HASTA TRES Y SEIS AÑOS DE CÁRCEL PODRÍA SER CONDENADO EL EX SUBSECRETARIO DEL INTERIOR PATRICIO ROSENDE POR EL CASO TSUNAMI
Los cuatro principales imputados en el proceso por la fallida alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010 -Carmen Fernández Gibbs, Patricio Rosende Lynch (abajo, izquierda), Andrés Enríquez Olavarría y Joaziel Jamett Paz - arriesgan penas de entre 541 días y tres años de cárcel. Sin embargo, por tener una irreprochable conducta anterior los deja en el escenario de "cumplimiento de la condena en libertad", además que las penas tienen el beneficio de remisión.
Estas serían al menos las sanciones judiciales que solicitaría la fiscal Solange Huerta, según publicó El Mercurio. Sin embargo, en el caso del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y los oficiales del SHOA Andrés Enríquez, Mario Andina y Mariano Rojas, el Ministerio Público estaría evaluando pedir dos penas distintas que podrían sumar -si se solicita el máximo del rango- 6 años de cárcel. Esto por considerar que ellos cometieron más de una infracción esa noche, que por separado están asociados a muertes múltiples en distintos lugares del país. Por ejemplo, Rosende habría incurrido en dos conductas negligentes: no transmitir la alerta de maremoto a las 4:15 y luego no haber rectificado la cancelación de alerta de tsunami con la información que llegó a la Onemi entre las 5:00 y las 6:00 horas.Una situación similar se vislumbra para los oficiales de la Armada que tampoco rectificaron la decisión pese a que recibieron antecedentes de mareógrafos que daban cuenta del tsunami. El total de imputados son ocho y las víctimas fatales por el tsunami son 105.
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Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, rechazó (leer en KRADIARIO) el sobreseimiento solicitado por la defensa de los mencionados cuatro imputados por cuasidelito de homicidio, por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami.
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Con esto, el fallo confirmó la resolución apelada el 16 de mayo dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó el sobreseimiento definitivo pedido para los cuatro imputados.
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La Corte manifestó que tanto Rosende como Fernández, -autoridad política y de coordinación, respectivamente-, invocan el llamado “principio de confianza”, que los obligaba a actuar sobre la base de las recomendaciones de los órganos técnicos, mientras que Jamett les atribuye a esas autoridades superiores las responsabilidades que a él, como funcionario a cargo del Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT), se le imputan.
"Nada de eso puede ser resuelto en una audiencia que se verifica sin forma de juicio, en que no hay producción de prueba y, en consecuencia, no es posible procesar la información que forma parte de la investigación, ni atribuirle o restarle eficacia, por cuanto ello implicaría una actividad de valoración probatoria ajena a esta fase procesal. Del mismo modo que mal puede, en esta etapa, emitirse juicios acerca de la culpabilidad de los imputados", se dijo en el documento judicial.
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De acuerdo al fallo "en cuanto funcionarios públicos o autoridad política, es menester que el pronunciamiento de fondo se produzca en el contexto de un juicio oral, en el que se consultan los resguardos necesarios para decidir, sobre la base de información de calidad y a través de un procedimiento contradictorio que el ordenamiento jurídico prevé como garante del debido proceso".
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La fiscal jefe de la zona Occidente, Solange Huerta, había manifestado que estaba a la espera de esta resolución para dar por terminada la investigación y presentar la acusación en contra de los imputados en un juicio oral que descartó que se pueda llevar a cabo este año.
El 25 de marzo de este año, durante una audiencia del tribunal Rosende dijo sentirse responsable "de dirigir las operaciones en la madrugada del 27F porque era la autoridad de más alto rango" que se encontraba en la Onemi al momento de la tragedia. Criticó además la intención del Gobierno de vincular a la ex mandataria Michelle Bachelet con el caso e insistió que el juicio recae sólo en él.
"Ha habido un intento horroroso de involucrar a la presidenta Bachelet en este tipo de causa (...) pero quiero decirle a esa misma gente que ha hecho un esfuerzo denodado por dañar la imagen de la presidenta Bachelet que de mí no pasarán", agregó.
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Fue enfático al decir que "el juicio de tsunami está radicado en mi, yo era la principal autoridad política en esa madrugada. No pasarán más allá de mí".
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