Página Editorial LA - Intentona golpista en Ecuador y Presupuesto fraudulento del gobierno argentino

Diario La Hora de Quito, Ecuador

Cada golpe de Estado ha significado un retroceso histórico para el Ecuador. Consciente de ello, Diario La Hora siempre se ha pronunciado contra estas graves violaciones de la Constitución y las leyes de la República. La defensa de los gobiernos legítimamente constituidos ha sido nuestra divisa y ahora no puede ser de otra manera. Una y otra vez a lo largo de los últimos doce años, hemos alzado nuestra voz en defensa de la democracia, única garantía de paz y libertad para nuestra Patria. Los hechos sin precedentes protagonizados por miembros de la Policía Nacional han puesto en peligro las instituciones y normas que garantizan la convivencia ciudadana en nuestro país.

Irresponsablemente, además, dejaron indefensa a la ciudadanía, que fue víctima de los desmanes de la delincuencia. Sus reclamos debieron buscar otras vías para ser atendidos por el Gobierno. Sin embargo, constituyen un llamado de atención. Mancillar y pisotear la dignidad, tratar de menoscabar y desconocer la autoridad del Presidente de la República, así como de los poderes del Estado legítimamente constituidos ponen en peligro el destino de todos. Nadie podrá sustraerse a las consecuencias de tan graves actos. Por tanto, unirnos todos en defensa de la democracia constituye más que un deber, una obligación ineludible.

Diario El Tiempo de Bogotá, Colombia
Intentona en Ecuador

Una compleja situación enfrenta Ecuador por cuenta de lo ocurrido ayer, cuando una insurrección de la Policía llevó al ataque con gases lacrimógenos -y posterior retención- al presidente Rafael Correa, quien finalmente fue liberado. La huelga de los uniformados generó caos en el país vecino con saqueos y robos en las ciudades principales, que condujeron a la declaración del estado de excepción y la militarización del territorio.

La causa de lo sucedido fue la aprobación, por la Asamblea Nacional, de la Ley de Servicio Público, que desmonta el generoso régimen de beneficios del que gozan hoy miles de funcionarios del Estado, incluyendo a hombres y mujeres que portan el uniforme. Desde hace rato, el inquilino del Palacio de Carondelet quiere acabar con los privilegios que ostentan ciertos empleados de la nómina oficial, pero, como lo demuestran los acontecimientos, llegar a una solución fácil es imposible.

Más allá de la razón que le asiste, el Jefe del Estado ecuatoriano ha hecho más difícil la crisis por cuenta de su estilo imperioso y, en ocasiones, impulsivo. Esa característica ha llevado a cierto distanciamiento entre el mandatario y algunos de los congresistas que integran la bancada de gobierno, que se han aliado con la oposición. De hecho, la protesta policial se da en momentos en que la Presidencia amenaza con disolver el Poder Legislativo por el lento trámite de las iniciativas y así gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas. Como si eso fuera poco, hay quienes pescan en río revuelto, como el principal antagonista de Correa, el ex presidente Lucio Gutiérrez, con una gran ascendencia sobre las Fuerzas Armadas.

Pero, sin entrar a debatir los detalles o errores que se hayan podido cometer en el manejo de un tema tan difícil, es indudable que en Ecuador no hay un camino diferente al de preservar las instituciones democráticas. Así lo entendieron ayer y con rapidez el mundo entero y los países del hemisferio, como lo dejó en claro un pronunciamiento de la OEA, después de una convocatoria de emergencia de su Consejo Permanente. También fueron apropiados la respuesta de Unasur y el comunicado de la Casa de Nariño, llevado personalmente por Juan Manuel Santos a Buenos Aires, al expresar que Colombia solamente reconoce al gobierno de Rafael Correa.

Hechas esas precisiones, además de los votos para que la normalidad regrese pronto a ciudades y pueblos ecuatorianos, hay que lamentar la emergencia. El motivo principal es que la llegada del actual Jefe del Estado al poder vino acompañada de una buena dosis de estabilidad, fundamental en una nación en la que varios mandatarios no pudieron terminar sus respectivos periodos. De hecho, Ecuador ha sido testigo de tres golpes de Estado y seis mandatarios en los últimos diez años. Ahora se da un paso atrás, que no tiene nada de bueno, aparte de abrir heridas que pueden demorar varios meses en cerrarse, algo inconveniente en una sociedad que sufre los embates de la recesión global y una oleada de inseguridad considerable.

Tampoco es alentador el nuevo traspié que sufre la democracia en la región. Después del golpe en Honduras, que todavía divide a los países del continente, o de los intentos de varios presidentes de perpetuarse en el cargo y alterar el equilibrio de los poderes públicos, lo sucedido en Ecuador es un campanazo de alerta que necesita ser escuchado. Ojalá esta crisis sirva para que los pueblos de América Latina cierren filas en contra de las vías de fuerza y reiteren que, a pesar de sus imperfecciones, la democracia todavía encuentra un terreno fértil en el hemisferio.

Diario El Mercurio de Santiago de Chile
Las 15 horas críticas de Ecuador

Los acontecimientos desencadenados ayer en Quito, incluidos los enfrentamientos armados entre policías sublevados y miembros del Ejército, transmitidos en directo por los medios de comunicación, causaron, una vez más, alarma en Latinoamérica. Las protestas de grupos de policías y militares ecuatorianos, iniciadas a primera hora de la mañana en contra de una ley que privará de una serie de beneficios económicos a la administración pública -y no sólo a los uniformados-, derivaron en una abierta insurrección de sectores de la policía nacional que se tomaron un regimiento, bloquearon el aeropuerto y varias arterias de la ciudad y condujeron al Presidente Rafael Correa al Hospital General de la institución, donde quedó retenido por los rebeldes.

Frente a este cuadro, decretar el estado de excepción fue una señal de que tanto el gobierno como los demás poderes del Estado se mantenían en funciones, y se quería restablecer la normalidad institucional a la brevedad. Esto incluye el respaldo y obediencia a ella de las FF.AA., como lo explicitó el jefe del Estado Mayor Conjunto ecuatoriano. Ese acatamiento constitucional se vio corroborado con el operativo de rescate de Correa, protagonizado por el Ejército al anochecer, desde el hospital, cuando se cumplían 15 horas del inicio de la revuelta.

En medio de esta violenta experiencia que le ha tocado vivir, las primeras palabras de Correa estuvieron destinadas a agradecer los gestos de lealtad y a atacar a quienes presume responsables de lo sucedido, insinuando una utilización de la policía por parte de sectores políticos de oposición. Sus efusivas expresiones se entienden en el contexto emocional del momento. Sin embargo, para evitar el agravamiento de la actual situación, parece vital acotar claramente el alcance de la crisis y sus actores y, desde luego, que el gobierno del Presidente Correa se abstenga de transformar esto en un pretexto para aniquilar a la oposición política y social, cuyos dirigentes no han mostrado ninguna solidaridad con la revuelta. Tampoco debe serlo para que otros gobiernos -afines o no a la actual administración ecuatoriana- intenten interferir en el desenvolvimiento interno de ese país.

Al parecer, no se estaría ante un intento de arrebatar el poder a un gobierno electo, sino de crear por parte de grupos de policías y militares sin liderazgo conocido una anómala situación que fuerce a revocar la polémica ley que ellos perciben como atentatoria de derechos esenciales de sus instituciones.

El Presidente de Chile expresó inmediato apoyo a su par ecuatoriano, corroborando la estrechísima relación entre ambos países, marcada por el respeto mutuo, la defensa de valores comunes, la cooperación más allá de las fronteras y el respeto al Estado de Derecho. Las palabras con que Piñera expresa "el más absoluto y total respaldo" a su par ecuatoriano ratifican el compromiso de Chile con la defensa irrestricta de la democracia en la región.

La comunidad internacional brindó rápidamente su apoyo al gobierno de Correa. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, fue tajante en repudiar "cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática" de Ecuador, respaldando sus palabras con la voluntad de viajar a la brevedad a Quito. Asimismo, la reunión de emergencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Buenos Aires -a la que asistió el Presidente Piñera- muestra que algunas lecciones de la crisis del año pasado en Honduras se aprendieron y han comenzado a ser puestas en práctica.

En ésta existe hoy conciencia de la importancia de una reacción oportuna y enérgica frente a situaciones que amenacen la estabilidad de una democracia regional. Ese principio, por cierto, es aplicable tanto respecto del origen como del ejercicio de las democracias. Es crucial que esta conciencia y voluntad sean inequívocas y permanentes en las decisiones de todos los organismos regionales, sin distinción de países ni orientaciones políticas.

Este criterio incluye al gobierno de Correa, que pese a llevar adelante muy discutibles modificaciones a la estructura del Estado e intentar, entre otros, modificar las leyes que determinan el funcionamiento de los medios de comunicación, todavía está muy lejos del modelo autoritario y excluyente impuesto, por ejemplo, por el Presidente Chávez en Venezuela.

Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina
Un presupuesto fraudulento

El proyecto de presupuesto 2011 enviado por el Ejecutivo al Congreso cumple con una tradición del gobierno del matrimonio Kirchner en la materia: el ocultamiento y la manipulación de las cifras para dejar luego librada una cantidad enorme de "recursos excedentes" que puedan ser distribuidos discrecionalmente con decretos de necesidad y urgencia.

De este modo, la ley de leyes pierde transparencia y dista de servir para fijar las previsiones oficiales, que deberían ser las más confiables, sobre el devenir de la actividad del mayor actor económico, el Estado nacional. Pero así, la Presidenta ingresará en un año electoral con más dinero del previsto.

Como en todas las ocasiones en que los Kirchner enviaron proyectos de presupuesto al Congreso, se subestiman groseramente las proyecciones de crecimiento e inflación y, en consecuencia, resultan muy bajos los aumentos de ingresos impositivos calculados.

Esas significativas sumas han sido, hasta el presente, asignadas mediante dos mecanismos. Cuando se trata de "mayores ingresos" por recaudación de tributos con asignación específica, el jefe de Gabinete los libera con la utilización de los superpoderes que le fueron delegados y retiene un porcentaje para ser entregado al Tesoro nacional. Cuando se trata de mayor recaudación por los tributos generales, el reparto es totalmente discrecional con un decreto de necesidad y urgencia.

Si en el pasado la estrategia oficial estuvo centrada en obtener superávits fiscales para pagar más deuda que la que vencía y así reducir la exposición y mantener un tipo de cambio alto y competitivo, hoy, para alentar un nivel de gasto insostenible, se pretende recurrir a un fuerte atraso cambiario y al endeudamiento en el exterior.

En efecto, las previsiones indican una mínima variación ascendente de la cotización del dólar que ni siquiera iguala la ridículamente baja previsión oficial de inflación.

La utilidad y la prioridad de muchas de las obras públicas no han sido debidamente debatidas en el Congreso. Por otro lado, se pretende que las deudas asumidas por el Estado en materia de obras públicas no sean computadas como tales, sino como préstamos hechos por el sector público como adelantos a proveedores y contratistas. Se trata de un modo de enmascarar las estadísticas públicas, al fingir que la deuda pública no crece, que no hay déficit y que se reduce o mantiene la relación entre deuda y producto bruto.

En el pasado reciente se utilizó ese mecanismo para hacer creer que no eran gastos los subsidios para mantener congelada buena parte de las tarifas eléctricas. Al sincerar esos datos se advierte que los ejercicios anteriores tuvieron menos superávit que el declarado y que la deuda siguió creciendo.

Con los mecanismos incluidos para financiar obras públicas en el proyecto 2011 pueden ocurrir cosas aún peores. Como lo que se pretende financiar son construcciones en manos privadas y ejecutadas por compañías muy ligadas al kirchnerismo, se puede instalar un colosal mecanismo de corrupción.

Las deudas, lo dice el proyecto, se tomarán en moneda extranjera. Los privados podrán gastar ese dinero sin controles estatales y sin licitaciones. Cualquier variación en el tipo de cambio hará que las compañías pidan, como mínimo, seguros de cotizaciones, lo que hará que licuen los pasivos, que serán asumidos por toda la sociedad.

El proyecto contempla una modificación de fondo en el orden legislativo vigente, al concederle al Ejecutivo facultades para endeudarse en los dos próximos ejercicios. Y, de hecho, recorta en un 40 por ciento el presupuesto destinado a la Corte Suprema de Justicia, como lo denunció el máximo tribunal.

También concede un enorme y discrecional poder al Ministerio de Planificación de alrededor de 26.000 millones de dólares. Sin contar las partidas asignadas a la cartera, el ministerio manejaría 104.000 millones de pesos por estos conceptos, cuando el gasto total previsto por el presupuesto no llega a los 373.000 millones. Sólo por deudas y avales que puede entregar a empresarios amigos, el ministro manejará el equivalente a uno de cada cuatro pesos del gasto presupuestado.

Otras intenciones, como la de volver a capturar una parte significativa de las reservas, pero esta vez para pagar deudas privadas, muestran que el Gobierno no quiere una política fiscal responsable y pretende continuar el gasto y la emisión monetaria, principal causa del incremento de la inflación. Un ejemplo es el artículo 69, que propone liberar por un año más a las provincias de las restricciones de la ley de responsabilidad fiscal.

El proyecto tiene, por si fuera poco, intenciones claramente anticonstitucionales, cuando pretende, en el artículo 73, que se faculte al Ejecutivo a crear un cargo más a los consumidores de gas natural para construir el Gasoducto Noroeste Argentina.

El Ejecutivo no sólo quiere que el Congreso le delegue la facultad de decidir el monto, la duración y las exenciones del tributo, lo cual claramente es delegación de facultades tributarias, contraria a la Constitución, sino que también pretende que los recursos los administre la controvertida y deficitaria empresa energética Enarsa, que pese a ser propiedad del Estado se maneja como si fuera privada, arrogándose el derecho a no ser sometida a la legislación de supervisión. Así, Enarsa podrá ejecutar el gasoducto sin necesidad de hacer licitaciones y sin limitaciones para adjudicar fondos a empresarios amigos del poder.

Otro cargo más se solicita para extender redes de gas, con iguales facultades extraordinarias. Se trata, una vez más, de la solicitud de superpoderes para continuar con la ruinosa política energética actual. El proyecto de presupuesto 2011 pide la creación de nuevos tributos, fondos para pagar importaciones de energía y combustibles, superpoderes y facultades administrativas especiales para financiar obras en manos de amigos.

Nuevamente, el Gobierno quiere imponer las medidas sin discutirlas y utilizar los fondos sin rendir cuentas.