Brasil en crisis
Por Leonardo Boff
Todos
reconocen que estamos sumergidos en una profunda crisis, de las más graves de
nuestra historia, porque abarca todos los ámbitos de la vida social y de la
particular. El hecho de la crisis significa que perdemos las estrellas-guía y
nos encontramos en un vuelo ciego sin saber hacia donde vamos. Nadie hoy puede
decir lo que será Brasil en los próximos meses. Por eso no es verdad afirmar
que las instituciones están funcionando. Si funcionasen no habría crisis.
Funcionan para algunos y para otros son completamente disfuncionales,
especialmente para la gran mayoría del pueblo, víctima de reformas sociales que
van contra sus anhelos más profundos y, lo que es peor, que implican la
retirada de derechos y de conquistas históricas, tal como están previstas en
las reformas laboral y de la seguridad social.
El hecho está agravado por la
ilegitimidad del Presidente, cuya legalidad es discutida y, para muchos,
consecuencia de un golpe parlamentario detrás del cual se ocultan, como en
otras ocasiones, las oligarquías económicas y los ricos rentistas que controlan
gran parte de la economía nacional y que ven amenazada su acumulación perversa.
Nadie puede negar que estamos
sumergidos en un caos político que se revela por la supresión de los límites de
los tres poderes de la república, cada uno invadiendo la esfera de los otros.
Los procuradores, los jueces y las fuerzas policiales que llevan a cabo la
operación Lava Jato pasan por encima de preceptos constitucionales, algunos
sagrados en todas las tradiciones jurídicas desde el tiempo del Código de
Hammurabi (1772 a.C), como es la presunción de inocencia. Las investigaciones
de Lava Jato y las delaciones premiadas sacaron a la luz del día lo que se
había ido gestando desde hace decenas de años: la red de corrupción que se
apoderó del Estado, de las grandes corporaciones y de los parlamentarios, en su
mayoría elegidos por las grandes empresas, representando más los intereses de
ellas y menos los del pueblo.
Hemos llegado a un punto crítico en el
que tenemos al frente del poder ejecutivo a un Presidente acusado de corrupción,
rodeado de ministros en gran parte denunciados y corruptos. Tanto el parlamento
como el presidente han perdido totalmente la credibilidad, lo que se revela por
los bajísimos índices de aprobación popular.
El presidente no muestra ninguna
grandeza, víctima de su propia mediocridad y de su vanidad ilimitada. Se aferra
al poder sabiendo la desgracia que eso representa para el pueblo y la completa
desmoralización de la actividad política. En caso de que renuncie o pierda el
cargo en el proceso del TSE, se invoca el artículo 81 de la Constitución –que
no es cláusula pétrea como quieren algunos– que prevé la elección indirecta del
presidente por el Congreso.
De las calles y de todos los estratos
viene el grito: ¿qué legitimidad tiene un congreso cuando gran parte de él está
formada por personas denunciadas por delitos de corrupción? Día a día crece la
petición de elecciones directas ya, no sólo de Presidente sino también de todos
los parlamentarios. Por lo tanto, elecciones directas generales, ya.
Cuando existe un caos político y sin
líderes con capacidad de mostrar una dirección, la solución más sensata es
volver al primer artículo de la constitución que reza “todo poder emana del
pueblo”. El es el sujeto legítimo del poder político, el poseedor de la verdadera
soberanía. Todos los elegidos son representantes legitimados por este poder.
Como dice el conocido jurista Nicola Matteucci de la Universidad de Bolonia:
“La soberanía es un poder constituyente, el verdadero poder último, supremo,
originario… que se manifiesta solamente cuando está rota la unidad y la
cohesión social” (Dicionário de Política, Brasilia 1986, p.1185).
Pues bien, estamos ante la quiebra de
la unidad y de la cohesión social. Ya no hay nada que nos una, ni en los
partidos ni en la sociedad. Todo puede ocurrir, como una explosión social
violenta, sin excluir una intervención militar, ya ensayada en las
manifestaciones populares de Brasilia el día 25 de mayo.
Cuando ocurre tal caos social es la
soberanía popular la que debe ser invocada y hacerse valer. Esta es previa a la
constitución que prevé elecciones solamente en 2018. Aquí está la base para
convocar elecciones directas ya. Nuestra constitución está cubierta de parches,
tantas fueran las enmiendas que equivalen a la mitad de su texto. Se está
preparando una nueva enmienda constitucional que prevé la anticipación de las
elecciones generales para este año. Estas no podrían ser solamente de
presidente, sino de todos los representantes políticos.
¿Qué autoridad tendría un presidente,
elegido indirectamente, o incluso directamente, manteniendo el actual
Parlamento, infectado de mala voluntad y desmoralizado por las acusaciones de
corrupción? Junto a esta elección directa, vendría una reforma política mínima
que introdujese la cláusula de barrera partidista y regulase las coaliciones
para evitar un presidencialismo de coalición, que favoreció la lógica de los
amaños y de la corrupción y por eso no es recomendable. Ese camino sería el más
viable y tenemos que apoyarlo.
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