El juez federal de distrito Darrin P. Gayles dictó una sentencia
en rebeldía contra Maduro, Saab, otros cinco exfuncionarios venezolanos y la
presunta organización de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles,
después de que no respondieran a la demanda. En su fallo, Gayles describió al
antiguo gobierno de Maduro como una “empresa criminal” responsable de los
abusos sufridos por los tres hombres.
Los demandantes —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval—
presentaron la demanda el año pasado contra varios altos funcionarios
venezolanos, alegando que fueron sometidos durante meses a torturas físicas y
psicológicas mientras permanecían detenidos.
La demanda también nombró como demandados a la actual presidenta
interina Delcy Rodríguez, al ministro del Interior Diosdado Cabello, al
ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al fiscal general Tarek William
Saab y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los tres estadounidenses formaban parte de un grupo de diez
ciudadanos estadounidenses liberados por Venezuela en diciembre de 2023 como
parte de un intercambio secreto de prisioneros negociado por la administración
de Joe Biden. A cambio, Washington liberó a Saab, el empresario colombiano
acusado desde hace años por fiscales estadounidenses de lavar cientos de
millones de dólares mediante contratos con el gobierno de Maduro. Saab ha
negado de manera consistente haber cometido irregularidades.
Según la demanda, las detenciones no fueron arrestos aislados,
sino parte de una estrategia deliberada de Maduro para capturar ciudadanos
estadounidenses y utilizarlos como fichas de negociación después de que Saab
fuera extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en 2021 para enfrentar
cargos de lavado de dinero.
La demanda fue presentada al amparo de la Ley Antiterrorista de
Estados Unidos. La demanda acusa a la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) de ejecutar un programa sistemático de
torturas bajo las órdenes de Maduro.
Kenemore, un especialista en informática de Fort Worth, Texas,
permaneció 643 días detenido en Venezuela tras ser secuestrado cerca de la
frontera entre Colombia y Venezuela en marzo de 2022 por hombres armados que
posteriormente lo obligaron a cruzar la frontera y lo entregaron a las
autoridades venezolanas.
Según la demanda, fue acusado falsamente de espionaje y sometido a
repetidas golpizas, aislamiento prolongado, privación de alimentos, suministro
de agua contaminada y una forma de abuso psicológico conocida como “tortura
blanca”.
Además, presuntamente sembraron granadas y municiones en su vivienda
antes de acusarlo de terrorismo, mientras lo obligaban a entregar las
contraseñas de sus cuentas bancarias en Estados Unidos y vaciaban los ahorros
de toda su vida. La esposa de Kanemore también denunció que las autoridades
venezolanas confiscaron bienes familiares y la llamaban repetidamente para
exigirle dinero a cambio de no asesinarlo.
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