jueves, 31 de diciembre de 2015


Fundado el 10 de marzo de 2010
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Año 6                                 Nº 974
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LA FOTO DE LA SEMANA

El tema de una nueva Constitución gana cada vez más el interés de los chilenos y es para algunos la solución de los princpales problemas de Chile, según la encuesta Plaza Cadem.
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TITULARES DE LA EDICIÓN SEMANAL
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Jueves, 31de diciembre de 2015
La columna del periodista Fernández
ÚLTIMO DÍA, NADIE SE ENOJA…
Por Enrique Fernández
SAMPAOLI ES EL MEJOR ENTRENADOR DE FÚTBOL DE AMÉRICA

Atajar la corrupción
EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA EXCLUSIVIDAD EN LA LABOR PARLAMENTARIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA DE SUS ELECTORES
Por Hernán Ávalos
ALEMANIA CAMBIA DE RUMBO Y LIMITA DRÁSTICAMENTE EL INGRESO DE REFUGIADOS BALCÁNICOS A SU TERRITORIO
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LOS PILARES ECONÓMICOS QUE REMECEN EL DEBATE CONSTITUCIONAL
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Por Pamela Jimeno Ocares
Ensayo sobre la Cumbre del Clima

LA ENGAÑOSA PROPUESTA DE LA COP 21

Por Leonardo Boff

Miércoles, 30 de diciembre de 2015

RENUNCIA "CON ELÁSTICO" DE BURGOS ORIGINA INTENSO DEBATE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
PRONOSTICAN "DECEPCIONANTE" RESULTADO ECONÓMICO PARA EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA EN 2016

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tras pronosticar hace un año que el PIB de la región se expandiría un 2,2% en 2015, estima ahora que está reduciéndose un 0,4%, y predice que el año próximo se recuperará solo un 0,2%, dijo su Secretaria  Ejecutiva Alicia Bárcena en Santiago de Chile.
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CONTINÚAN LAS IRREGULARIDADES DE MADURO PARA EVITAR QUE LA OPOSICIÓN CONTROLE EL CONGRESO EN VENEZUELA

¡Que viva la Justicia!
 LOS DIEZ EJECUTIVOS DE LA COLUSIÓN DE LAS FARMACIAS "NO SON PECADORES" SEGÚN LA CORTE QUE LOS ABSOLVIÓ A TODOS

NO HAY ACUERDO ENTRE ESTUDIANTES Y GOBIERNO POR REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
VIAJE A LA ARAUCANÍA: ¿OTRO ERROR DE LOS ASESORES DIRECTOS DE LA PRESIDENTA AL DESEMBARCAR AL MINISTRO BURGOS?

Martes, 29 de diciembre de 2015
El análisis de un especialista
LA HEGEMONÍA ESTÁ DECAYENDO Y ABRE LAS PUERTAS A OTRA RECESIÓN
Por Mario Briones R.
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SIN TENERLO, LOS BOLIVIANOS YA ESTÁN SUFRIENDO POR EL MAR Y LA CORRIENTE DEL NIÑO
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Lunes, 28 de diciembre de 2015

EN LOS DOS AÑOS QUE QUEDAN DEL MANDATO DE BACHELET SE ESPERA QUE GRATUIDAD LLEGUE A 70 POR CIENTO
 Mucho dependerá de la situación económica del país

UNA TALLARINADA
Por Hugo Latorre Fuenzalida
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Comentario del fin de semana
LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
Por Jorge Navarrete
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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN GANA APOYO Y ES PARA ALGUNOS LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE CHILE
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Encuesta Cadem: Bachelet sólo marca 24 por ciento de aprobación y 66% de desaprobación

Comentarios del fin de semana
 EL AÑO DE DÁVALOS
Por Carlos Peña
Deportes: Vidal se vuelve un obstáculo para Guardiola en el Bayern

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La columna del periodista Fernández

ÚLTIMO DÍA, NADIE SE ENOJA…

Por Enrique Fernández

Fue la época de la niñez, cuando en el último día de clases tomábamos el borrador del pizarrón, lleno de tiza molida, se lo lanzábamos a quien estuviera más cerca y proclamábamos esta alegre sentencia: “¡Último día, nadie se enoja!”…
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Sería saludable reflotar esa práctica infantil al concluir el año. Un año complicado, en el que anduvimos enojados los unos con los otros y los otros con los demás. Hay personajes cuya rabia permanente forma parte de la normalidad de su carácter, como el cantante Jorge González, ex vocalista de “Los Prisioneros”, que hace algunos años derribó de un manotazo los micrófonos en una conferencia de prensa porque le molestó una pregunta. O el sociólogo Fernando Villegas, que desde su columna en el diario “La Tercera” lanza epítetos contra la televisión, que alimentó sus finanzas durante 25 años hasta que se terminó el programa dominical “Tolerancia Cero”. O el abogado Tomás Mosciatti, que desde su radio Biobío ataca todos los días al Gobierno, a pesar de los numerosos aportes publicitarios que su emisora recibe… del Gobierno.

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Incluso el Canciller Heraldo Muñoz, que por su cargo como jefe de la diplomacia debiera controlar su temperamento, se enfureció el 4 de agosto y le advirtió al Presidente boliviano Evo Morales: “¡Nos vemos en La Haya!”. El 24 de septiembre, la Corte Internacional de La Haya rechazó por 14 votos contra 2 los argumentos de Chile que pretendía paralizar la demanda de Bolivia para negociar una salida al mar. Si el Canciller se volvió a enfurecer, debe haber sido ahora a puertas cerradas, porque públicamente no admitió la derrota de la estrategia diplomática chilena.
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Hasta la Presidenta Michelle Bachelet pareció enojada cuando se le echaron a perder sus vacaciones, en febrero, y se enteró “por la prensa” de los negocios inmobiliarios de su hijo Sebastián. Ella no sabía que Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnón,  obtuvieron un crédito por 6.000 millones de pesos del Banco de Chile y con ese dinero compraron más de 40 hectáreas de tierras en Machalí, que luego venderían en 9.000 millones, con una ganancia récord y sin mayor esfuerzo…
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Por eso, al concluir este 2015 Michelle Bachelet admitió que fue “el peor” de los seis años en que ha dirigido el Gobierno, considerando los cuatro años de su primera administración (2006 – 2010) y los 21 meses transcurridos del período actual. "Claramente, hasta ahora, es el peor. O sea, estoy esperando con ansias el 31 de diciembre", dijo la mandataria, en declaraciones al diario “Publimetro”.
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También se enojó el Ministro del Interior y Seguridad Pública Jorge Burgos, cuando la Presidenta viajó en secreto a la Araucanía, el 29 de diciembre, y no lo incluyó en su comitiva, en circunstancias que él había preparado ese viaje a lo largo de cinco visitas que efectuó  a la región en los últimos siete meses. Además, si uno de los problemas que afectan a sus habitantes es el clima de inseguridad por las muertes y ataques incendiarios, en el marco del “conflicto mapuche”, era lógico que el Ministro Burgos acompañara a la Presidenta. Pero sólo se enteró del viaje cuando el avión presidencial iba en vuelo a Temuco. ¿Cómo se justifica un error de estas proporciones, si usted considera que Burgos es el Vicepresidente de la República cuando la Presidenta se ausenta del territorio?
Eso fue lo que Burgos trató de aclarar cuando al día siguiente del viaje a la Araucanía se entrevistó con la mandataria durante 40 minutos, para hacerle presente su molestia. A la salida señaló a la prensa que hablaron “de manera muy franca”.

“Yo le manifesté cuáles eran las complejidades en mi rol de Ministro del Interior. Ella coincidió en que la forma no fue la mejor” y le aseguró que “esto no se puede repetir en el futuro”.
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“El hecho que motivó este problema, no va a volver a ocurrir, que es lo importante”, agregó el Ministro, al encaminarse hacia su despacho de trabajo.

En la oposición también andan enojados, desde que perdieron la elección presidencial a fines de 2013 con su candidata Evelyn Matthei que, como se sabe, no disimula sus arrebatos de ira. En sus últimas acciones, los partidos de la derecha trataron de bloquear la gratuidad para los estudiantes universitarios, con el argumento de que querían defender a los jóvenes “más vulnerables”. ¿Quién puede entender esto? ¿Cómo es posible una afirmación semejante de quienes propiciaron la creación de decenas de universidades privadas que manejan la educación como un negocio lucrativo o “un bien de consumo”, en palabras de Sebastián Piñera?

Todos tienen sus razones para enojarse…
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Ese clima se apreció con claridad durante la última Navidad, cuando los compradores de regalos se volcaron a las calles y chocaban unos con otros, enfurecidos, bajo un sol ardiente y más de 30 grados de calor. La ira fue desapareciendo a medida que llegaba la Nochebuena y la repartición de regalos, incluyendo esa curiosa modalidad de “el Amigo Secreto”, para que nadie quede triste. Del origen de la natividad pocos se acordaron.
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Pasó la Navidad y en las “redes sociales” comenzó a circular el siguiente mensaje:
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- Aviso a toda la población: el simulacro de paz y amor ha finalizado. Ya pueden volver a ser los mismos de siempre…


¡Feliz Año Nuevo…!

SAMPAOLI ES EL MEJOR ENTRENADOR DE FÚTBOL DE AMÉRICA

Jorge Sampaoli es el mejor entrenador de América.  Así lo determinó la tradicional encuesta que realiza el diario El País de Montevideo.
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El argentino, director técnico de la selección chilena y que ganó La Copa América, fue el más votado en la prestigiosa encuesta, en la que participan periodistas especializados de todo el continente.
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Sampaoli terminó adjudicándose el galardón con 174 de los 306 votos posibles. En el segundo puesto quedó el estratega de River Plate, Marcelo Gallardo, quien logró 107 sufragios en su favor.
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En tanto, el tercer puesto fue para Gustavo Quinteros, seleccionador de Ecuador, que registró 8 preferencias.

Hay que destacar que el triunfo de Sampaoli es el octavo de un argentino en los últimos 10 años en esta categoría.
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Jorge Sampaoli está además en la terna finalista para el mejor entrenador del Mundo, donde compite con Luis Enrique y Pep Guardiola.

¿Qué pasa con Sampaoli...se va al Chelsea o se queda?

Los que parecían sólo rumores, al parecer cada vez toman mayor fuerza, ya que Roman Abramovich -magnate y dueño del poderoso Chelsea inglés- habría iniciado los contactos para llevarse a Jorge Sampaoli como nuevo DT.

De acuerdo a lo expresado por Radio Cooperativa, el empresario se contactó con cercanos al casildense para entregar una propuesta que le permita arribar a Londres.

Asimismo, el mismo medio asevera que el equipo con el que se desempeña Sampaoli ya estaría inspeccionando las características del club para analizar la opción.

Cabe recordar que el ofrecimiento aparece a sólo días de que la ANFP lleve a cabo las elecciones que dirimirán al nuevo presidente, quien será el encargado de mantener o, en su defecto, buscar un reemplazante a la banca nacional.

El Chelsea, por su parte, mantiene una precaria campaña tras el despido de José Mourinho y la llegada interina del holandés Guus Hiddink.

Atajar la corrupción

EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA EXCLUSIVIDAD EN LA LABOR PARLAMENTARIA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA DE SUS ELECTORES

Por Hernán Ávalos
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH de Chile, adhiere a la creciente exigencia ciudadana de probidad, transparencia y ética en las actuaciones de sus representantes y propone establecer la exclusividad en la labor parlamentaria, además de la eliminación de los aportes de empresas a las campañas políticas, para erradicar la corrupción y recuperar la credibilidad y la confianza de los electores en el Poder Legislativo.
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En su Informe Anual 2015 el INDH  también enfatiza la necesidad de adecuar a los estándares internacionales de Derechos Humanos el proyecto de ley conocido como “Agenda Corta Anti Delincuencia”, actualmente en discusión en el Senado, y recomienda eliminar la norma que establece el “Control Preventivo de Identidad”, dado que restringe la libertad ambulatoria y propiciaría escenarios de arbitrariedad, con escaso control sobre la policía.
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El  documento de 274 páginas dividido en ocho capítulos fue entregado por su directora Lorena Fríes a los representantes de los tres poderes del Estado, en una acto efectuado en el Centro Cultural Matucana 100. En la ocasión la Presidenta Bachelet dio a conocer la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, cuya misión inicial será diseñar el Plan Nacional de Promoción y Defensa de los DD.HH.
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El informe es descarnada “radiografía” de nuestra sociedad
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En el capítulo N°1 “Institucionalidad Democrática y Derechos Humanos”, el informe aborda los recientes casos de corrupción conocidos por la opinión pública, tales como Penta, SQM, Caval y Corpesca y su vínculo con los DD.HH. 
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El documento señala que la corrupción puede generar escenarios propicios para la vulneración de derechos y poner al Estado al servicio de intereses particulares, dificultando el cumplimiento de sus obligaciones de promover, garantizar y proteger los DD.HH. Entre otras recomendaciones el INDH sugiere establecer la exclusividad de la labor parlamentaria, eliminar los aportes de empresas a campañas políticas y tipificar los delitos de corrupción entre privados.
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En tanto, el informe también se refiere al proceso constituyente en curso, reiterando las recomendaciones de su Informe Anual 2014, en cuanto a los requisitos que éste debe cumplir en cada etapa: confianza ciudadana,  participación, paridad de género, representación territorial, transparencia, acceso a la información, e igualdad del voto.
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La Seguridad Ciudadana es otro de los aspectos de preocupación para el INDH en su Informe Anual 2015. El Instituto enfatiza la necesidad de adecuar a los estándares internacionales de DD.HH. el proyecto de ley conocido como “Agenda Corta Anti Delincuencia” y recomienda eliminar la norma que establece el “Control de Preventivo de Identidad”, dado que éste propiciaría escenarios de arbitrariedad y con escaso control sobre el actuar de las policías.
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En el capítulo N°3 “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, el INDH plantea algunos alcances respecto a la reforma laboral que se tramita en el Parlamento y sugiere mantener la redacción original del proyecto en cuanto al reemplazo en huelga y no aumentar el quórum necesario para la formación de sindicatos, como se ha planteado en las indicaciones efectuadas por el Ejecutivo.
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Respecto de la situación de conflictividad en la Región de La Araucanía, en el capítulo N°5 “Territorios y Derechos Humanos” el INDH reitera su llamado a dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y a generar un diálogo amplio entre los distintos actores involucrados en la tensión intercultural que allí se vive. Adicionalmente, el INDH insta al Estado a adoptar una estrategia integral para enfrentar hechos de violencia, lo que incluye atender las denuncias y proceder a la investigación eficaz de los delitos cometidos, para enjuiciar y sancionar a los responsables y ofrecer protección efectiva a las víctimas.

ALEMANIA CAMBIA DE RUMBO Y LIMITA DRÁSTICAMENTE EL INGRESO DE REFUGIADOS BALCÁNICOS A SU TERRITORIO


Alemania inició una modificación de su política de refugiados que seguramente intensificará en el año 2016, la que consiste en una definición de quienes pueden tener el trato de acogidos y quienes no.

La medida más importante es la que se relaciona con los países balcánicos. En el Bundestag (Parlamento alemán) los diputados aprobaron por una amplia mayoría la inclusión en la lista de los "países seguros" a Kosovo, Albania y Montenegro, los que pasan a unirse a Serbia, Macedonia y Bosnia. Refugiados de estas naciones que lleguen a Alemania podrán desde ahora ser expulsados sin mayores trámites,  porque en sus países no existe persecución política ni guerras. 

Según El País de España, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), en los 11 primeros meses de 2015, recibió a 152.102 personas, en su mayoría albaneses, kosovos y serbios, que abandonaron sus hogares para trasladarse a Alemania, no por razones políticas sino económicas.
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Angela Merkel en la cumbre de los Balcanes
 en Viena
En un radical giro en la llamada “cultura de bienvenida” que imperó en Alemania en 2015, cuando miles de alemanes saludaron a la ola de refugiados que llegó al país, las autoridades germanas se aprestan a iniciar una campaña para expulsar a miles de peticionarios de asilo originarios de países balcánicos.

El 4 de septiembre, la canciller Angela Merkel tomó una decisión que convirtió a Alemania en una tierra prometida para decenas de miles de refugiados. Merkel dejó sin efecto las rígidas reglamentaciones europeas y permitió que decenas de miles de refugiados atrapados en Budapest viajaran a Alemania. Desde entonces cerca de un millón de personas han buscado refugio en el país. Pero el movimiento originó una crisis política que puso en duda el liderazgo de Merkel. Para aplacar el descontento popular, el Gobierno endureció en octubre las normas que rigen el asilo en el país.

La medida ya se ha puesto en marcha, denuncia la ONG Pro Asyl, y macedonios y serbios están siendo víctimas de redadas nocturnas en Turingia. “En las últimas semanas se ha desatado una ola de expulsiones. La medida afecta no solo a los balcánicos que llegaron en los últimos meses y cuyas peticiones fueron rechazadas. Los vuelos chárter están llenos de personas cuya permanencia había sido tolerada durante años”, asegura.

Las expulsiones se acelerarán en 2016 con un programa piloto de la Agencia Federal de Migración y Refugiados para devolverle “estructura y orden” a la acogida de refugiados. Se basa en dividirlos en dos grupos “fáciles” y otros dos “complicados”. Los dos grupos “difíciles” son los de personas que no poseen documentos y los refugiados que, según los acuerdos de Dublín, deben ser devueltos al primer país de la UE al que llegaron, asegura El País.

LOS PILARES ECONÓMICOS QUE REMECEN EL DEBATE CONSTITUCIONAL
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Las constituciones de 1833, 1925 y 1980 pavimentaron el camino político que transita el país. También los principios del modelo actual, como el derecho de propiedad, la extensión de dominio, la función social y el Estado subsidiario. Si cambiarán o no y cuánto con una eventual reforma es un debate abierto.

Por Pamela Jimeno Ocares

Diez textos constitucionales registra Chile desde que inició su camino independista, hace ya dos siglos. Si bien el primero data de agosto de 1811 para regular el ejercicio del poder político de la autoridad ejecutiva provisoria, fue el reglamento constitucional de octubre de 1812 el que trazó las directrices republicanas iniciales, al establecer un Senado de siete integrantes, un Poder Ejecutivo con una junta de tres miembros e introducir en su ideario la primera mención de derechos: a la libertad individual, de imprenta, de habeas corpus y de propiedad. 
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Desde ahí hubo seis versiones de la Carta Fundamental, pero las últimas tres -de 1833, 1925 y 1980- pavimentaron el camino por el que hoy transita el país y no sólo en lo político. Con aquellos textos también se estructuró gradualmente el orden público económico interno y los principios para su ejercicio. Entre ellos, el derecho de propiedad, la extensión de dominio, la función social y el Estado subsidiario.
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Sin embargo, es la Constitución de 1980 la que terminó por rayar la cancha actual y a la cual la administración Bachelet quiere reformar, aunque sea otro gobierno o coalición política la que concrete el proceso. “Necesitamos una Nueva Constitución que nos represente”, cita el programa de gobierno.
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¿Qué busca este proceso? 
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Entre otros temas, un nuevo sistema político, nuevos quórum para aprobar leyes, cambios en materia de garantías constitucionales y la ampliación del catálogo de derechos, con nuevos tópicos y la corrección de varios de los vigentes, son parte de lo prometido por la Presidenta Michelle  Bachelet.
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A inicios de mes la mandataria dispuso que la etapa participativa y de diálogos ciudadanos para el análisis y formulación de ideas para la reforma serán supervisadas por un Consejo de Observadores del Proceso Constituyente. El grupo debe entregar un documento que sintetice su trabajo en el tercer trimestre de 2016.
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Mientras lo anterior toma curso, las dudas sobre el futuro del derecho de propiedad, la función social y la subsidiaridad del Estado, así como los argumentos a favor y en contra azuzan el debate.
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1.- Origen de los conceptos

Aunque en los textos previos fueron consignados, es en la Constitución de 1818 que empezó a tomar forma el orden público económico en Chile, con la redacción de un cuerpo legal que no sólo dividió al país en tres provincias, sino que también reguló los primeros derechos ciudadanos: de libertad, de igualdad ante la ley y de propiedad.
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Hubo tres textos más, pero la Constitución de mayo de 1833 fue la que refrendó con un tratamiento positivo tales derechos, al establecer la “inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o comunidades” y de su dominio, independiente del tamaño. Además, inauguró lo que hoy se conoce como derecho de autor. Pasaron 92 años y la Constitución de 1925 ingresó en la legislación las denominadas garantías constitucionales y entre ellas, en su artículo 10, “la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna… El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social”. Luego, en 1967 se agregó un concepto que abrió un flanco en la convivencia del dominio privado y el bienestar general: “Las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar la función social de la propiedad y hacerla accesible a todos”.
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Aunque incorporó la expropiación y sus fundamentos, su regulación y pago de indemnizaciones, la tensión entre conceptos se agravó con las reformas constitucionales de 1967, que dio origen a la reforma agraria, y de 1971, a la nacionalización del cobre.
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2.-  Dominio privado y Estado
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Partidarios y detractores coinciden en un punto: la Constitución de 1980 es la que profundizó la concepción del dominio privado, al ampliar el derecho de propiedad ya no sólo en sus diversas especies, sino también “sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, según está descrito en el Artículo 19, número 24 del texto. Esta lógica, además, se reforzó al incorporar una ley de quórum calificado para autorizar la actividad empresarial del Estado, que terminó restringiendo fuertemente su rol interventor y promoviendo su rol subsidiario, dado en las reformas de 1967 y 1971, añaden los críticos. Los partidarios rechazan que eso haya sido limitante.
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“La Constitución vigente es en cuanto a su origen impuesta en dictadura, y en cuanto a su techo ideológico, autoritaria en lo político y neoliberal en lo económico. En consecuencia, pese a no estar explícito el principio de subsidiaridad en ella, todo el sistema de derechos fundamentales y la cláusula de Estado empresario se funda en un Estado subsidiario o mínimo”, afirma el abogado constitucionalista Francisco Zuñiga, quien coordinó el equipo que propuso una fórmula para una nueva Constitución en el programa de Michelle Bachelet. 
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Más aún, agrega que “un límite a la actividad empresarial del Estado ha sido el tipo de reserva legal establecida para habilitar la actividad estatal (ley de quórum calificado) y que coexiste con una legislación compleja y limitativa de la empresa estatal”.
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Tesis que el abogado Arturo Fermandois rechaza: “Es cierto que la Carta vigente recoge un sano principio de prioridad al sector privado y suplencia al rol subsidiario del Estado, porque advierte que puede presentar problemas de distorsión de mercado, focos de corrupción y captura política. Pero eso no quiere decir que prohíba al Estado empresario. La Constitución no es una camisa de fuerza”, comenta.
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Partidario de una reforma severa, el abogado Fernando Atria, militante PS y asesor el gobierno en el tema, señala que el texto de 1980 sí ha fomentado el desarrollo del Estado subsidiario y que, en realidad, la discusión es otra: “Lo que pasa es que en Chile, de hecho, Estado subsidiario quiere decir Estado neoliberal o aquel que deja todo lo que puede dejar al mercado. En el resto del mundo subsidiaridad quiere decir una cosa distinta, mucho más digna en el sentido de la distribución de competencias”.
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3.-  Derecho de propiedad: ¿Fundamental o absoluto?
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Desde que se aprobó el 8 de agosto de 1980, la Constitución vigente ha sido reformada más de 30 veces: la primera vez en 1989 y la última en noviembre pasado. Los gobiernos han justificado los cambios en su diseño durante el régimen militar, el tono autoritario de sus disposiciones y su falta de validación democrática, principalmente.
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Ninguno de esos cambios ha modificado el articulado sobre derecho de propiedad, función social y su alcance, coinciden los expertos. Las divergencias surgen al debatir si el texto es o no el correcto para un país que suma seis gobiernos electos por la vía democrática. El debate no es nuevo; el empoderamiento ciudadano detrás de una reforma más sustancial, sí.
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¿Se terminará o no modificando el derecho de propiedad vigente? Los detractores de la reforma advierten que es un riesgo posible, mientras que sus partidarios aseguran que no está en los planes.
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El programa no es claro: “La Nueva Constitución junto con reconocer el derecho a la propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.
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Para los partidarios y críticos, dado lo anterior y el espacio que abre la propia ley vigente, un cambio no es descartable. Si bien la Constitución consagra el derecho de propiedad como un derecho fundamental, no lo considera un derecho absoluto, debido a que a partir de su propio artículo 19, número 26, el dominio puede ser limitado en virtud de una ley general o especial, “sin afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.
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La expropiación, en todo caso, considera siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, fijado de común acuerdo o en sentencia dictada por tribunales. “A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado”, cita la Carta Fundamental.
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Esta condición, en opinión de algunos abogados, es clave a la hora de limitar la acción del Estado por sobre el dominio privado.
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El abogado Sebastián Soto, de LyD, subraya que el derecho de propiedad ya puede ser limitado por el interés general y la función social mediante la figura de la expropiación. “La Constitución señala que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, salvo que una ley autorice la expropiación y se pague una indemnización previa. Por eso, cuando el programa de gobierno propone llevar a la Constitución eso que la propiedad debe servir al bien común, la interpretación plausible es que se quiere limitar aún más la propiedad sobre la base de causales ambiguas, que terminarán interpretando finalmente los jueces”, precisa.
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Atria aclara que no se trata de terminar con el tema, pero sí que debiera redefinir su alcance. “El derecho de propiedad es un derecho constitucional. ¿Creo que debería aparecer protegido en una nueva Constitución? Sí. ¿Creo que debería aparecer protegido exactamente en los mismos términos en que está en el artículo 19, número 24? No. El problema con la Constitución de 1980 es que nos ha llevado a discutir, en términos de propiedad, un montón de cosas que, en rigor, no son propiedad”, dice.
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Zuñiga agrega otro punto: “En materia de función social del derecho de propiedad existe una disputa académica acerca de si ésta opera como un límite externo del derecho o como parte de la configuración del derecho. Más allá de esa disputa, la garantía de la función social desde 1925 en nuestro país impone una visión distinta del derecho de propiedad y de la ley como título de intervención”.
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4.- Garantía constitucional
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En su texto “Orden Público Económico: Ficción o Realidad”, el abogado de la UC Arturo Yrarrázaval afirma que el derecho de propiedad implica reconocer los derechos naturales de las personas en materia económica, “habilitando al legislador para regular el libre ejercicio de las garantías y pudiendo, sin afectar su esencia, limitar o restringirlos, pero por ningún motivo suprimirlos”. Y agrega que las normas constitucionales sobre libre iniciativa en materia económica pasan a ser cruciales.
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Según los expertos, seis garantías constitucionales establecidas en el mismo artículo 19 resguardan lo anterior: igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, e igual repartición de las demás cargas públicas; derecho a desarrollar cualquier actividad económica no contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional; la no discriminación arbitraria por parte del Estado y sus organismos en materia económica; libertad para adquirir el dominio de todo tipo de bienes, salvo los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación; derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; y derecho de libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor.
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Para que estos principios y garantías se puedan materializar, existe un mecanismo de reclamación contra normas o actos administrativos que se consideren inconstitucionales. El primero, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Carta, orientado a defender de privación, perturbación o amenaza el ejercicio de derechos y garantías constitucionales en materia de libertad de trabajo (elección y contratación) y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El segundo, el recurso de amparo económico, contenido en la Ley 18.971 que busca cautelar las infracciones o impedimentos a desarrollar una actividad económica legal o legítima. También puede recurrirse contra leyes o proyectos de ley con similares vicios y será el Tribunal Constitucional el que debe resolver.
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5 Función social y derechos mineros, de agua y otros
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“Hoy tenemos una función social que limita el derecho de propiedad en términos bastante amplios y no estrechos, quizás excesivos, lo que no evita la exigencia de compatibilizar estas limitaciones con la garantía de la igualdad ante las cargas públicas”, plantea Fermandois.
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Otro punto a despejar es cuánto podría afectar una reforma al derecho de propiedad a las actuales concesiones mineras, derechos de agua y del espectro radioléctrico, plantea Soto. Esto pues el programa dice que la nueva Constitución “debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”. Soto agrega que “habrá una precarización de esos derechos y posiblemente muchos más litigios, dado que la legislación actual protege al titular del derecho y la futura reforma lo deja en una situación incierta”.
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¿Cuánto pueden cambiar los derechos de agua, mineros, de datos personales?. En opinión de Zuñiga, dado que las aguas interiores y las minas, el espectro radioeléctrico, entre otros, son bienes de dominio público, “los títulos de intervención del Estado derivan de esa definición básica y no de la función social pensada como una garantía del derecho de propiedad privada. Por tanto, la función social como garantía del derecho de propiedad privada sólo tiene sentido respecto de la propiedad amparada del propietario de concesiones mineras, derechos de aprovechamiento o bien de explotación del espectro de radiodifusión o televisión”.
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Atria es más categórico y limita el punto: “La Constitución dice que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescindible sobre las minas, los hidrocarburos, etc. Las aguas son y siempre han sido bienes nacionales de uso público”. A su juicio, tratar a los derechos de aprovechamiento sobre bienes nacionales de uso público como el agua, como objetos de propiedad privada, es una contradicción que debe resolverse.