Página Editorial Latinoamericana

Diario Jornada de La Paz Bolivia

Los apoyos de Perú y Chile para una salida al mar



Por José Manuel Loza Oblitas

Desde hace años, Chile y el Perú han competido para mostrarse de acuerdo con una salida al mar para Bolivia, aunque, en los hechos, esa presunta voluntad no se ha plasmado en realidad, ya que ambos países, a través de sus respectivos gobiernos, más bien han evitado esa posibilidad y, con mayor fuerza, que tenga soberanía, como está estatuido actualmente en nuestra Carta Magna.

En las últimas horas hemos conocido declaraciones del embajador peruano, quien aseguró que el Mandatario de su país ha expresado que no se opondrá a una solución al problema marítimo de Bolivia, mientras que el Ministro de Defensa de Chile se inclinó por la creación de un "clima de entendimiento", a fin de concluir con este tema, que para el Presidente afincado en La Moneda, debe ser a través de soluciones creativas, pero sin soberanía.

Actualmente Perú ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de La Haya, en su demanda limítrofe marítima, aseverando que su pertenencia va más allá de lo previsto por su vecino, abarcando, prácticamente, la salida al Océano Pacífico en el lugar en el que se encuentra la franja junto a la Línea de la Concordia, donde Pinochet ofreció un acceso soberano, a través de un corredor, a las playas del Valle de Azapa.

Si en estos momentos Chile concediera la referida franja a Bolivia, nos encontraríamos en un conflicto, en caso que la Corte de la Haya votara a favor del Perú, ya que tendríamos que tramitar soberanía marítima con ese país.

Precisamente, en las negociaciones fallidas de la década de los años 70 del anterior siglo, Banzer y Pinochet se habían acercado a una conclusión sobre la salida al mar para Bolivia, por medio del corredor en la Línea de la Concordia, que corresponde al territorio de Arica, el mismo que no puede ser transferido a terceras potencias, según el Protocolo secreto suscrito entre Chile y Perú en 1929, de una zona que antes pertenecía al segundo y que, como efecto de la guerra, pasó a manos del Mapocho.

La consulta, necesaria para la transferencia, se la hizo a Lima, cuyo gobierno, en ese tiempo, prácticamente la rechazó y, más bien, propuso la administración trinacional del puerto de Arica, sin soberanía y menos derechos para Bolivia, salvo los que se habrían estatuido para las tres naciones.

Chile, como es ya su costumbre, aduce, en este momento, que no puede negociar territorios, por cuanto su Constitución Política del Estado se lo prohíbe, pero no reconoce que los territorios que le dieron riqueza y poder son los que pertenecieron a Bolivia, los mismos que fueron adquiridos por la fuerza de las armas y por la sorpresa de una invasión a Antofagasta y regiones vecinas, que obligaron a nuestro país a ingresar a una guerra, aliado con el Perú, que fue completamente desigual.

Es cierto que el derecho de Bolivia no es una simple aspiración, sino que se constituye en una necesaria reivindicación territorial y marítima, que debe solucionarla Chile, ya que es ese país el responsable directo de nuestro enclaustramiento geográfico, pero ahora dentro de lo que sentencia la Carta Magna de Bolivia, con soberanía y con libre tránsito.

Mientras tanto, con otras soluciones "creativas", como el arrendamiento de un puerto, por 99 años, pero bajo la administración y propiedad chilena, lo único que conseguiríamos es enterrar para siempre nuestro derecho histórico.


Diario "El Mostrador" de Santiago de Chile

Conflicto Mapuche: la bomba de tiempo


Por Gonzalo Arenas
Diputado UDI.

Esta columna también pudo haberse llamado “Conflicto Mapuche: el otro Transantiago de la Concertación”, debido a que -producto de políticas públicas irresponsables durante los gobiernos de la Concertación-, hoy en día nos encontramos a las puertas de un verdadero estallido del llamado “Conflicto Mapuche”.

En ese sentido, el Gobierno de Sebastián Piñera tiene un desafío enorme para enfrentar las condiciones de violencia que hoy, peligrosamente, se están incubando en la Araucanía y que en gran parte son de responsabilidad directa de las administraciones anteriores. Fue la Concertación la que manejó de manera irresponsable el tema, tanto con los recursos públicos destinados a las políticas indígenas como con las promesas hechas a los grupos más radicales.

Es así como a pocos meses de iniciado este nuevo Gobierno, se puede evidenciar un elevadísimo grado de corrupción tanto en la CONADI como en el programa ORIGENES durante los gobiernos concertacionistas. Y eso, no ha hecho más que producir una enorme frustración en las comunidades mapuches que sienten que se les ha robado gran parte de los recursos públicos destinados a su desarrollo.

Sería un error pensar que la simple “mano dura” logrará reducir el problema. Por el contrario, podría agravarlo y terminar fácilmente en hechos de sangre.

Tras 20 años de la Concertación en el poder, hoy los mapuches están decepcionados con el sistema político, pues las políticas indígenas que se han aplicado no se han realizado con un sentido de Estado. Por el contrario, fueron más bien usadas para incrustar una serie de operadores políticos que se encargaban de mantener y atraer el supuesto “voto mapuche”.

Es precisamente por esta realidad, que tanto comunidades como dirigentes indígenas desconfían de la capacidad del sistema político de canalizar sus inquietudes y, por tanto, se legitiman en gran medida soluciones propias y violentas.

Ante esta dura realidad, el actual Gobierno enfrenta una verdadera bomba de tiempo y debe definir que hará en los escenarios que se aproximan. Estos escenarios tendrán al menos los siguientes elementos:

1.- La actual huelga de hambre que mantienen más de 30 comuneros mapuches en distintas cárceles del sur de Chile. ¿Qué hará el Gobierno cuando lleguen al día 40 de huelga y esté en riesgo la vida de los afectados?

2.- ¿Cómo se van a enfrentar las aspiraciones que ya se insinúan de tener una fase III del pésimamente mal evaluado Programa Orígenes?

3.- ¿Cómo se enfrentarán las promesas irresponsables del ex ministro Viera-Gallo a las comunidades y sectores más violentos y radicalizados del conflicto?

4.- ¿Cómo reaccionar a las expectativas creadas por el Fondo de Tierras durante los gobiernos de la Concertación?

5.- ¿Cómo se relacionará el Gobierno con los dirigentes y comunidades más radicales del movimiento mapuche? ¿Se negociará o sólo se aplicará la ley para resguardar el orden público? ¿Se les tomara como interlocutores válidos para llegar acuerdos o se seguirá bajo el ya viejo argumento de que “no representan al pueblo mapuche”? En tal sentido, pretender dividir a las comunidades en leales al Gobierno y violentistas es una apuesta política sumamente peligrosa.

6.- ¿Cómo se va a entender el rol de Carabineros ante los hechos de violencia en la zona? Ello pues sería un error pensar que la simple “mano dura” logrará reducir el problema. Por el contrario, podría agravarlo y terminar fácilmente en hechos de sangre que justifiquen y enciendan el conflicto por las próximas décadas, sin fin.

7.- ¿Cómo se va a enfrentar la necesaria reestructuración institucional de la CONADI, en forma rápida y convincente? Hoy es necesario que la nueva institucionalidad convenza y resulte eficaz y se aprecie por parte de las comunidades mapuches como un avance y no como un retroceso. Esto se lograría con la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, sobre el cual aún no se tiene una postura oficial del Gobierno.

8.- ¿Cómo se va a enfrentar la relación con los observadores y organismos internacionales que visiten e informen sobre nuestro país en materias relacionadas con el pueblo mapuche?

9.- ¿Cuál va a ser la reacción ante cada nuevo atentado? ¿La misma reacción inútil de la Concertación en donde las autoridades repudiaban el atentado y presentaban una querella inútil contra “todos los que resulten responsables….” y esperar el otro atentando para hacer lo mismo?

10.- ¿Cómo enfrentar el desafío territorial de las “zonas violentas” del conflicto?  Es conocido que la violencia en el “Conflicto Mapuche” tiene un fuerte componente territorial focalizado y por tanto demanda soluciones territorialmente focalizadas también.

Ante estas interrogantes, las nuevas autoridades deben superar un error común en la centroderecha en relación al llamado “Conflicto Mapuche”: creer que el problema es sólo un tema de pobreza. Lo es en gran parte, pero también tiene un componente de dignidad y reconocimiento que es fundamental. Tiene por tanto, un componente político que no se resuelve sólo con políticas sociales, sino también con decisiones políticas.

"El Diario" de la Paz Bolivia

Potosí y Oruro en un conflicto absurdo


En conflictos entre países, es lógico que las partes adopten posiciones defensivas y ofensivas; que tengan políticas para defender sus territorios y sus pueblos, que sean previsores y cuidadosos en los pasos a darse; pero que esto ocurra en un mismo país, en posiciones de cercanía y hermandad que hay y debe haber siempre entre Potosí y Oruro, tan sólo por dudas sobre propiedad departamental de uno u otro bien, es, simplemente, absurdo, idiota y ridículo.

El país requiere unidad y no puede estar supeditado a problemas regionales que afectan a todos. En el caso de Potosí y Oruro, donde una parte cree tener el derecho sobre un cerro o por regiones explotables de minerales, corresponde aclarar: todo el Estado boliviano es propietario, geográficamente, conforme a la Constitución y nadie puede alegar propiedad sólo de una parte; si en la delimitación fronteriza están establecidos los límites, es muy fácil que las partes se reúnan y, conjuntamente el Instituto Geográfico, estudien y hagan las aclaraciones pertinentes.

Entrar en conflictos antes de “ver las heridas”, no corresponde; actuar con amenazas o posiciones intransigentes, es ridículo. Establecidos los derechos conforme a las leyes, lo correcto es compatibilizar intereses y actuar integrados, conjuntamente y sin diferencias ni regionalismos que son absurdos y están fuera de tiempo y no pueden tener más cabida en la mentalidad de los bolivianos.

La unidad e integración del país es absolutamente necesaria y nadie, por derechos que alegue sobre determinadas franjas de terreno, puede poner en peligro ese magno ideal. Sólo integrados y unidos podemos hacer de Bolivia lo que todos queremos; desunidos y desarmonizados será difícil encarar en su justa medida los problemas; al contrario, el caso podría servir para que el viejo diferendo fronterizo entre Cochabamba y Beni sea puesto otra vez en discusión, lo que no corresponde y que, en su momento, deberá ser encarado mediante el diálogo y la concertación honestos y responsables.

Desde hace más de cuatro años, vivimos divididos por una especie de lucha de clases absurda, por complejos de racismos, separatismos étnicos y otros que han marcado serias diferencias entre los componentes de nuestro país. Este panorama es doloroso por sí mismo, ya que ha dado lugar a que el regionalismo y viejos complejos se despierten en algunas poblaciones donde se pretende: “que cada quien tenga su porción y que su contenido nadie lo vea”; un viejo dicho chino que muestra, claramente, posiciones contrarias a la hermandad y al sentido de ver con visión general lo que importa a todos y es de todos.

El Gobierno, frente a este conflicto, tendrá que actuar con mucha serenidad y responsabilidad; pero, sobre todo, con criterios de país y no “de partido”. La conciencia de país es amplia y abarca todos los intereses; consiguientemente, contribuye a que el examen de las situaciones sea consciente, constructivo y responsable, donde todos encuentren cauces de contento para actuar conjuntamente y no separados por posiciones o ambiciones mezquinas.

Vivimos en crisis política, social y económica; que las cuestiones mínimas de dos departamentos no sean cauce ni causa para abrir sendas de desunión; al contrario, que sea motivo para que todas las dificultades que ambas regiones enfrentan sean encaradas, discutidas y enfrentadas en lo que corresponde al Gobierno central y lo que compete a gobernaciones y municipios. La equidad y la ecuanimidad deben encontrar los cauces de justicia para que el cuasi-litigio sea solucionado por las vías del diálogo y la concertación