CASO PENTA-KRADIARIO
LOS SEIS IMPUTADOS ENVIADOS A LA CÁRCEL APELAN A LA MEDIDA DEL "JUEZ DE HIERRO"
Los seis imputados por el Caso Penta que quedaron en prisión preventiva apelaron a la medida cautelar decretada por el Tribunal y que decretó el juez Juan Manuel Escobar, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el sábado último al finalizar la maratónica audiencia de formalización para diez imputados que se extendió por cuatro días.
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A ellos se
suma un querellante, el representado por el abogado Alejandro Peña, quien busca
extender la prisión también para Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta, quien recibió la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nocturno.
Fue así como pasaron sus primeras 48 horas tras las rejas los dos dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; el ex
gerente general de Penta III, Hugo Bravo; el ex subsecretario de Minería, Pablo
Wagner; el ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro; e Iván Álvarez,
ex fiscalizador de Impuestos Internos (este ya estaba en prisión preventiva). Todos están detenidos en el anexo de la cárcel "Capitán Yáber", aunque Bravo, quien sufre diabetes, tuvo que ser atendido en el Hospital de la cárcel pública.
Además el juez decretó el sábado arresto domiciliario nocturno para Juan
Jesús Martínez, funcionario de Impuestos Internos; arresto domiciliario total a
Samuel Irarrázaval, representante legal de Penta y Carlos Bombal, ex senador de
la UDI. Por su parte, Manuel Antonio Tocornal, ex gerente general de Penta
S.A., recibió la medida de arresto domiciliario y arraigo nacional.
El primero en presentar la apelación a la medida fue Julián
López, abogado de Carlos Délano y Carlos Lavín, quien de paso comentó que sus
representados están en buen estado tras su arribo al anexo cárcel Capitán
Yáber.
La solicitud a la Corte es que se decreten en contra de ambos las medidas cautelares de arraigo y firma mensual. o en su defecto, el arresto domiciliario parcial o total.
Según Radio Bío Bío, en cuanto al delito de cohecho, por el cual fueron formalizados los dos, se indica que "hay una falta de fundamentación" y que además en la resolución del juez, se habla de "3 ilícitos reiterados de soborno, pero sin especificar cuáles serían estos".
"En lo que se refiere a los ilícitos tributarios en donde controvertimos la participación criminal de nuestros representados, la resolución vuelve a declarar que se dan los presupuestos del artículo 99, pero sin agregar nada al mero tenor literal de la ley", agrega la apelación.
Respecto a la prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, los abogados sostienen que "nuestros representados son hombres de edad avanzada (67 y 72 años respectivamente), ambos casados, con hijos y nietos. Han tenido una exitosa y extensa trayectoria laboral, durante la cual nunca dejaron de lado el plano social. Jamás han tenido problemas con la justicia: no tienen anotaciones en sus extractos de filiación y antecedentes y no tienen procesos pendientes. Durante la audiencia y el desarrollo de la investigación se han acompañado una gran cantidad de antecedentes probatorios que dan cuenta de su compromiso social, tanto en el ámbito empresarial como asistencial. La verdad es que resulta impensable que su libertad constituya un peligro para la seguridad de la sociedad".
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Situación distinta es la que al final de la audiencia del
sábado manifestó la abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop, quien no sólo
evitaba referirse a la apelación a la prisión preventiva, sino que advertía que
su defendido estaba mal de salud.
Pese a que no lo informó oficialmente, fuentes de Radio Bío
Bío detallaron que la defensa de Bravo sí presentó la apelación a su prisión
preventiva el mismo día sábado. Uno de los argumentos es el estado de salud del
ex gerente de Penta, el que apenas llegó al recinto penitenciario sufrió una
descompensación, la que según informó el director metropolitano de Gendarmería,
coronel Carlos Muñoz, se ha estabilizado en el Hospital Penitenciario.
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Sin embargo, no todas las defensas apelarán a las medidas
cautelares. El abogado Jorge Boffil, representante de Carlos Bombal, Manuel
Antonio Tocornal y Samuel Irarrázaval se mostró conforme con el arresto
domiciliario y dijo que colaborará con la Fiscalía.
Una vez presentadas las apelaciones a las medidas
cautelares, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá esta semana informar si
las acoge o ratifica las decretadas por el Tribunal.
El caso Wagner
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La defensa del ex subsecretario de Minería del gobierno de
Sebastián Piñera solicitó a la Corte de Apelaciones revocar la prisión
preventiva y decretar arresto domiciliario total.
Los abogados argumentan que la explicación del juez del
Octavo Juzgado de Garantía fue "liviana". En cuanto al delito de
cohecho, indican que "este requiere en todo caso que el funcionario reciba
un beneficio económico para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su
cargo en razón del cual no le están señalados derechos".
En cuanto al delito de lavado de activos, la defensa de
Wagner sostiene que "si son las boletas, entonces en realidad son
constitutivas del delito del inc. 5º del art. 97 Nº 4 del C.T. Evidencia de
aquello es que la modalidad no es propuesta por nuestro representado, sino que
ideado y exigido por el imputado Bravo, quien idea y exige esta forma de
realización a nuestro representado y determina las sociedades a las cuales hay
que emitir las boletas".
Respecto a los delitos tributarios: "A mí representado
se le imputa solamente un delito de obtención fraudulenta de devoluciones, que
es el correspondiente al periodo 2013 (año comercial 2012), por un monto de
$1.296.053.-, me permito nuevamente su señoría Iltma. atraer su atención al
monto antes señalado. No nos encontramos aquí frente a una suma de enorme
entidad y ese monto, así como el hecho que corresponda solo a un período
tributario tiene relevancia, como se explicará más adelante".
Además, en cuanto a las atenuantes, los abogados indican que
Wagner tiene una "irreprochable concucta anterior" y hubbo
"colaboración sustancial en la investigación".
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