TSUNAMI 27-F
IMPUTADOS NEGOCIARÁN CON LA FISCALÍA "LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO" PARA CERRAR DEFINITIVAMENTE EL CASO
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| La ex jefa de la ONEMI Carmen Fernández, una de las imputadas, aparece en la foto junto a la Presidenta Michel Bachelet (su primer período) la noche del terremoto y posterior tsunami el 27 de febrero de 2010 en las oficinas de la ONEMI. |
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Como informó Radio Bío Bío, en una reunión entre el fiscal regional Occidente José Luid Pérez Calaf con los abogados que representan a los imputados se abordó el procedimiento propuesto para cerrar definitivamente el caso.
Los imputados son: el ex subsecretario del
Interior, Patricio Rosende Lynch; la ex directora
de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen
Fernández; el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio de
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano
Rojas; el ex jefe de operaciones, Andrés
Enríquez y el ex oficial, Mario Medina.
Según indicaron las mismas fuentes, la primera
oferta del Ministerio Público apuntó a
los procedimientos abreviados, lo cual fue rechazado por las
defensas, principalmente de los marinos involucrados, ya que se negarían a reconocer ante un tribunal los hechos materia de
la acusación en su contra.
Fue en este escenario que el Ministerio Público se
abrió a la posibilidad de avanzar por medio de la suspensión condicional del
procedimiento que significaría cerrar las causas por “cuasi
delito de homicidio múltiple” contra los imputados a cambio de una
condición que se debe cumplir.
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Fuentes de la Fiscalía indicaron que, en caso de
concretarse esta salida alternativa, se
exigiría a los encausados una compensación económica a favor de las familias de
las víctimas.
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De todas formas las determinaciones se tomarán por
parte del ente persecutor antes de la audiencia de preparación de juicio oral
que está fijada para el próximo 14 de marzo.
Las condiciones para los imputados sería pagar unos 200 millones de pesos a los afectados o damnificados, y firmar una carta pública en la que pidan perdón por el mal manejo en la coordinación de la situación, especialmente en lo que respecta al levantamiento anticipado de la alerta de tsunami en gran parte del litoral chileno.
Las condiciones para los imputados sería pagar unos 200 millones de pesos a los afectados o damnificados, y firmar una carta pública en la que pidan perdón por el mal manejo en la coordinación de la situación, especialmente en lo que respecta al levantamiento anticipado de la alerta de tsunami en gran parte del litoral chileno.
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