreo-militar americano de Incirlik, asunto de dudosa negociación con el Presidente Erdogan y su gobierno. En cualesquiera de las tres opciones delineadas, el apoyo logístico masivo de Estados Unidos es indispensable, además del diplomático y político.

Vista en un contexto global, la Fuerza Aérea israelí es pequeña.  Sus aviones de combate son americanos, F-15, F-16, F-18, y algunos F-35 de reciente entrega, solamente los F-18 y F-35 pueden transportar bombas atómicas tipo Hiroshima, todos ellos necesitan reaprovisionamiento de combustible en vuelo a la ida para permitir margen de maniobra en la aproximación a los objetivos, en jerga aeronáutica "loitering time", y por supuesto al regreso. 

Todo lo anterior, asumiendo que la superioridad tecnológica permita que los F-15 y F-16 puedan eliminar, rápido, la segura resistencia de la Fuerza Aérea iraní y sus defensas antiaéreas. Cualquiera sea el enfoque analítico, una operación de alta complejidad, como no se ha visto desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.  

    

TREN DE ARAGUA: LA PROSTITUCIÓN, DROGAS Y EL PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA DE SANTIAGO

Un operativo por una red de prostitución encabezado por la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI) dejó al descubierto la participación de dos detectives en una célula del Tren de Aragua en Santiago, informó  radio ADN en base a una investigación del Mega (TV).

Según se reportó, todo comenzó el 28 de noviembre del 2022, cuando en un operativo de la Brigada policial detuvieron a una adolescente venezolana de 17 años, de iniciales L.A.G.D., que estaba siendo explotada sexualmente en el Portal Fernández Concha, en el sector de Plaza de Armas (cara sur), comuna de Santiago. El edificio tiene ya más de 150 años desde que se levantó. El diseño es de 1870, obra del arquitecto inglés Hovender Hendry. Sin embargo, desde ya hace años es un punto que concentra prostitución y drogas.

Cuando la menor de edad fue al día siguiente trasladada al Juzgado de Familia, recibió una llamada. A pesar de que la persona que se encontraba al otro lado de la línea decía ser su padre, la joven expresó incomodidad, por lo que efectivos de la policía civil solicitaron autorización para acceder al tráfico de llamadas del teléfono del presunto familiar. 

Al otro lado de la línea estaba una cubana identificada como Yariel Ulloa López, quien participaba en la organización criminal y cumplía el papel de captar a adolescentes y mujeres para ejercer la prostitución.

En el peritaje a su tráfico de llamadas aparecieron los nombre de Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, funcionarios activos del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente de la PDI.

UCRANIA RECIBE MAS AYUDA DE EE UU PERO PARECE DIFÍCIL QUE GANE LA GUERRA

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó esta semana la ley con un nuevo paquete de 95.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, agregando también  a Israel y Taiwán, y que obliga a la matriz china de TikTok a vender la aplicación o afrontar un veto en EE UU.

Tras varios meses durmiendo en el Congreso, la ayuda militar a aliados clave de Estados Unidos finalmente logró el visto bueno. El Senado aprobó el martes por la noche, por abrumadora mayoría, el paquete de ayuda.

El Senado juntó en un solo texto cuatro proyectos de ley que la Cámara de Representantes aprobó el último sábado, luego de que las iniciativas estuvieran bloqueadas por varios meses por la oposición republicana. Pero el reciente ataque militar de Irán contra Israel,  hizo que los representantes aceptaran la ayuda.

Sin embargo, a pesar de esta cooperación militar-armamentista no se ve un pronto término la guerra ni en Europa ni tampoco en Rusia, lo que causa preocupación en el mundo entero, especialmente porque ya sea cumplido el segundo año de guerra y aparte de los miles de muertos y la gran destrucción no se vislumbra “un respiro Tras la primera fase de la invasión en la que las fuerzas ucranianas apenas consiguieron repeler el ataque ruso que había llegado a las afueras de Kiev, Ucrania pudo recuperar los territorios conquistados en la región de Járkov, en el noreste del país, y después la ciudsad de Jersón, en el sur.

A pesar de la contraofensiva ucraniana de verano-otoño, preparada desde hacía tiempoe tiempo la línea del frente ha permanecido más o menos inalterada.

Tras los grandes movimientos de 2022 y el desgaste, parece abrirse una fase de guerra en la que la industria y la retaguardia van a desempeñar un papel fundamental, dado el agotamiento de los ejérciotos y los recursos tras los años de conflictoi de alta intensidad. Desde principios de 2023, y a pesar de la contraofensiva ucraniana del verano-otoño.Ante la improbable perspectiva de un final de los combates , hay dos temas claves: la naturaleza cambiante del conflicto y el equilibrio de poder entre los dos ejércitos. 2024 secaratcterizará sin duda por una reconstitución de las fuerzas y una postura ucraniana más defensiva, lo que refuerza la hipótesosis de que la guerra podría durar al menos haste 2025 o 2026.

Sin embaro se opina tambiénm que el coonflicto va a tener una evolución sustancial de aquí a fines de 2024.

 

BIDEN VS. TRUMP: ¿QUIÉN VA GANANDO EN LAS ENCUESTAS A 194 DÍAS DE LAS ELECCIONES EN EE UU?

 

44.5%

Biden

 

44.8%

Trump

A pesar de estar inmerso en varios procesos penales, el republicano Donald Trump lidera ligeramente las encuestas presidenciales frente al demócrata Joe Biden en una carrera electoral muy reñida. Si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, Trump tendría una ventaja de 0,3 puntos porcentuales sobre el actual presidente demócrata Joe Biden  de acuerdo con el promedio de sondeos nacionales de Real Clear Politics (RCP). 

A 194 días de las próximas elecciones generales, las encuestas reflejan una estrecha lucha por el voto popular entre Biden y el republicano Donald Trump. Este último se encuentra inmerso en la carrera electoral mientras enfrenta el primero de cuatro procesos penales pendientes,  relacionados con pagos para asegurar el silencio de una actriz porno, fraude electoral o el manejo indebido de documentos clasificados.

Desde marzo del año pasado, la brecha máxima en el promedio de encuestas entre ambos candidatos fue de 4,3 puntos porcentuales a favor de Trump en el mes de enero. Sin embargo, a medida que las elecciones se acercan, esta diferencia ha disminuido notablemente. En la actualidad, ambos candidatos se encuentran prácticamente empatados en las encuestas de intención de voto. ¿Significa esto que a Trump le han afectado entonces los procesos que el Estado le sigue en su contra?

Las elecciones en el país no se deciden mediante el voto popular, sino a través de un proceso de sufragio indirecto: los candidatos deben conquistar cada estado para sumar electores y obtener al menos 270 votos del colegio electoral, de un total de 538.

Algunos territorios son más decisivos que otros en el camino a la Casa Blanca. Tanto Biden como Trump tienen respaldo electoral en estados considerados seguros para sus respectivos partidos, como California para los demócratas o Alabama para los republicanos. Por esta razón, concentran sus esfuerzos en obtener la victoria en estados disputados, como Florida o Michigan.

Uno de los problemas que está pesando en esta elección es la edad de ambos candidatos: Joe Biden 81 años y Donald Trump 77 años, detalle importante en esta elección, lo que  podría en este caso favorecer el ex presidente Trump.

Sin embargo hay temas político-económicos que los unen a ambos, como es el de China. Desde que el ex presidente estadounidense Barack Obama dijo en 2011 que “Estados Unidos es una potencia del Pacífico, y estamos aquí para quedarnos (...) Que no quepa ninguna duda: en el Asia-Pacífico del siglo XXI, Estados Unidos está en todas partes”. Trump, como presidente entre  2017 y 2021 "se agarro" de esas palabras para colocar el tema chino en el centro de su entonces campaña y de la polémica en general.

La dinámica económica, financiera y comercial global post Guerra Fría había coincidido a plenitud con la apertura capitalista de China, que le facilitó su integración  en los organismos multilaterales del “orden liberal internacional” y la hizo protagonista clave en la superación de la crisis financiera de 2008, desde el G20.

El presidente Hu Jintao visitó Estados Unidos en 2006 y recibió al demócrata Barack Obama en 2009. Pero muy pronto la intención de Washington de incentivar una apertura política en China a través de la economía se probó frustrada. Lo que se verificaba era la irrupción de una potencia emergente. De un nuevo rival de fuste, de una renovada amenaza a su hegemonía global. La diplomacia estadounidense giró entonces alarmada su periscopio otra vez al Este, pero ya no a Moscú sino a Beijing.

EL CASO DE PEDRO SÁNCHEZ

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, negó las acusaciones de corrupción contra su esposa, Begoña Gómez, pero  dijo que consideraría dimitir si llegara a iniciarse una investigación judicial sobre acusaciones de que ella habría utilizado su cargo para influir en acuerdos comerciales, aunque esto no ocurrirá porque el tribunal ordenó este jueves archivar la denuncia.

Fue la Fiscalía Provincial de Madrid el organismo que solicitó el archivo de la investigación abierta contra Gómez,  por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El autodenominado sindicato Manos Limpias (ML), de ultraderecha, interpuso este miércoles la demanda ante un juzgado de Madrid, aunque admitió hoy que su acción se basó en informaciones periodísticas, de cuya veracidad o no serían responsables quienes las publicaron.

La denuncia provocó la decisión de Sánchez de cancelar su agenda hasta el lunes 29 de abril para reflexionar sobre su continuidad o no al frente del Ejecutivo español, declarción que este jueves tampoco tiene valor tras haberse aclarado que todo fue producto de una denuncia falsa.

Según informaron fuentes judiciales, la Fiscalía recurrió directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid para parar la decisión del juzgado que había admitido a trámite la denuncia de ML.

El Ministerio Fiscal argumenta que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal contra la mujer de Sánchez, precisaron a la agencia EFE fuentes conocedoras del caso.

El escrito presentado por el autodenominado sindicato señala que, prevaliéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se habrían presentado a licitaciones públicas.

La denuncia falsa habría indicado además que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones de 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige la mujer de Sánchez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.

Según ML, la compañía aérea española Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada" y que "el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo".

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un "sindicato" fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien ocupa el cargo de secretario general del mismo y que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que él considera corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.    

Berard fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional española por extorsionar a bancos y empresas.

En una carta publicada en su cuenta en la red social X, el socialista Pedro Sánchez había señalado que si bien las acusaciones contra su esposa Begoña Gómez, eran falsas, cancelaría su agenda pública hasta el lunes, cuando dará a conocer su decisión.

Begoña Gómez, de 49 años, no ocupa ningún cargo público y mantiene un bajo perfil político.

LA RELACIÓN ENTRE CHILE Y VENEZUELA ESTÁ PASANDO POR UN MOMENTO COMPLEJO

 

Por Fernanda Paúl, BBC News Mundo 

La disputa por el Tren de Aragua y otros 2 conflictos que alimentan la creciente tensión entre los gobiernos de Chile y Venezuela

En estos últimos días, el gobierno de Gabriel Boric ha endurecido su tono frente a la administración de Nicolás Maduro y decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri.

Lo anterior ocurrió después de que el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, negara la existencia de la organización criminal Tren de Aragua.

Gazmuri ocupa el cargo de embajador recién desde mayo del año pasado, después de que Chile no tuviera representante diplomático en Venezuela por 5 años.

Pero la creciente tensión entre ambos países está provocando que algunos líderes políticos chilenos -tanto del oficialismo como de oposición- urjan reevaluar la relación bilateral de Chile con el gobierno de Maduro.

1. Negación del Tren de Aragua

En Chile causaron profunda molestia las declaraciones del ministro venezolano Yván Gil, quien afirmó que “el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”.

Según diversas investigaciones, la organización criminal nació y operó durante años desde la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, logrando expandir sus tentáculos a distintos países de la región, entre ellos, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

“Hemos visto cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano, con acento chileno”, señaló Gil en una rueda de prensa.

Ante esto, el presidente Gabriel Boric expresó a través de su cuenta de X (Twitter) que “las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización”.

“Además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable”, agregó.

Este viernes por la tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pareció matizar la posición oficial de Caracas en relación con el Tren de Aragua, al reconocer la existencia de esa organización pero afirmando que había sido desmantelada.

«En Venezuela hemos desarrollado una feroz lucha contra las organizaciones criminales, y en especial contra el #GEDO conocido como “Tren de Aragua”, el cual fue completamente desmantelado a finales del año pasado: siendo detenidos decenas de sus integrantes y colaboradores y quedando varios de ellos con órdenes de aprehensión», escribió Saab en X.

Según la prensa local chilena, aunque la decisión de llamar a consultas al embajador Gazmuri se venía evaluando hacía unas semanas, fueron las declaraciones de Gil las que llevaron al mandatario chileno a concretar la medida.

Boric dijo que el objetivo de esto es “recabar información detallada sobre la situación actual en el país (Venezuela) e instruirlo (al embajador Gazmuri) a tomar todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano, como también ante organismos internacionales”.

En conversación con BBC Mundo, Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y doctora en Relaciones Internacionales, explica que el llamado a consultas al embajador “en ningún caso implica romper las relaciones diplomáticas”.

Sin embargo, agrega que es una señal de la tensión que se viene acumulando entre ambos países.

Los ministros de Boric también elevaron duros cuestionamientos hacia la administración de Maduro en los últimos días.

La titular de Interior y máxima encargada de la seguridad pública en Chile, Carolina Tohá, catalogó los dichos del canciller venezolano como “un insulto a los pueblos de Latinoamérica”.

“Es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”, indicó este martes 9 de abril.

La seguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos para el gobierno de Boric frente a un aumento de los delitos y de la sensación de inseguridad entre los chilenos en los últimos años.

De acuerdo con las autoridades policiales de ese país, la presencia del Tren de Aragua en Chile es “notoria” y su ingreso se detectó hace unos dos años aproximadamente.

2. El caso de Ronald Ojeda

En medio de esta escalada de tensiones, hay un caso que vino a complejizar aún más la situación.

Se trata del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, un opositor al gobierno de Maduro que residía en Chile como refugiado político desde 2018.

Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una maleta enterrada bajo el cemento.

El oficial no era una persona de alto perfil, pero cobró notoriedad luego de que el gobierno venezolano le impusiera cargos por traición a la patria en 2017.

Desde que explotó este caso, han aparecido diversas versiones -ninguna de ellas confirmada por la Justicia- sobre quién estaría detrás del crimen del exteniente.

Y el jueves 11 de abril la Fiscalía chilena aseguró que el crimen se “organizó desde Venezuela” y que el móvil político es la «única línea investigativa que nos queda».

Es la primera vez que el ministerio público de este país se pronuncia tan fuertemente respecto de la eventual responsabilidad de Venezuela.

“Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, dijo el fiscal chileno Héctor Barros en una entrevista al canal Chilevisión.

Barros indicó que se le envió un “requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en Venezuela”.

Ante esto, la mañana de este viernes, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió a las declaraciones del fiscal Barros y dijo que exigirá el cumplimiento del tratado de extradición con Venezuela cuando haya detenidos.

«Como país hemos tenido experiencias complejas en casos similares, en que hemos buscado a personas acusadas de delitos graves cometidos en Chile que se encuentran en Venezuela”.

“Y la experiencia no ha sido positiva. Creemos que el caso del exteniente Ojeda no puede correr la misma suerte”, agregó.

Además, Tohá afirmó que “este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos sobre su comportamiento y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos”.

La ministra chilena destacó que ambos países tienen un tratado vigente de extradición, desde el año 1962.

“Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la justicia en nuestro país”, concluyó.

Estas declaraciones se dan luego de que hace unos pocos días el gobierno de Boric recibiera en La Moneda a la viuda de Ojeda, Josmarghy Castillo, en lo que se interpreta como un gesto de significación política.

Este viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en un mensaje en X que habían recibido una solicitud oficial de información por parte de las autoridades chilenas sobre cinco personas «vinculadas al homicidio» de Ojeda y aseguró que la petición «será respondida a la brevedad».

Saab, no obstante, destacó que esta no era una solicitud de asistencia mutua en materia penal realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes.

«En todo caso, en base a la solicitud via correo electrónica recibida, el Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio», agregó.

Paulina Astroza advierte que “hay que tomar con prudencia las declaraciones de la fiscalía chilena porque no es el que imparte justicia, sino el que investiga”.

Sin embargo, agrega: “Hay muchas cosas que aún no se saben pero si se llega a probar que esto se trata de un asesinato político, en que el régimen de Maduro está detrás, es de máxima gravedad”.

3. “Falta de compromiso” con deportaciones

Chile viene acusando desde hace un tiempo a Venezuela de no colaborar con la seguridad en la región latinoamericana.

Este discurso se vio intensificado esta semana tras el asesinato de un policía chileno, el teniente Emmanuel Sánchez Soto, que consternó al país.

El crimen ocurrió el miércoles (10 de abril) en la noche, en la zona poniente de la ciudad de Santiago (comuna de Quinta Normal). Uno de los atacantes -que fue abatido en el lugar- era de origen venezolano y tenía orden de expulsión desde 2020, según la información entregada por el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.

De acuerdo con las autoridades chilenas, muchas de las órdenes de expulsión no se han podido concretar debido a la “débil” colaboración de Caracas.

“Para poder cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere necesariamente la coordinación con el gobierno venezolano, si no, no es posible”, indicó Monsalve este jueves, al ser consultado por la expulsión del venezolano que atacó al carabinero.

El subsecretario insistió en que Maduro debe autorizar el ingreso de aviones a su espacio aéreo, por una parte, y también ayudar en corroborar las identidades de las personas expulsadas.

El presidente Boric también se refirió a este tema en los últimos días.

“Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”, dijo a la prensa.

Desde el gobierno de Maduro, sin embargo, se ha dicho que el presidente venezolano ha solicitado ampliar “todas las coordinaciones y esquemas para así enfrentar al crimen organizado y defender a los pueblos de Venezuela y Chile”.

Esto lo afirmó el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, durante la firma de un convenio entre ambos países en enero de este año que, según el gobierno de Maduro, permitiría “trazar estrategias para combatir la delincuencia organizada en el ámbito transnacional”.

El convenio ha sido cuestionado por algunos sectores políticos chilenos pero el gobierno de Boric lo ha defendido indicando que es una «herramienta más» para «exigir» colaboración.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pareció responder a este asunto este viernes cuando aseguró en un mensaje en X que «Venezuela y su Ministerio Publico tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada».

Según Paulina Astroza, “el asesinato a un carabinero por parte de un venezolano que estaba con orden de expulsión refuerza el planteamiento de algunos de romper relaciones diplomáticas con Venezuela».

«Son elementos que van reforzando el concepto de la mano dura, sobre todo en un escenario electoral en Chile”.

Todo lo anterior se da en un contexto de alta presión migratoria en Chile.

Como fruto de la crisis económica y social que vive Venezuela, más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, según cifras de ONU. Su destino principal ha sido la vecina Colombia, pero también han emigrado a otros países de la región como Chile.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), el año pasado había cerca de 500.000 venezolanos en ese país, lo que representa un aumento de más del 55% respecto del 2018.

Aporte de la Agencia Europea Others News

AUMENTAN DEPORTACIONES DE INMIGRANTES EN EE UU

Alrededor de 500,000 inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos en los primeros seis meses del año fiscal 2024 por agentes federales de inmigración y otros 137,000 adicionales recibieron órdenes de deportación tras agotar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración (EOIR).

Así lo revela un informe elaborado por analistas del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, que fue difundido por UNIVISIÓN.

El reporte precisa que el número de extranjeros expulsados o que recibieron una orden de deportación supera al de 2019, durante el gobierno anterior, a un ritmo “50% mayor”.

Cabe señalar que en marzo de 2020 el gobierno cerró las fronteras debido a la pandemia del covid-19, medida que se mantuvo vigente hasta mayo de 2022. Durante ese período de tiempo se ralentizaron las deportaciones porque los países de destino de expulsados también permanecieron cerrados a la entrada y tránsito de personas.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

CHILE: TRAUMÁTICA SALIDA FORZADA, PERO "CONVERSADA" CON BORIC, DEL DIRECTOR DE CARABINEROS

La defensa del general director de Carabineros Ricardo Yañez, encabezada por el abogado Jorge Martínez, presentó este miércoles un recurso de amparo en contra del Ministerio Público para evitar la formalización judicial de su cliente que está fijada para el 7 de mayo, acusando abiertamente a los fiscales Xavier Armendáriz, jefe metropolitano Centro Norte, y a la persecutora Ximena Chong, encabeza la Unidad de Alta Complejidad de esa jurisdicción, por haber “demostrado un evidente sesgo y parcialidad en la tramitación de esta causa (sobre hechos ocurridos en Chile durante el estallido social" (entre octubre de 2019 y marzo de 2020​).

En la formalización, de acuerdo con los fiscales ya mencionados se imputaría el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó nuevamente la solicitud de suspender la audiencia de formalización.

En el escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Jorge Martínez señaló que el Ministerio Público "ha dirigido una feroz persecución penal en contra de la Institución de Carabineros de Chile”. Lo anterior, ha redundado en cientos y miles de persecuciones penales en contra de sus funcionarios".

"Ambos fiscales a cargo de la investigación han demostrado un evidente sesgo y parcialidad en la tramitación de esta causa, razón por la cual, como jefe Superior del Servicio, mi representado (el general Yañez) ejerció derecho a guardar silencio en la investigación, puesto que no existe ninguna garantía de objetividad e imparcialidad", acusó el jurista Jorge Martínez. 

Asimismo, añadió que "se han sucedido una serie de arbitrariedades que han afectado el derecho constitucional del Sr. Yañez a un debido proceso y que amenazan directamente su libertad personal y seguridad individual".

A esto se agregó que ha quedado "perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual" del máximo jefe policial (Carabineros de Chile) "por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público".

La defensa pidió "se dé conocimiento de los hechos puntuales y determinados por los que pretende formalizar con señalamiento de lugar, día y hora" y, considerando el millar de casos nuevos, de los que fueron informados el 20 de marzo "que se otorgue un plazo razonable para preparar la defensa material".

El diputado UDI Guillermo Ramírez afirmó por su parte que "el general Yáñez y todos los carabineros de Chile cuentan con el respaldo irrestricto e incondicional de las bancadas de Chile Vamos".

El parlamentario gremialista aseguró que el jefe policial "está usando todas las herramientas jurídicas para intentar zafar de una persecución injusta de fiscales que lo persiguen por ser la cabeza de Carabineros y por ninguna otra razón. Esperamos que la justicia acoja el recurso de amparo del general Yáñez para que se posponga esa formalización injusta", agregó.

Por otra parte, la reacción del gobierno se ha encauzado a través de declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, y de la ministra del Interior, Carolina Tohá, coincidiendo en que personeros “cuestionados” y ante la Justicia tienen que dejar sus cargos "para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones", que es hoy el caso del general Yañez.

En esta forma, el jefe de la policía uniformada alista su salida luego que el TC rechazara suspender la formalización en su contra.  Así se busca además un proceso menos "traumático" para la institución, pues ésta vivirá la cuarta salida forzada de los últimos tres generales directores que antecedieron a Yáñez.

Como último día en su cargo se da el 3 de mayo, como destacó el diario La Tercera PM.

El 28 de diciembre de 2018, el ya fallecido ex Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo alto mando de Carabineros. El caso Catrillanca, como se conoció la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca por disparos de uniformados en Temucuicui, provocó la salida del entonces general director, Hermes Soto, y casi todo su alto mando. Fue reemplazado por Mario Rozas Córdova. Ese día, asumió como director de Orden y Seguridad, y tercero en la línea de mando, el general Ricardo Yáñez Reveco (56) que ahora también debe dejar el cargo. ¿Qué ocurre en Carabineroos de Chile o en el Estado chileno?

El 19 de marzo de 2018, el general  Yañez había sido ascendido de coronel a general y se hizo cargo de la Zona de Tarapacá, quedando en el número 33 en el orden de antigüedad de los generales. El 28 de diciembre de ese año fue ascendido a general inspector y asumió la Dirección de Orden y Seguridad. El 6 de noviembre de 2019 fue designado general subdirector, cargo en que estuvo solo 13 días, cuando fue nombrado general director en reemplazo de Mario Rozas, el 19 de noviembre (foto derecha).

Boric y Yañez

El presidente Gabriel Boric y el general Yañez tienen una buena relación y, por lo mismo, su salida institucional, ha sido tema constante de conversación entre ambos.  Yañez ya le comunicó al Presidente que de no prosperar su recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, le presentará su renuncia la próxima semana.

El general Yáñez, como se ha dicho, llegará a su formalización no en servicio activo, ni menos con uniforme y evitará que su causa judicial sea protagonista en la ceremonia del “Día del Carabineros”, este sábado 27 de abril. Todo esto se ha observado informalmente como una salida pactada entre Boric y el general. Se dice y la prensa de hoy así lo señala es que la  renuncia se concretaría la semana siguiente al “Día del Carabinero”., lo que coincidiría con el 3 de mayo, como adelantó  La Tercera.