Por Ociel Alí López
La victoria de Daniel Noboa en las elecciones de
Ecuador refleja la renovada influencia del trumpismo en América Latina, donde
una derecha autoritaria se aprovecha de la inseguridad para consolidar su
poder.
El
Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció el domingo los resultados de la
segunda vuelta electoral para el período presidencial 2025-2029. El actual
presidente, Daniel Noboa, resultó victorioso con el 55% de los votos, mientras
que su oponente, Luisa González, quedó rezagada con el 44% de los sufragios.
Hace
dos semanas, durante la recta final de la campaña para la segunda vuelta, el
presidente estadounidense Donald Trump recibió en privado a Noboa en
Mar-a-Lago. Aunque los detalles de esa reunión no se hicieron públicos, Noboa
parece haber recibido «luz verde» para acelerar la deriva autoritaria del país.
Luego de esta reunión, una serie de acciones del gobierno de Noboa evidenciaron
este giro. Aunque Trump no llegó a respaldar explícitamente a Noboa, éste, sin
embargo, decidió la adopción del «Trump Way»: un estilo «populista de derecha»
que se basa en el chantaje como herramienta central.

En
la primera vuelta del 9 de febrero, Noboa se vio sorprendido por un «empate
técnico» con González, la candidata del partido Revolución Ciudadana (RC). En
las semanas siguientes, González obtuvo un respaldo sin precedentes por parte
del movimiento indígena Pachakutik, que había logrado el 5% de los votos en la
primera vuelta y que históricamente se enfrentó a RC. Ante la creciente
presión, Noboa necesitaba dar un giro a la campaña. Para ello, tenía que poner
más «carne en el asador», lo que significaba ofrecer respuestas espectaculares
a la principal preocupación de los ecuatorianos: la violencia criminal.
Tras
obtener menos votos que González en la primera vuelta, lo primero que hizo
Noboa fue contratar a Erik Prince, fundador de la polémica empresa de
mercenarios Blackwater. Prince, que llegó a Ecuador a principios de abril,
interfirió directamente en la campaña electoral, desatando una ofensiva
mediática contra González.
Luego,
dos días antes de la segunda vuelta del domingo, Noboa decretó un «estado de
excepción» de sesenta días en siete de las veinticuatro provincias del país,
así como en el distrito metropolitano de Quito. Todos estos territorios son
estratégicos en el terreno electoral, incluidos los distritos que apoyan a RC.
El secreto le otorgó mayores poderes a los militares, suspendió el derecho de
libre reunión y autorizó allanamientos sin orden judicial. Además, Noboa retiró
el dispositivo de seguridad pública de González un día antes de la segunda
vuelta electoral, una medida ampliamente interpretada como una táctica de
intimidación política en un país en el que viene aumentando la violencia contra
figuras políticas. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio
fue asesinado apenas dos semanas antes de las elecciones, lo mismo que decenas
de alcaldes y congresistas a lo largo de los últimos cinco años.
Un
proyecto conservador con ambiciones a largo plazo
Hijo
del hombre más rico de Ecuador, Noboa fue inesperadamente elegido por sectores
conservadores en la primera vuelta de las elecciones de 2023, después de que el
ex presidente Guillermo Lasso abriera el escenario de las elecciones
anticipadas a través de un mecanismo constitucional llamado muerte cruzada.
Ahora Noboa se posicionó para seguir en el cargo hasta 2033 si es capaz de
asegurar su reelección en 2029.
Noboa
representa una oportunidad de estabilidad para una derecha que, hasta ahora, no
logró consolidar su posición. Ello tras los efímeros gobiernos de Lenín Moreno
(2017-2021), que rompió con el partido del ex presidente Rafael Correa pero
gobernó débilmente, y de Lasso (2021-2023), que se vio obligado a convocar
elecciones anticipadas tras una serie de protestas y amenazas de destitución.
Noboa completa ahora el mandato inconcluso de Lasso. Según un fallo
constitucional de 2010, cuando un jefe de Estado completa el mandato de su
predecesor tras la aplicación de una muerte cruzada, ese período no cuenta para
los límites constitucionales del mandato. Eso significa que Noboa podrá ser
reelegido en 2029.

Para
ello, Noboa está cortejando el apoyo de Washington, ofreciendo dos bases militares
estratégicamente ubicadas: en Manta y en las Islas Galápagos. La propuesta de
reabrir la base de Manta reaviva una antigua disputa entre Estados Unidos y el
Gobierno de Correa, que expulsó a los militares estadounidenses de la zona en
2009. Mientras tanto, las islas Galápagos, situadas mar adentro en el océano
Pacífico, se encuentran cerca de la ruta comercial China-Perú, impulsada por el
megapuerto chino de Chancay, al norte de Lima, inaugurado por el presidente
chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024.
En una entrevista en Radio City de Guayaquil, el Presidente mencionó que su gobierno ya estaba manteniendo conversaciones para recibir apoyo militar extranjero en provincias como Guayas, que se caracteriza por su alta tasa de criminalidad. Aunque no detalló qué países participaban en esas conversaciones, aseguró que el apoyo de fuerzas internacionales es esencial para abordar la crisis de seguridad.

En
medio de un clima de violencia generalizada, y con el pretexto de combatir a
las bandas de narcotraficantes —que convirtieron a Ecuador, un país que se
había mantenido relativamente inmune a los estragos del narcotráfico, a
diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, en un escenario de violencia sin
precedentes—, Noboa impulsa medidas excepcionales que también buscan
neutralizar a sus rivales políticos. Basta recordar la incursión del gobierno
de Noboa en la embajada de México en Quito en 2024 para detener al ex
vicepresidente correísta Jorge Glass, lo que desencadenó una ruptura
diplomática con México que sigue sin resolverse. Noboa difumina
estratégicamente la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el ataque a
sus oponentes políticos, una táctica que ahora que se anunciaron los resultados
oficiales podrá aplicar con mayor vigor. Dada la negativa del partido RC a
reconocer los resultados, parece probable una mayor escalada del conflicto
político.
RC
rechaza los resultados
El
lunes, González denunció fraude, se negó a reconocer el resultado, pidió un
recuento y llamó «dictador» al presidente. RC es el partido mayoritario en la
Asamblea Nacional y tiene un número significativo de gobernaciones (nueve de
veintitrés) y de alcaldías (50 de 221). El mayor reto de González ahora es
mantener al partido, ya que varios dirigentes del RC que la reconocen como su
candidata optaron por aceptar los resultados.
De
cara a la votación, González estableció una alianza sin precedentes con un
viejo adversario: el poderoso movimiento indígena, una fuerza política cuyas
movilizaciones masivas derrocaron gobiernos en el pasado (como el de Jamil
Mahuad en 2000 y el de Lucio Gutiérrez en 2005) y llevaron a otros, como el de
Lenín Moreno (2017-2021), al borde del colapso. En octubre de 2019, Moreno se
vio obligado a trasladar la sede del Gobierno en medio de masivas protestas. Lo
mismo ocurrió con el gobierno de Lasso, que finalmente convocó a elecciones
anticipadas por condiciones de ingobernabilidad.
Para
la derecha ecuatoriana, estos episodios representaron intentos fallidos de
consolidar un gobierno a largo plazo. Ahora esperan de Noboa un proyecto
conservador duradero, capaz de resistir las inevitables olas de protesta que
surgirán de los sectores progresistas en respuesta a su agenda neoliberal y
represiva. Los movimientos sociales —especialmente la Confederación de Naciones
Indígenas del Ecuador (CONAIE)— denunciaron en un comunicado difundido el
miércoles los planes de Noboa para un duro ajuste económico y la expansión de
proyectos mineros a gran escala.
Esta
coalición entre correísmo y el movimiento indígena podría desencadenar una
crisis política de grandes proporciones si decide desafiar abiertamente al
gobierno, como anticipó González desde la noche de la segunda vuelta. Todo esto
apunta a un nuevo y volátil capítulo en la política ecuatoriana, justo cuando
Noboa busca imponer medidas económicas y geopolíticas ya impugnadas, incluyendo
la construcción de bases militares extranjeras, la ampliación de concesiones mineras
y asociaciones con empresas mercenarias.
¿Qué sigue en Ecuador?
El
resultado del domingo afianza el proyecto conservador y autoritario de Noboa,
ofreciéndole a la derecha una rara oportunidad de estabilidad tras décadas de
lucha por mantener el poder más allá de mandatos aislados y plagados de crisis.
Independientemente
de si las acusaciones de fraude ganan tracción, lo que está claro es que
Ecuador se ha convertido en la primera ficha de dominó que cae en la región
bajo la renovada influencia del trumpismo en América Latina. El regreso de
Trump a la Casa Blanca logró envalentonar las tácticas represivas y legitimar
el chantaje político, y es probable que afecte a las próximas elecciones en
toda la región.
Ecuador
se perfila ahora como un laboratorio regional de acercamiento al estilo
político de Trump: la política del espectáculo (ejemplificada en el referéndum
de «mano dura» de mayo de 2024) y las alianzas con actores controvertidos como
Erik Prince. Aunque no hay pruebas de fraude masivo, los resultados electorales
revelan cómo el trumpismo puede influir en los procesos democráticos.
Según
sus promesas de campaña, el siguiente paso de Noboa será probablemente reformar
la Constitución de 2008, redactada durante el gobierno de Correa, lo que
seguramente provocará enfrentamientos. El presidente ya articuló planes para
autorizar bases militares extranjeras en el país —expresamente prohibidas por
la Constitución actual— y endurecer las penas criminales.
Pero
la resistencia ya se está aglutinando. A finales de marzo, RC y la CONAIE
declararon su oposición a cambios constitucionales que «restrinjan los derechos
de la naturaleza o vulneren las conquistas sociales de los pueblos indígenas,
negros, cholos y montubios». Los movimientos temen que se erradique el carácter
plurinacional e intercultural de la actual Constitución.
La
cuestión que se plantea es si estas fuerzas chocarán violentamente o forzarán
una tensa coexistencia. Mientras tanto, Ecuador navega por aguas turbulentas:
entre la sombra de un nuevo autoritarismo y la memoria de su poderoso
movimiento social.
(*) --- Ociel
Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central
de Venezuela. Ganó la beca internacional Clacso/Asdi para jóvenes
investigadores (2004) y el Premio Municipal de Literatura de Caracas en 2015.