El momento crucial en la carrera política de Pedro Castillo se produjo el 7 de diciembre de 2022, con el frustrado golpe de Estado. En esa fecha, abandonó rápidamente el Palacio de Gobierno junto con su familia en dirección a la embajada de México con la intención de asilarse; pero al fallar su plan fue trasladado al penal de Barbadillo, donde actualmente cumple prisión preventiva mientras se le investiga por presuntos delitos de rebelión y conspiración. Ese día, perdió la presidencia de la República debido a una vacancia en el Congreso.
El diario limeño La República accedió a información de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, en la que se guarda información sobre el pago de remuneraciones y otros beneficios laborales a altos funcionarios de Palacio de Gobierno. En estos archivos figuran tres montos pagados al expresidente Pedro Castillo en fechas posteriores a su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que suman a unos 6.000 dóraes.
El Despacho Presidencial informó sobre los pagos que realizó a Pedro Castillo. Foto: captura Despacho Presidencial del diario La República de Lima.
Tras el golpe de Estado, Castillo Terrones recibió el pago de S/19.200 por tres conceptos: S/3.200 por remuneración de elección política, S/300 por aguinaldo y S/15.700 por asignación especial extraordinaria; estos dos últimos montos corresponden al pago por gratificación. Este fue uno de los privilegios económicos que mantuvo el ex jefe de Estado, pese al quiebre constitucional que protagonizó.
Desde el Despacho Presidencial se informó a La República que el desembolso corresponde a las planillas procesadas y pagadas en el mes de diciembre de 2022 a Pedro Castillo en su calidad “ex servidor público, quien se desempeñó como presidente de la República hasta el 06 de diciembre de 2022”.
También se precisó que no se le otorgó ningún otro bono adicional al pago ya realizado: “Dicho ex servidor público no percibió depósito alguno en el mes de diciembre de 2022 correspondiente a algún bono en su calidad de funcionario del Estado”. Esta aclaración debido a que diciembre es un mes en el que el Estado suele otorgar pagos extras a sus trabajadores.
Por otro lado, el expresidente Pedro Castillo percibe una pensión vitalicia de S/15.600 mensuales en su calidad de expresidente de la República, aun estando privado de su libertad en el penal de Barbadillo. A la fecha, existen varios proyectos de ley —tanto de la izquierda (Perú Libre) y de la derecha (Avanza País)— para eliminar o reducir este beneficio constitucional para ex jefes de Estado, aunque ello no afectaría a Castillo Terrones al no poderse legislar de manera retroactiva.
Finalmente, La República también consultó a la Subsecretaría General del Despacho Presidencial sobre si el expresidente Pedro Castillo tramitó —amparado en la Ley del Servicio Civil— que el Estado cubra económicamente su defensa y patrocinio legal frente a alguna de las investigaciones que desarrolla en su contra la Fiscalía de la Nación, esto debido a que él ha presentado a múltiples abogados como parte de su defensa legal.
Desde Palacio de Gobierno la respuesta fue negativa, hasta la fecha no se ha tramitado tal pago: “No ha recibido ningún pedido de defensa legal o jurídica para su defensa legal ni se ha tramitado ningún documento sobre el particular”. En tanto, el ex jefe de Estado sigue solicitando ante el Poder Judicial su excarcelación y restitución en el cargo, pese a que ya existe una postura sobre su vacancia del cargo a nivel judicial.
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