Diario TalCual de Caracas, Venezuela
Un momento de locura
Con participación del 66,45% de los electores, el gobierno perdió la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, mientras la alternativa democrática obtuvo más de 60 diputados, a pesar de un diabólico sistema electoral urdido a última hora.
Por Juan Carlos Apitz B.
En vísperas de las elecciones parlamentarias del 2005 los partidos de oposición tomaron la decisión de retirarse del proceso comicial, de abstenerse de participar en dichas votaciones legislativas, bajo el argumento de que "votar legitimaba al gobierno", "eso era lo que quería la gente", "no habían condiciones mínimas". Tal decisión sólo puede justificarse en la circunstancia de haberla asumido bajo un momento de locura.
Se llegó a aseverar que un Parlamento unicolor carecería de toda legitimidad. Por lo que, de más de 14 millones de electores, sufragaron sólo 2.973.872 personas.
Siendo así, la abstención aproximada fue de 75% y la participación cercana al 25%. Pero, no olvidemos que la última mayoría parlamentaria en Venezuela, se obtuvo apenas con el 11,24% del total de los inscritos en el REP (10.991.482 venezolanos), en las elecciones de 1998 para el Congreso Nacional.
Esa mayoría la obtuvo Acción Democrática (uno de los retirados) con 1.235.473 votos. Luego, la siguiente mayoría parlamentaria, elegida el 30 de julio de 2000, la obtuvo el Movimiento Quinta República con un total de 1.980.275 votos de un universo de 11.705.702 de venezolanos con derecho a voto, es decir, con el 17% aproximado del total de inscritos.
Entonces, la falta de legitimación por déficit numérico de votantes, históricamente, nunca ha sido causa suficiente para restarle sus competencias legales al Parlamento, mucho menos cuando no está acompañada de una premeditada estrategia política de mediano y largo plazo de desconocimiento a la autoridad.
Ese abstencionismo por decreto no tomó en cuenta que la oposición democrática venezolana, entre 2001 y 2005, movilizó a centenares de miles de ciudadanos a las marchas y concentraciones políticas como nunca antes se habían visto en nuestro país.
Ese mismo abstencionismo delirante hizo que en las Elecciones Regionales de 2004 también le entregáramos en bandeja de plata al gobierno nacional, 21 de las 23 gobernaciones estadales, la Alcaldía y el Cabildo Metropolitano de Caracas, casi todos los consejos legislativos regionales, así como 300 de 335 alcaldías y una abundante mayoría de concejos municipales.
A partir del 2006, la línea trazada por los partidos políticos de oposición, los independientes y la sociedad civil venezolana es la del desarrollo de una estrategia democrática, basada en la intensa participación en los procesos electorales para hacer frenar al régimen en su deriva autoritaria, y recuperar y fortalecer al liderazgo opositor.
Hoy esas metas se han cumplido a satisfacción. Con la participación del 66,45% de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral Permanente, el gobierno perdió la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, mientras la alternativa democrática obtuvo más de 60 diputados, a pesar de un diabólico sistema electoral urdido a última hora por aquél para hacerse de más curules con menos votos, pues la oposición contó con el respaldo del 52% del voto popular.
Entonces, como en aquella película nacional, la empresa perdona un momento de locura... Venezuela también.
Diario La Tercera de Santiago de Chile
Un resultado positivo para la democracia en Venezuela
El resultado de la elección parlamentaria del domingo en Venezuela representa, sin duda, el mayor cambio en el mapa político de ese país desde 2005, cuando la oposición dejó la Asamblea Nacional en manos del oficialismo, al marginarse de los comicios de ese año en un intento por deslegitimarlos. Así, mientras hoy militan en partidos afines al gobierno 160 de los 165 diputados del Legislativo unicameral, a partir de enero próximo habrá 61 escaños -más de un tercio del total- ocupados por la oposición. Esto es saludable para la democracia venezolana, pues ahora la oposición tendrá presencia institucional allí donde nunca debió perderla: en el Congreso del país, el espacio por antonomasia para el debate político democrático.
El buen resultado opositor es más destacable aun por haber sido obtenido en un terreno y con reglas sesgados hacia el oficialismo. Esto se ha manifestado en los procesos electorales -como lo ha hecho ver el sistema interamericano de DDHH-, en el uso de la red estatal de medios para hacer campaña por el gobierno, con la intervención directa del propio Presidente Chávez; en la utilización de recursos públicos para impulsar la plataforma oficialista; en la discutible inhabilitación de candidatos y la objeción a los procesos de recolección de firmas para convocar consultas; y en la falta de entrega de los registros electorales completos, entre otros.
Asimismo, la composición de la nueva Asamblea Nacional pone en evidencia que los cambios en el diseño de las circunscripciones electorales, vigentes desde esta elección, estaban destinados a inclinar la balanza hacia el gobierno, pues con más del 51% de los votos a nivel nacional, la oposición no tendrá más que el 40% de los diputados en la Asamblea.
La oposición ha celebrado su regreso al Legislativo y su mayoría en la votación popular como una victoria. El resultado refleja que la unidad que lograron sus miembros en esta ocasión -tan elusiva y frágil en el pasado- rinde frutos. Fuera de la Asamblea, sus posibilidades de ser un contrapeso al poder del Ejecutivo y de fiscalizar sus actos eran virtualmente nulas, y son muy pocos los que aún defienden la decisión de boicotear los comicios de 2005. Sin embargo, le queda por delante el enorme desafío de demostrar que es capaz de conformar una oposición orgánica y consistente en sus postulados, terreno en el cual ha demostrado hasta ahora poca eficacia y que ha sido un factor que ha contribuido al debilitamiento de la democracia y las instituciones venezolanas.
El gobierno del Presidente Chávez deberá enfrentar ahora un escenario muy diferente, al existir formalmente una oposición con la que deberá coexistir en el Congreso y que probablemente rechazará algunas de las propuestas legislativas que hasta ahora se aprobaban sin contrapeso. Ello pondrá a prueba la voluntad democrática del gobierno, ampliamente cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela, por los pasos que ha dado hasta ahora en orden a controlar los poderes del Estado y limitar los focos de oposición existentes.
El desafío es especialmente importante para el Presidente Hugo Chávez, poco acostumbrado a compartir el escenario político y quien aspira a una tercera reelección en 2012. En un régimen como el que encabeza, dependerá fuertemente de su voluntad personal que los espacios legítimamente ganados por la oposición y el veredicto popular expresado en las elecciones del domingo sean respetados
Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina
Libertad de prensa: el peor momento
Nada de nuevo ha dicho, en verdad, la declaración con la cual la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cerró su 48» asamblea anual. Lo ha dicho, sí, con la mesura y la experiencia propias de una entidad que, pronta a cumplir su medio siglo de existencia, ha seguido paso a paso los albures de la libertad de prensa en un largo período de la Argentina.
Ha dejado ADEPA, en lo esencial, constancia de que nunca, desde la reconstrucción democrática de 1983, ha sido más degradado ese derecho estratégico que como consecuencia del comportamiento de los actuales gobernantes. No podía haber sido de otra manera si la política del Poder Ejecutivo de la Nación ha sido de desconocimiento flagrante de facultades inherentes a los otros poderes, los de la Justicia y el Congreso.
La relación insultante que la Casa Rosada dispensa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a jueces y tribunales reacios a someterse a sus dictados se encuentra en el punto más delicado desde 2003. Otro tanto ha podido decir ADEPA en cuanto a las amenazas y presiones contra medios independientes de opinión que se ejercen de un tiempo a esta parte. En realidad, el carácter político vicioso de los últimos dos gobiernos contra la prensa y los periodistas que los han disgustado comenzó a percibirse desde mayo de 2003, aunque no todos hubieran estado dispuestos, o en condiciones, de anotar los síntomas ya indubitables de aquellos primeros tiempos respecto de lo que sobrevendría.
Ha habido, pues, una lógica de hierro entre quienes se han presentado ante la opinión pública como esforzados acumuladores de poder por cualquier medio y las instituciones entre cuyos fines orgánicos figura el de servir de contrapeso a los poderes naturales y, ni qué decir, a los excesos de poder, concentrados en la rama ejecutiva del gobierno. La utilización espuria de los derechos humanos como un insumo industrial más en la factoría en la que se producen los recursos utilizados con la remota posibilidad de doblegar las voces independientes, ha puesto de manifiesto que, en aquel sentido, el actual gobierno desconoce límites morales y políticos infranqueables en otras épocas.
Ha señalado con razón ADEPA que la ley por la que se pretende despojar de sus títulos a legítimos propietarios de Papel Prensa, con el pretexto de que es necesaria la nacionalización de esa materia prima básica para los diarios, invierte las funciones propias de la institucionalidad republicana. De esa manera, advirtió, quien debe ser controlado por el periodismo se convertiría en controlante.
Entre los temas de preocupación que había tratado en documentos anteriores, ADEPA ha vuelto a denunciar el aumento excesivo de las pautas publicitarias del Gobierno. No sólo ha seguido aumentando el gasto público a expensas de mayores exacciones a los contribuyentes -es decir, a todos los que pagan impuestos, poco o mucho-, sino que esos dineros se vuelcan de forma discrecional a favor de los medios adictos al Gobierno, no pocos de los cuales han sido creados a ese solo efecto. Basta observar, por lo demás, el alineamiento de los medios de propiedad del Estado en una propaganda abierta de apoyo a las principales figuras del oficialismo en un tipo de política que nunca se había producido en términos de más grosera propaganda en períodos democráticos de gobierno.
Como bien se ha expresado estos días, hay ataques que honran. El periodismo al que capillas de obsecuentes anidados en el presupuesto oficial y sus derivados atacan sin intermitencias más que contestar debería hacer acopio de los insultos diarios que recibe por manifestar sus opiniones e ideales a pesar de amenazas y actos intimidatorios de todo tipo. Debe eludir, también, la procacidad de lenguaje en la que cae con frecuencia el oficialismo. Llegará el momento en que aquel archivo se convierta en prueba inapelable de una de las horas de grandeza de la mayoría de la prensa argentina, pero no para revolver el pasado con intención de infligir humillaciones, sino como ejemplo de corrección y del camino por transitar todos, más unidos aún, en el futuro.
Como documento de una conducción que finalizó su cometido la semana anterior, las nuevas autoridades de ADEPA, remozadas con la incorporación a sus cuadros superiores de una nueva generación, quedan, entretanto, como custodia de una tradición de defensa de las libertades públicas, y de la libertad de expresión en particular, que se remonta a la fundación de la entidad, en 1962.
Diario El Mercurio de Santiago de Chile
Debate sobre la Ley Antiterrorista
En un rotundo fracaso terminó ayer la negociación, con intervención de la Iglesia, entre el Gobierno y comuneros mapuches en torno a los puntos que éstos planteaban, particularmente en relación con la Ley Antiterrorista y la situación que se vive con las acciones legales.
La huelga de hambre durante 78 días de 34 comuneros mapuches formalizados (o algunos condenados) por dicha ley continuará. Extremando sus demandas, éstos ahora exigen la intervención de los demás poderes del Estado -Judicial y Legislativo-, así como del Ministerio Público.
Evidentemente, estas exigencias sobrepasan el ordenamiento institucional del país y el Gobierno no puede acceder a ellas. Las organizaciones mapuches responsables de graves actos de intimidación mostraron frialdad y cálculo político frente a un Gobierno que pareció dispuesto a concesiones muy discutibles para que cesara la intimidación de los huelguistas que está en el núcleo de su actuación.
Sin duda, la discusión sobre la modificación de la legislación antiterrorista chilena despierta opiniones fuertemente encontradas, pero cuando se trata de precisar este tema, hay varias consideraciones que se suelen olvidar. Así, cabe recordar que la aplicación de la Ley N° 18.314 (sobre conductas terroristas y su penalidad, con sus diversas modificaciones) respondió a un clamor transversal durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo cual es elocuente demostración de que éste es un problema del Estado de Chile, y no de una u otra coalición política.
Por eso, las soluciones que se busquen deben estar orientadas por una visión de largo plazo, y no por los réditos o costos que supuestamente conlleve el apoyar o entrabar una fórmula u otra. Siendo así, es indispensable volver sobre las preguntas de fondo: ¿En qué posición quedaría el Estado de Chile frente al terrorismo en el futuro si se modificase ahora la ley en los términos que se han propuesto? ¿Subsistirían los mecanismos idóneos para la lucha contra una forma de delincuencia altamente compleja y desintegradora? ¿Se entregarían con estas modificaciones las señales correctas respecto del compromiso del Estado para con las víctimas de atentados terroristas y con la sociedad?
Una huelga de hambre es el peor marco imaginable para tener esta discusión en condiciones conducentes a soluciones duraderas. La presión de los comuneros ha hecho fluctuar las soluciones contempladas, sea en cuanto a la consideración de los hechos que se les imputan o en cuanto a sus características personales. Pero, inevitablemente, las legislaciones fundadas en argumentaciones ad hoc (relativas a la solución de hechos específicos) o ad hominem (a personas determinadas) están condenadas al fracaso a poco andar.
La discusión debe llevarse en dos planos diferentes: uno se refiere a la adopción de las medidas necesarias para solucionar el problema específico de los huelguistas; otro, a la revisión del estatuto antiterrorista en el largo plazo. Desde esta perspectiva, en la solución del primer conflicto no debería comprometerse más que una revisión pausada de la Ley Antiterrorista, y no una modificación urgente de su texto para aplicar un nuevo estatuto a los comuneros formalizados o condenados. Ambos planos deben trabajarse conjuntamente, pues poner todo el énfasis en la solución de la huelga puede hipotecar el futuro, beneficiando a movimientos terroristas que, anticipablemente, podrán aprovecharse de una legislación laxa.
Por otra parte, centrar todo en las soluciones de largo plazo podría llevar a un desenlace fatal entre los huelguistas, que causaría predecible conmoción interna y, además, resultaría muy complejo en el escenario internacional, que está claramente invitado a opinar luego de la intervención del Presidente Piñera en la ONU.
