Por Walter Krohne
La historia de este país sudamericano en las últimas décadas ha estado marcada por las actividades de la guerrilla formada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es una guerrilla que ha tenido períodos en que ha sido militarmente poderosa e importante y con una preparación combativa muy clara y severa, pero hoy aparece bastante debilitada, con comandantes muertos en enfrentamientos o ataques de las Fuerzas Armadas regulares de Colombia que han dejado bajas significativas.
El comandante saliente del Ejército colombiano, general Óscar González, reconoció en Bogotá hace un par de días que las FARC son hoy 7.000 guerrilleros contra 20.000 que eran hace ocho años cuando Álvaro Uribe asumió el mando de la Nación.
Esta considerable reducción de unos 13.000 efectivos fue “fruto de las operaciones militares y la presión a la que fueron sometidos los rebeldes en todo este tiempo: Algunos se desmovilizaron, otros fueron capturados y otros abatidos en combate", agregó González.
Para el militar existe una clara vinculación entre los guerrilleros y el narcotráfico, porque en las Farc, la guerrilla más antigua de América Latina, ya "no hay comando, no hay control, no hay comunicación", sino "una total atomización".
Política de “seguridad democrática”
Álvaro Uribe impulso la política denominada de “seguridad democrática” consistente en terminar con la subversión para fortalecer la democracia en un país con numerosos problemas políticos y rivalidades internas.
Esta “seguridad democrática” será continuada por Santos con algunos cambios por las variaciones que ha tenido el escenario de la violencia desde el año 2002 cuando Uribe llegó al poder por primera vez.
Santos fue ministro de defensa de Uribe y conoce muy bien cuáles son las flaquezas de la guerrilla y donde están los peligros que pueden afectar el sistema democrático. Es por eso que tiene todas las condiciones para afrontar esta nueva etapa de guerra interna que inicia Colombia, aunque se encontrará con situaciones difíciles, como es el caso de Venezuela, país que ha roto las relaciones con su vecino por orden del presidente venezolano Hugo Chávez. Su enojo fue le denuncia colombiana de que Venezuela en su territorio estaba apoyando y abasteciendo a la guerrilla de las Farc.
Colombia ha jurado que su denuncia es verdadera y ha presentado la documentación respectiva ante la OEA en Washington (foto abajo derecha). Todo esto levantó una gran polvareda en la región sudamericana, pero sin llegar a extremos. Parece que no hay mucho interés en conversar regionalmente un asunto que deben resolver dialogando los dos países en conflicto.
Si Chávez no llegó hoy a Bogotá al cambio de mando, al menos envió a su ministro del exterior Nicolás Maduro. Es un primer paso favorable para Santos, quien será el que deberá resolver este problema diplomático que recibe como parte de la herencia de Uribe.
¿Pero qué es realmente la “seguridad democrática” a la que también se le llama la segunda independencia de Colombia?
La verdad es que en este país no hay consenso sobre su significado, definiéndose simplemente como la política gubernamental del presidente Uribe que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana en la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad contra la amenaza de grupos insurgentes.
Tampoco hay consenso sobre cuán exitosa ha sido, pues aunque pocos niegan sus logros, muchos cuestionan lo que se sacrificó para conseguirlos.
Uribe planteó el concepto en 2001 cuando era candidato presidencial elaborando un manifiesto de cien puntos en el que prometió una "Colombia sin guerrilla y sin paramilitares". En ese año, en el país se registraban casi 29.000 homicidios al año, siete secuestros al día y la guerrilla (nacida en la década de los años 60) y los paramilitares (surgidos en los 80) estaban fortalecidos.
Uribe invirtió grandes cantidades de recursos en el fortalecimiento de las fuerzas militares y se propuso crear una red de informantes civiles. Ocho años más tarde, Colombia todavía tiene guerrilla y paramilitares. Sin embargo, el país, para los uribistas, se percibe como más seguro, se viaja más tranquilamente por las carreteras y se han reducido sustancialmente los homicidios y los secuestros.
Sin embargo, no todos piensan así, porque si bien se reconocen progresos, también existen rebrotes peligrosos de la violencia, como ha ocurrido en Medellin. Para otros, como Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, atestiguan conocer bien los progresos porque su organización evaluó la seguridad en 27 ciudades y encontró que "bajaron de manera significativa los delitos de mayor impacto, como homicidios -a menos de la mitad-, secuestro -en un 90%- y hurtos de autos".
Aparte de los pro y contras están las acusaciones sobre abusos graves que se cometieron bajo la excusa de la política “ seguridad democrática”, como dijo el jurista colombiano Andrés Isaza: "La seguridad de Uribe fue bastante irrespetuosa de los derechos humanos y, con el pretexto de protegerlos, lo que hizo fue irrespetarlos y violarlos".
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