LA INCREIBLE HISTORIA DEL LLAMADO “ROYALTY MINERO”

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Sólo Africa, en sus estructuras políticas tribales, ha sufrido una depredación tan enorme de su riqueza como la que ha padecido Chile en los tiempos actuales, a manos de las empresas transnacionales y en alianza con capitales chilenos.

Ningún otro país de Occidente ha aceptado las condiciones que ofrece Chile a las inversiones extranjeras. Bolivia, que tenía también una situación abusiva, se apresuró a corregirla con la presidencia de Evo Morales; Venezuela ha estado haciendo lo mismo durante el mandato de Chávez; también Ecuador con Correa y Panamá con respecto a sus recursos, en diversos gobiernos.

En consecuencia, no queda país en el Occidente democrático que sostenga un sistema tan aberrante en materia de inversiones como el de Chile, y la minería es el epígono de este horror. Más bien Chile ha ido acrecentando las ventajas a las empresas en vez de irlas corrigiendo a favor del país.

Con el llamado Royalty minero ha sucedido algo asombroso, para cualquier observador atento. Lo que se terminó por aplicar en Chile no fue un real “Royalty” sino un impuesto específico a las utilidades (no a la extracción o venta) de la actividad minera.

El porqué no se aplicó un real Royalty es un tema que llama al asombro. No se hizo para no ratificar el derecho de propiedad que la Constitución declara de parte del Estado respecto del recurso minero. Esto porque la ley minera de José Piñera (tiempos de la dictadura militar) establecía que la propiedad del estado no era efectiva sino que tutorial (o imperfecta) y que el Estado sólo tenía la facultad de concesionar a los privados y que una vez que se entregaba la concesión, sólo en ese momento se concretaba una propiedad “perfecta” y real, que obviamente es propiedad del privado. Es lo que se ha denominado la “concesión plena”. Es decir que el Estado puede repartir pero no tiene propiedad.

Es para no reconocer la propiedad del Estado que no se aplicó un real Royalty y se prefirió la fórmula sibilina del impuesto específico.

Pero esta jugada maestra no vino huérfana, sino que se le asoció otro engendro: en vez de incrementar los aportes finales de las empresas vía este falso Royalty, finalmente estas empresas gozan desde que se aprobó el mentado Royalty de una reducción de su tributación final en dos puntos. Esto debido a que se aplicó un impuesto de 4%, por concepto de “falso royalty”, pero se redujo el impuesto total a las utilidades en 6%.

Con todo, las empresas transnacionales podían acogerse a la invariabilidad que les autorizaba el “Decreto 600”, obra del régimen militar. De hecho, cuando el ministro de hacienda de entonces, Eyzaguirre, quiso cobrar el primer “Royalty” se encontró con que las empresas se le resistieron, acogiéndose a la invariabilidad. Entonces el ministro tuvo que sufrir una de sus estrambóticas rabietas y amenazar a las empresas que si no pagaban simplemente les cambiaría el reglamento.

Algunas empresas accedieron a hacer como que pagaban, para no quedar como el rey desnudo, expuestos a la animadversión de los chilenos. Pero en verdad casi no han pagado, excepto en los años de ganancias ofensivamente altas, pues primero han podido descontar lo que tienen en reservas como crédito fiscal en el Servicio de Impuestos Internos, gracias a haber declarado pérdidas en las gestiones por más de una década. Entonces pagan, pero luego les devuelven; entonces esa engañifa finalmente la pagamos los chilenos.

Ahora, luego del terremoto y maremoto, al gobierno actual le cayó la teja que si no pagan impuestos los extranjeros lo deberán pagar los chilenos. Pero del IVA ya no pueden seguir sacando más elevaciones tributarias, pues temen una revuelta nacional. De los empresarios nacionales, que prácticamente no tributan, tampoco se puede sacar nada, pues son socios efectivos e históricos de quienes hoy gobiernan; de las empresas financieras que operan en Chile, tampoco se puede sacar nada, pues tributan en sus países de origen y no en Chile.

Entonces no les quedó otra alternativa que volver a mirar a las mineras extranjeras y algunas nacionales que se han hinchado con las ganancias a partir del alza de los precios del cobre, desde el 2003. Pero como el hábito en este caso sí hace al monje, nuevamente caen en el hábito de favorecer a las empresas extranjeras, haciendo como que les suben los impuestos (el pseudo Royalty), pero que finalmente termina siendo otra jugada gananciosa, adivine para quienes: obviamente para las empresas, lo que concluye en otra pérdida alevosa para Chile, pues se les subiría el impuesto en 4 o 5 puntos, por un par de años, pero se les da una garantía hasta por 25 años de invariabilidad, con descuentos adicionales a los que ya gozan.

Con estos gobiernos, la verdad no necesitamos enemigo, pues pareciera que operan como “quintas columnas” de potencias extranjeras.

Afortunadamente nuestro parlamento ha detenido esta afrenta; en algo reivindica a esta institución, porque en el pasado fueron estos mismos parlamentarios que aprobaron ese “falso royalty, y también aprobaron el tratado minero con Argentina, otro engendro demencial, que sólo cabe en la cabeza de un cooptado o de alguien que votó a favor sin darse la molestia de leerlo.

Dios guarde a Chile y ojala nuestros políticos sean atacados por un “mal de lucidez” áulica, pero que les permita ver la realidad aunque sea como una enfermedad que deforma el ánimo, hasta producir una especie de sobrecogimiento atrabiliario.