Por Lucía Sepúlveda Ruiz (*)
Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuches y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global.
Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (637 km al sur de Santiago) a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia. Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile resulta sinónimo de inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.
Mireille Fanon-Mendès-France, de la Fundación Frantz Fanon y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, es observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org). Asistió a la primera fase de este juicio y en un informe publicado en Rebelión [1] sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”.
Mireille Fanon, hija de Frantz Fanon -renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”- es jurista de derecho internacional público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad.
Territorio en disputa
Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.
Los 17 comuneros encausados del pueblo mapuche, que reivindican su territorio ancestral, han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos fueron procesados al mismo tiempo por la justicia civil y militar por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal Mario Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu. Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de hasta 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por el militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.
Sin embargo, en paralelo a este juicio, el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió a los 5 procesados de tales cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa” no permiten condenar a estos presos mapuches.
La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los grandes medios tradicionales, sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos mapuches, que con la fuerza de su movimiento lograron romper la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles. Las cárceles están muy lejos de Santiago.
El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas invocadoras de una ley antiterrorista de Pinochet como parte de los acuerdos refrendados con la mediación del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzatti, Sin embargo, la gran prensa no se ha dado por enterada de que el juicio sigue adelante sin haber recalificado tales supuestos delitos "terroristas".
El Ministerio Público hizo oídos sordos ante esta aberración y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las compañías forestales querellantes- continúan empeñados en lograr estas lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia. Como se persiste en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa y en cambio, los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso fotografiados e intimidados antes de entrar al recinto.
Los observadores
Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (de Nueva York) y Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez, de la Asociación Interamericana de Juristas; Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (de Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura), Néstor Vega y Mikaël Burbat (de Francia). En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).
Luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, Mireille Fanon hizo un informe sobre esta situación que en estos momentos circula en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no dudó en calificar la comparecencia de testigos sin rostro como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.
[1] “El caso de los Mapuche, Una cuestión de derecho en Chile.” Mireille Fanon, traducido por Beatriz Morales B, publicado en www.rebelion.org
(*) Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista de Mapocho Press
