EL CONSENSO TRIBUTARIO QUE HACE CAMBIAR LA CARA DEL GOBIERNO PROGRESISTA
Por Walter Krohne
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El ejemplo de lo que fue anoche el “Protocolo de acuerdo por
una reforma tributaria para un Chile más inclusivo”, es el camino más adecuado que deben seguir los chilenos
para resolver los problemas claves y producir realmente el cambio
que se necesita con urgencia.
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Las cartas políticas más
importantes de Gobierno y oposición estuvieron presentes a la hora de la firma del documento en el Senado, después que pasaron varias semanas en que se le daban escasas esperanzas a la Reforma Tributaria que persigue una captación tributaria de 8.200
millones de dólares para ser destinados principalmente al desarrollo de un proyecto
educacional sin lucro, estatal y gratuito. Entre ellos participó también el presidente de la UDI Ernesto Silva, quien no estaba contemplado en un comienzo, pero que a raíz del ritmo que fue tomando el acercamiento, el dirigente adelantó su regreso de España a Santiago para coordinar la posición de su partido.
El acuerdo contempla modificaciones a las atribuciones del
Servicio de Impuestos Internos (SII), mayores incentivos al ahorro y la
inversión de las PYMEs y la eliminación de la retención del 10% para los socios
de sociedades anónimas abiertas.
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El ministro Alberto Arenas habló de un acuerdo “histórico”, mientras
que los parlamentarios de la instancia técnica (Comisión de Hacienda del Senado) aplaudieron las modificaciones
consensuadas con el Ejecutivo. Todo esto ocurrió después que al principio del
gobierno de Michelle Bachelet sus principales funcionarios como Arenas, Rodrigo Peñailllo o el portavoz Álvaro Elizalde mostraban la típica posición de los "empoderados" que apoyados por una clara mayoría en el Parlamento se permitieron pensar que estarían en capacidad de aprobar cualquier
proyecto sin consultarle a nadie. Hasta se utilizaron términos inadecuados como "la retroescavadora" del senador Jaime Quintana presidente del PPD o la ironía del timonel del Partido Socialista Osvaldo Andrade. Sin embargo, poco a poco se fueron dando
cuenta que no bastaba con tener mayorías, porque la democracia
es mucho más que eso, donde el diálogo es fundamental como también permitir una apertura de posiciones antagónicas para consolidar un proyecto en el que todos estén de acuerdo, aunque no se puedan lograr todas las aspiraciones o demandas deseadas.
El ejemplo de anoche servirá también para buscar consensos frente a los otros proyectos más complicados del Gobierno, como el binominal, el de educación, el de la despenalización del aborto o el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP). No hablemos todavía de la reforma constitucional, pero si ya se logró un acuerdo en el tema tributario, con mayor razón podría conseguirse uno parecido o similar en lo constitucional.
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El acuerdo tributario no fue fácil de lograr porque las discrepancias
entre el gobierno y la oposición, a las que se sumó el
Movimiento Social por las PYME, sobre los incentivos al ahorro y la inversión
para las pequeñas y medianas empresas, tensionaron el ambiente hasta el final.
La historia fue así: hasta el lunes en la tarde y tras frenéticas
negociaciones del fin de semana como también antes, durante las conversaciones que se efectuaron durante el viaje a EE UU para la visita oficial que hizo Bachelet al Presidente Obama, el acuerdo entre gobierno y Renovación Nacional
(RN) estaba firmado y contemplaba -a grosso modo- aumentar el impuesto de
primera categoría de 20% a 27%, establecer que el régimen de renta atribuida fuera voluntario y generar incentivos al ahorro y la inversión para que las PYME
reinvirtieran sus utilidades sin pagar tributos.
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Pero a la hora del análisis en particular del texto, según informa el Diario Financiero, surgieron las diferencias. El oficialismo propuso que las compañías con ventas
por hasta
UF 50.000 anuales (unos 1.200 millones de pesos) podrían
acogerse al nuevo sistema parcialmente integrado y reducir de su base imponible
de Impuesto de Primera Categoría hasta 50% de sus utilidades reinvertidas, con
un tope de hasta UF 2.500 anuales.
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El punto generó un quiebre entre los negociadores de RN,
Andrés Allamand y Alberto Espina, y los representantes de los sectores PYME, el
economista Bernardo Fontaine y el presidente de la Asociación de Emprendedores
(Asech), Juan Pablo Swett, quien hoy ha declarado que la reforma "reformada" con
60 modificaciones, era perfectamente recomendable para las empresas medianas y
pequeñas, por lo que éstas deberían apoyarla.
Fuentes cercanas a la tramitación para lograr un acuerdo explicaron que la propuesta
de Renovación Nacional y las PYME -a la cual luego se unió la UDI- buscaba ampliar hasta en 100.000
UF el tope de ventas anuales, con lo que las utilidades deducibles de la base
de Primera Categoría podrían totalizar hasta 10.000 UF anuales, acordándose al final en 100.000 UF el tope de ventas anuales para acogerse al beneficio,
con un límite de 4.000 UF en utilidades reinvertidas si optan por el régimen de renta atribuida (este tope de ventas es el que define a una empresa como pyme), pero si optan por el régimen parcialmente integrado, podrán reducir el 50%, mientras que los dividendos o retiros por la parte ahorrada no tendrán derecho al crédito de primera categoría, deducibles de los impuestos global complementario o adicional. El actual Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) termina a patir del 1 de enero de 2017 (año tributario 2018), pero se mantendría un sistema parecido. A su vez se elimina la retención del 10%. Para las personas seguirán vigentes el impuesto de segunda categoría y el impuesto global complementario con una tasa progresiva que irá de 0 a 27% que supera levemente el promedio OCDE (34 países) que es de 25,50%.
Otro de los puntos donde hubo seria discrepancia fue en los beneficios
para los contribuyentes de acogerse al sistema parcial integrado o a la renta
atribuida voluntaria. Asimismo, en las primeras horas de la mañana aún no había
acuerdo para aumentar el Impuesto de Primera Categoría, el cual en el proyecto
original pasaba de 20% a 25%, pero que con las indicaciones subiría a 27% desde el 1 de enero de 2017. La
oposición y las PYME habrían presionado a Hacienda para llegar sólo a 26%,
aunque luego aceptaron un punto más “siempre y cuando” se compensara con un
régimen de incentivos al ahorro más potente.
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Así, se abre el camino para que el proyecto continúe con el
cronograma establecido por el Ejecutivo, donde en agosto volvería a la Cámara
de Diputados para el tercer trámite constitucional y en septiembre estaría
despachado a ley para incorporarse a la Ley de Presupuesto 2015.
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El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, calificó como
histórico el acuerdo firmado ayer con los cinco senadores de la Comisión de Hacienda
que representaban a los distintos partidos políticos. "Con este acuerdo
gana Chile, ganan las pymes, la clase media y los sectores más
vulnerables", indicó.
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Tal como lo hizo en la votación de la reforma tributaria en
la Cámara de Diputados, la UDI logró alinear a RN en la Cámara Alta, tras la
arista que encontró hace sólo unos días para presionar al gobierno: no se
sumarían al acuerdo transversal al que aspiraba el Ejecutivo si no se les aumentaba
a las PYME a 100 mil UF el beneficio tributario que le permite reinvertir las
utilidades. Convenciendo a RN de hacer "un frente común" en esta
materia, el gremialismo terminó dándole luz verde al acuerdo con el gobierno,
que cedió para conseguir el apoyo de todo el espectro político, que le daría
legitimidad y estabilidad al polémico proyecto.
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Si bien el gremialismo se subió tardíamente al carro de las negociaciones, logró opacar a sus socios que hasta ese momento lideraban las negociaciones, al sorprender anunciando su disposición a aprobar la reforma tributaria.
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Si bien el gremialismo se subió tardíamente al carro de las negociaciones, logró opacar a sus socios que hasta ese momento lideraban las negociaciones, al sorprender anunciando su disposición a aprobar la reforma tributaria.
En la UDI nunca hubo disposición a aprobar el proyecto que
siempre encontraron malo, al punto que el único dispuesto a avanzar en un
acuerdo fue el senador Hernán Larraín, que poco a poco fue socializando su
postura al interior del partido, la que con el correr de los días asumió gran
parte de los senadores, liderados para este efecto por Juan Antonio Coloma que,
en calidad de integrante de la comisión de Hacienda, encabezó las negociaciones
con el ministro Alberto Arenas, publicó el Diario Financiero.
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En la UDI reconocen que el propio Silva no se contaba hasta
última hora entre quienes estaban dispuestos a negociar, pero dado que se vislumbraba un rápido acercamiento, el dirigente decidió adelantar su regreso de España para coordinar la
posición de su partido. Cuando
Silva comprendió el beneficio político que significaba el acuerdo, ordenó al
partido en torno a él, porque hasta ayer había
diputados y parte de su directiva que se inclinaba por el rechazo.
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Según el Diario Financiero, para algunos representantes de la UDI, el cambio de
parecer del timonel gremialista tiene que ver con que no es menor
"doblarle la mano a Arenas y al gobierno que aseguraba que no tocarían el
corazón de la reforma y, al final, lo hizo" y, por otra parte, algo mucho
más trascendente para el partido derechista es que "aun cuando hay un aumento en la
carga tributaria, se mantiene la estructura central del sistema tributario. Lo que nos habilita, cuando volvamos
a ser gobierno, para bajar los impuestos si fuera necesario", comentaron sus dirigentes.
La preocupación ahora está en el sector financiero que desean ver que el dinero que se recaudará se invierta en la forma como se ha prometido. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), Jorge Awad, que pidió a la autoridad que la reforma
educacional asegure una mayor calidad. "Chile da una señal al mundo de que es posible ponerse
de acuerdo a pesar de que hayan diferencias en planteamientos iniciales (...)
hay que aplaudir que haya vuelto la capacidad de acuerdo", afirmó.
No obstante, agregó que "el mensaje al gobierno es que
estamos pagando un precio muy alto por un bien público llamado educación",
por lo que pidió a la actual administración que "la simple relación
precio-calidad se dé con esta reforma tributaria, porque estoy pagando por un
bien público mucho más y me tienen que entregar mucho más".
Y entre los grandes perdedores y los más desprestigiados del Parlamento quedaron los diputados que aprobaron a "tontas y a locas" en un solo día la reforma tributaria en una forma de "paquete" sin someterla a ningún análisis ni tampoco buscando acuerdos con la oposición, como lo hizo el Senado durante semanas. En este sentido el DC Pablo Lorenzino como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara es uno de los principales responsables.
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