KRADIARIO

FINANZAS  LOS PARAÍSOS FISCALES SON  LEGALES EN APARIENCIA, PERO CUESTIONADOS CUANDO SE TRATA DE POLÍTICOS INFLUYENTES Por Martín Poblete En su origen, en cuanto a los Paraísos Fiscales no parece haber nada ilegal.  El asunto comienza durante el gobierno de Lady Thatcher,  las decisiones son posteriormente refinadas en los gobiernos de los primeros ministros John Major (conservador) y Tony Blair (socialista), todos gobiernos legítimos y  la legislación aprobada en un Parlamento igualmente legítimo.   Nuevamente, en apariencia, todo conforme a la ley. Sin embargo, se autorizaban nuevos centros de operaciones financieras y mercantiles  fuera de las costas de territorios británicos soberanos, algunos muy cercanos mientras otros están bastante lejanos,  con una racionalidad nueva:  establecer distancia, no solo geográfica,  entre los centros de operaciones "off shore" y las estrictas regulaciones imperantes en la City de Londres.   Se argumento, y todavía se argumenta, la necesidad de crear nuevas formas de manejo financiero capaces de colocar y disponer la creciente  liquidez en los mercados, sin las estrecheces y limitaciones  de los reguladores bursátiles y la omnipresente vigilancia del Real Banco de Inglaterra.   Pero, como lo dijo Lord Keynes, "el demonio viene en los detalles". A muy corto andar, los bancos y financieras "off shore" resultaron atractivas para quienes buscaban encontrar medios de evadir, o bien ocultar impuestos al Real Tesoro; en otra dimensión, operadores financieros en África, Medio Oriente,  India, y China vía Hong Kong,  encontraron conveniente desviar parte del dinero de sus operaciones regulares en la City de Londres a estos nuevos centros dónde la flexibilidad podía  llegar a extremos nunca soñados, dónde fondos de inversión podían mover recursos lejos  de los molestosos reguladores, y dónde financistas podían jugar con tasas de interés protegidos de las miradas inquisitivas de banqueros centrales. En la segunda mitad  de la década del 1990, las operaciones "off shore"  empezaron a llamar la atención de los banqueros de capital y financistas en Wall Street, particularmente de los ejecutivos de  fondos de inversión llamados "hedge funds" diseñados para operar riesgosamente en el margen mismo de la legalidad;  los inversionistas y especuladores financieros americanos, aumentaron exponencialmente las  cantidades de dinero  depositadas en y operadas desde lugares como Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Bahamas, Islas Seychelles, y un recién llegado a la fiesta:  Panamá.   Luego siguieron los latinoamericanos, los financistas y especuladores activos en países de la Unión Europea, otros provenientes  de las repúblicas de Europa Oriental y Asia Central surgidas después del colapso del comunismo soviético, y esos históricos clientes de la City de Londres:  banqueros y financistas rusos. A los actores iniciales, se les agregaron pronto firmas transnacionales de abogados, especializados en aconsejar y asesorar a clientes involucrados en manejar finanzas "off shore";  Mossack & Fonseca, de Panamá, es tan solo una de muchas corporaciones de abogados activas en esos lugares, les cayó la notoriedad por el robo de sus archivos en una operación de "hackers",  filtraron el material a un diario alemán y el resto ya es historia. Las percepciones son amplias y variadas, para el Profesor  francés Thomas Piketty las operaciones "off shore" son disfuncionales al capitalismo del Siglo XXI; de otra parte, algunos centros de estudios en Estados Unidos y en el Reino Unido, comienzan a divulgar la idea de que las mencionadas operaciones financieras  podrían actuar en detrimento de los equilibrios geopolíticos, como  en este mundo nadie sabe para quién trabaja esta última proposición fue tomada por Vladimir Putin, quien acusó a Occidente de usar el escándalo de los "Panamá Papers" para debilitar la seguridad nacional de Rusia. Como sea venga el juego de percepciones, para la gente en las calles las operaciones "off shore" son sinónimo de corrupción, de manejos financieros turbios, cuestionables, impropios de quienes detentan cargos públicos de gobierno o de elección popular, y en general de políticos.    . El caso del recién renunciado Ministro de Industria del Gobierno de España,  José Manuel Soria, es ilustrativo: oriundo de Santa Cruz del Tenerife, Islas Canarias,  fue invitado  por Mariano Rajoy para ingresar al gobierno, nombre nuevo ajeno a los ires y venires de los políticos españoles en Madrid, Soria tiene dinero en un fondo de inversión en Jersey Island, una islita cerca de la costa occidental del Reino Unido, ese dato ha provocado su renuncia.   Entre consternado y desconcertado, Soria dice haberlo hecho todo "legal"; pero ahí está el asunto, la legalidad "off shore" no es aceptable a los ciudadanos  en sociedades democráticas, para tenerlo presente ahora y en adelante.