El contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías, formuló reparos a contratos directos de servicios legales realizados por la Municipalidad de Ñuñoa teniendo a la vista «los antecedentes en los que aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con la ONG FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.
La ONG FIMA es especialista en litigación en conflictos socio-ambientales, pero en el contrato con la Municipalidad no se contemplaron los motivos de la contratación, ni la verificación de la idoneidad técnica del prestador, y no se explicaron las razones por las cuales ese trabajo no podía realizarse con personal estable de la Municipalidad. La alcaldía apelará al dictamen. En paralelo, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, oficiaba como asesor de la fundación Democracia Viva, a la que renunció tras el escándalo conocido (área habitacional) en Antofagasta.
La Tercera PM informó este martes que el organismo ordenó a la alcaldesa Emilia Ríos (Revolución Democrática -RD- el partido del Frente Amplio involucrado en el escándalo en el norte) “iniciar un procedimiento de invalidación y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento”. La entidad dio 20 días hábiles de plazo al municipio para informar.
La Contraloría General de La República (CGR) formuló reparos al contrato entre la Municipalidad de Ñuñoa y la ONG mencionada en el marco de la disputa judicial que inició el Municipio en contra de los proyectos de Fundamenta Eco Egaña Comunidad Sustentable y el centro comercial Mall Vivo Santiago Etapa II.
En su dictamen, el contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías, concluyó que “de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.
El pronunciamiento de la Contraloría tiene su origen en una denuncia que presentó el concejal de la comuna, Julio Martínez Colina (UDI). En su presentación, acusó supuestas infracciones, irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación directa efectuado por dicha entidad edilicia con la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), lo que generaría un perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile.
La Municipalidad de Ñuñoa anunció que apelará al dictamen de la Contraloría, ya que a su parecer “no tuvo todos los antecedentes a la vista”.
El contrato entre Ñuñoa y ONG FIMA asciende a $16,2 millones, pero a lo largo de los meses la organización no gubernamental ha cerrado acuerdos de asesoría legal con otros municipios. Según publicó El Libero, la ONG FIMA tiene otros convenios con Maipú ($16,6 millones), Quilicura ($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor ($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 millones), Natales ($7,8 millones).
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